Mientras países como Bolivia, Brasil, Chile y Perú aumentaron impuestos para incrementar la renta minera a favor del Estado, en la última década el país se limitó a ampliar los beneficios para las grandes compañías.

Esta semana Claudia Jiménez, directora ejecutiva de la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala, advirtió que las altas cargas tributarias para las mineras estaban convirtiendo a Colombia en un lugar poco atractivo para los inversionistas. Una advertencia preocupante, según el gremio, debido a que otros países de la vecindad estarían ofreciendo ‘mayores beneficios’ a los inversionistas. Su declaraciones son claves justo cuando en el Congreso se debaten dos proyectos: el primero para reformar el Estatuto Tributario y el segundo, para aumentar las regalías a cargo de las mineras, entre otras medidas.

Sin embargo, una reciente investigación adelantada por el abogado Álvaro Pardo, director de Colombia Punto Medio -organización que reune diferentes expertos en minería- demuestra que, contrario a las advertencias de Jiménez, Colombia es el mejor lugar en la región, si de impuestos se trata, para cualquier minera.

¿En qué se basó para llegar a esta conclusión? Después de analizar la renta minera (regalías más impuestos) en Chile, Bolivia, Perú, Argentina y Ecuador, Pardo encontró varios indicadores que demuestran que, a diferencia de los demás países, Colombia ha hecho pocos esfuerzos por obtener mayores ingresos de la extracción de sus recursos y por el contrario se ha limitado a aprobar beneficios para las compañías.

Según la investigación, todos los países coinciden en haber implementado generosos incentivos para atraer a las empresas mineras, como ofrecer contratos de estabilidad jurídica y la deducción de todo tipo de gastos. Además, el porcentaje que cobran por regalías está dentro de un rango similar. Sin embargo, frente al auge minero y al incremento de precios, muchos empezaron a tomar medidas para incrementar la renta minera en favor del Estado.

Según el estudio, además de las regalías, Chile, Perú y Bolivia aprobaron impuestos específicos para que los gobiernos pudiesen captar parte de las ganancia extraordinarias de las compañías. Entre tanto, “el gobierno colombiano no tomó ninguna decisión orientada a capturar parte de esas ganancias, que quedaron en manos de multinacionales”. Para tener una idea del asunto, Bolivia cobra hoy un 25% sobre las utilidades de las empresas y en Chile la cifra es de hasta el 14%.

Pero estas no fueron las únicas estrategias de la región a las que no se sumó Colombia: Ecuador y Venezuela buscaron participar mayoritariamente en los nuevos proyectos mineros, mediante alianzas entre compañías privadas y estatales, y en países como Brasil o Perú es obligatorio el aporte social de las empresas. En el primero el aporte debe ser del 9% sobre beneficios netos, y en el segundo, las empresas distribuyen el 8% de las utilidades entre sus trabajadores. Aquí, en cambio, son las mismas mineras las que deciden cuánto destinan para sus aportes sociales.

Lejos del camino asumido por los vecinos, en el país se tomaron otras decisiones, como señala la investigación: se eliminó desde 2007 el impuesto por remesa de utilidades al exterior, se subsidió el combustible de grandes empresas desde 2005 a 2010. Sumado a esto, el Gobierno permitió la deducción del IVA a las importaciones y de las donaciones a sus propias fundaciones, en las que las empresas adelantan sus programas de responsabilidad social empresarial, entre otras.

De acuerdo con Álvaro Pardo, además de que en Colombia las compañías gozan de estabilidad jurídica y de privilegios que no tienen en otros países, “manipulan los precios de venta de las materias primas para reducir los pagos por concepto de impuesto de renta y regalías”. Desde 2005 y hasta 2011 se recaudaron regalías por $40,5 billones en el país, de los cuales el 33%, es decir, $13,3 billones, fueron deducidos por las compañías petroleras y mineras de sus impuestos de renta.

Precisamente ese es otro de los problemas sobre los cuales llama la atención el informe: el poco control del Estado frente a las cifras reportadas por las propias mineras y sobre las cuales se les hace el cobro por regalías. Hace algunos meses, el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, reconoció que era necesario adelantar una discusión técnica acerca del cobro de regalías, específicamente relacionadas con extracción de oro, pero advirtiendo que el país no podía arriesgarse con medidas que terminen ahuyentando los inversionistas. El Espectador intentó hablar al respecto con el ministro, pero no tuvo ninguna respuesta.

En junio el Gobierno adelantó una reforma a las regalías enfocada a mejorar su distribución y así “repartir mejor la mermelada”. Pero, de acuerdo con los hallazgos de Pardo, el mal manejo que se les ha dado en el país a las regalías recaudadas es apenas una de las aristas de un sistema en el que está perdiendo es el Estado.