Dentro de las principales medidas, se redujo a casi una séptima parte los tiempos para que las empresas lleguen a un acuerdo sobre sus deudas, se facilitan las ventas de bienes para pagar pasivos, dan exenciones tributarias y suspenden algunas normas para mejorar el flujo de caja.

Bogotá. El número de empresas que se acogerían a la ley de insolvencia en Colombia se podría duplicar en los próximos meses, por el impacto sobre sus finanzas de una fuerte caída de la actividad económica como efecto del coronavirus, dijo el jefe del máximo regulador estatal de las compañías en el país.

La semana pasada, la Superintendencia de Sociedades modificó el régimen de insolvencia, un instrumento legal que permite a los deudores en dificultades renegociar sus obligaciones con sus acreedores para continuar operando y evitar su quiebra.

Dentro de las principales medidas, el regulador redujo a casi una séptima parte los tiempos para que las empresas lleguen a un acuerdo sobre sus deudas, facilitará las ventas de bienes para pagar pasivos, dará exenciones tributarias y suspenderá algunas normas, en busca de mejorar el flujo de caja de las firmas, para evitar una masacre laboral.

"Esto es una simbiosis, una unión substancial indivisible en donde para poder conservar el empleo necesitamos conservar la empresa", dijo el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, en una entrevista telefónica con Reuters el fin de semana.

El directivo reveló que en un escenario en el que la economía colombiana sufra una contracción de 1,9% este año, unas 2.676 empresas se enfrentan el riesgo de entrar en insolvencia, con lo que casi que se duplicaría el número actual de compañías que se encuentran en ese proceso hasta unas 5.376.

El número esperado superaría en más del doble las 1.272 solicitudes que se recibieron en 2019.

"Es un bache en el camino, donde lo que tenemos que hacer es sondear, arreglar la falta de caja y de ingresos por los próximos dos o tres meses, más la recuperación lenta de los niveles normales de ingresos y eso tendrá un costo para cada empresa y para toda la economía", advirtió.

Liévano dijo que según cifras con corte al cierre del año pasado la superintendencia gestiona 2.700 procesos de reestructuración de empresas por insolvencia en el país, con activos aproximados por un total de 49 billones de pesos (US$12.333 millones) y una nómina de 120.930 empleos.

"Se anticipa un aumento significativo en las solicitudes de reorganización con ocasión de la crisis económica derivada del Coronavirus COVID-19 y, en consecuencia, es necesario aligerar la carga", agregó Liévano.

El funcionario precisó que la modificación de la ley de insolvencia también cobijará a los acuerdos de reorganización que están en ejecución actualmente para que las empresas continúen funcionando.

El presidente Iván Duque decretó un estado de emergencia para adoptar medidas como una cuarentena de más de un mes que finalizará el 27 de abril y además para enfrentar las necesidades económicas y sociales, para lo cual ha anunciado miles de millones de dólares en ayudas y garantías de créditos para el sector productivo.

Pero los empresarios han expresado su preocupación por que las ayudas están fluyendo muy lento y piden que se profundicen y concreten los anuncios.

Según una encuesta de la Confederación de Cámaras de Comercio (Confecámaras), entre las principales preocupaciones de las empresas para los próximos meses están la disminución en las ventas, el pago de nóminas, el desempleo, el aumento en los casos de contagio del COVID-19, el incumplimiento de pagos de los clientes, el aprovisionamiento y un aumento de impuestos.

Liévano resaltó que las medidas del Gobierno están encaminadas a mantener la actividad de las empresas y confió en que las medidas serán suficientes para paliar la crisis.

"Esto no es un terremoto, los edificios no se cayeron, las fábricas no están destruidas, es un tema simplemente de que no podemos salir a trabajar, todos los activos están ahí", opinó. "Esto es un mal chiste, nadie se lo esperaba".