Esta práctica perjudicó a pequeños competidores que no formaban parte de un gran grupo de empresas multinacionales, agregó la autoridad.

La Comisión Europea calificó este lunes de ilegales las ventajas fiscales que Bélgica otorgó a empresas multinacionales e instó al país a que reclame a 35 empresas, que no fueron identificadas, el pago de un total de 700 millones de euros. “Bélgica concedió a determinadas empresas multinacionales importantes ventajas fiscales que violan la legislación de ayudas estatales de la Unión Europea (UE)”, afirmó la comisaria de Competencia del bloque, Margrethe Vestager.

Esta práctica perjudicó a pequeños competidores que no formaban parte de un gran grupo de empresas multinacionales, agregó la autoridad, lo que distorsiona la competencia. La Comisión Europea no dio nombres de las empresas que se beneficiaron de la práctica, pero apuntó que la mayor parte son firmas “de la Unión Europea”. Corresponde a las autoridades belgas determinar qué empresas se beneficiaron de este sistema.

La investigación sobre este caso comenzó en febrero y se centra en una ley que permite a las corporaciones reducir sus obligaciones fiscales mediante la deducción de beneficios extraordinarios -devengados de su pertenencia a grupos multinacionales- de sus beneficios sujetos a impuestos. Se trata, hasta ahora, del mayor golpe de la CE contra los acuerdos de protección de beneficios empleados por muchas multinacionales.

“Limitar el impacto”. En el marco de las investigaciones, la Comisión descubrió que ni las empresas belgas ni las compañías individuales podían beneficiarse del sistema, instaurado en 2005. Bélgica dejó de incluir compañías en esta práctica cuando comenzaron las investigaciones, pero según la Comisión, las empresas que ya se estaban beneficiando del sistema siguieron haciéndolo.

Esta investigación se une a las que está llevando a cabo la UE en varios países del bloque por supuestos beneficios fiscales a empresas multinacionales y se enmarcan en la lucha global contra la evasión de impuestos. Las políticas fiscales son normalmente una competencia nacional en los 28 países de la UE. Sin embargo, la Comisión intervino en casos en los que los países crearon regímenes fiscales susceptibles de ser considerados ayudas estatales, algo que sí regula el Ejecutivo de la UE.

El Gobierno belga, por su parte, no descartó recurrir la decisión de la Comisión Europea. El ministro belga de Finanzas, Johan Van Overtveldt, indicó en un comunicado que hará todo lo posible para “limitar al máximo el impacto” de esta decisión “en aras a la seguridad jurídica y nuestro tejido económico”.