La debilidad estatal en el campo también ha repercutido en el recaudo, lo que, según expertos, se traduce en mayores dificultades para proveer bienes y servicios públicos.

En Colombia no hay información suficiente para hacer un recaudo efectivo de impuestos, sobre todo en las zonas rurales. Esa fue una de las conclusiones del encuentro “Tierra y paz territorial”, organizado por el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, este miércoles en la Universidad del Rosario y que termina este jueves en la Universidad Nacional. (Lea: En el corazón de las zidres)

Se trata de rezagos particularmente sensibles para el campo, en donde sólo el 42% de las viviendas ocupadas tienen acueducto y 6%, alcantarillado, entre otras deficiencias de las que dio cuenta el Censo Nacional Agropecuario. Son carencias que se podrían ayudar a satisfacer con los recursos públicos que hoy no se recaudan porque no hay un catastro adecuado, con base en el cual se avalúa y se cobra el impuesto predial. (Lea: Los retos del acuerdo sobre tierras)

El 28% del territorio colombiano no tiene formación catastral y el 63,9 % de lo que ya está formado, unos 722 municipios, tiene catastros desactualizados, de acuerdo con el Conpes 3859 de 2016. El documento pretende cambiar el curso y llevar a cabo el catastro rural multipropósito, el cual se planteó con un costo de $2,6 billones desde este año a 2023.

Según un estudio que presentó Rocío Peña, investigadora del Observatorio, en los primeros diez años de descentralización administrativa y fiscal los ingresos tributarios de los entes territoriales fueron menores a los que llegaron por transferencias de la nación: “en 1990 éstas representaban el 40 % de los ingresos de los municipios y 55% para los departamentos, mientras que en 1999 el porcentaje creció a 44 y 65 %, respectivamente”. En los 2000, el recaudo urbano del predial pasó de ser el 0,2% al 0,4% del PIB, pero el rural no creció mucho ni se acercó siquiera al 0,1 % del PIB.

“Es necesario dotar al Estado subnacional de dinero para dar salud, educación, hacer carreteras y vías terciarias, que son fundamentales para el desarrollo del agro. Los tributos son básicos si queremos que haya paz territorial”, expresó Peña, abogada tributarista. “El dinero está en la tierra”, dijo al referirse a que la actualización es necesaria para que los grandes y ricos tenedores de tierra del país tributen lo justo.

Ángela Penagos, directora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural-Rimisp en Colombia, coincidió en que el impuesto predial ha sido difícil de recaudar en el campo por la desactualización del catastro. Resaltó, sin embargo, implicaciones más amplias que tendría ponerse al día con la tarea: “Se entendió que el catastro es una herramienta para ordenar la propiedad, incluso la pública”.

Se refiere a que la nación no sabe cuántos predios tiene. “Al saber cuántos baldíos hay se podrá hacer una mejor política de tierras”. Así, según Penagos, el beneficio del catastro multipropósito trasciende lo fiscal. “Por ejemplo, cuando se va a hacer una carretera de 4G, buena parte de los predios (por los que pasa) no tienen resuelta la parte catastral, y eso retrasa el desarrollo”, agregó.

El Gobierno ha anunciado que la actualización del catastro va ligada a otras políticas dirigidas al sector rural. Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, afirmó que “el plan de formalización más ambicioso en la historia de Colombia” va de la mano con la realización del catastro multipropósito, para que luego entren los instrumentos de las también recién creadas Agencia de Desarrollo Rural y Agencia de Renovación del Territorio.

La falta de bienes y servicios públicos en el campo ha sido una de las realidades por resolver en las que han insistido comisiones e investigadores como los de la Misión para la Transformación del Campo y el Observatorio. Según Francisco Gutiérrez, su director, son falencias que prevalecen incluso después de acciones del Estado como la restitución de tierras.

De acuerdo con la Misión para la Transformación del Campo, el grupo de expertos que entregó recomendaciones de política pública para el sector rural al presidente Juan Manuel Santos en diciembre pasado, a 2030 se necesitan $13 billones para invertir anualmente, es decir, cerca de 1,2 % del PIB, para poner el campo “al día” y saldar deudas históricas.

Un eventual posconflicto tendría que vérselas, entonces, con desafíos fiscales como el del recaudo del predial, sobre lo cual, por lo demás, la reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República no dice nada. En lo que se podría afirmar que hay consenso es en que los recursos que demanda el desarrollo rural y, si se quiere, la paz, urgen y no son de poca monta.