No se le conoció un plan económico durante el tiempo de transición para impulsar la producción o sus objetivos en esta materia.

El período presidencial de Jimmy Morales (2016-2020), quien asumirá esta semana, enfrentará desafíos y retos, pero también la oportunidad de impulsar un programa económico orientado al bienestar de la mayoría de la población.

A pesar de que no se le conoció un plan económico durante el tiempo de transición para impulsar la producción o sus objetivos en esta materia, Morales asumirá la silla presidencial con algunas variables económicas positivas, por lo menos para el primer año de su administración.

La lectura de los indicadores a corto plazo —que tienen como objetivo medir el desarrollo de la economía—, se muestran efectivos e invariables con respecto a los últimos cinco años.

La tasa de crecimiento de la economía guatemalteca se pronostica en el rango de 3.2% a 4%, sin embargo, es baja para reducir la brecha de la pobreza en el país.

En el 2015, el crecimiento del PIB fue de 4.1%, considerado como bueno respecto de otros países.

El avance de la producción guatemalteca prevista para el 2016 dependerá, en su mayor parte, de la expansión de la economía de Estados Unidos, principal socio comercial.

Para este año se prevé una tasa de crecimiento positiva para la economía estadounidense de 2.6%, levemente superior al 2.5% del 2015.

Para la economía mundial, se proyecta una tasa de crecimiento de 3.6%.

Para Centroamérica, el pronóstico es de 3.6%, mayor al 3.3% del año pasado. Estos escenarios favorecen a Morales.

Precios. En el contexto externo, los precios internacionales de las materias primas que Guatemala exporta a los mercados globales, como azúcar y café, podrían contraerse, por la tendencia a la baja del 2015.

El análisis refiere que las variables dependerán de factores de mercado, es decir, de la oferta y demanda de los consumidores de estas mercancías en otros países, así como del comportamiento climático.

También se avizora una tendencia a la estabilidad del precio internacional de barril de petróleo, que durante el 2015 alcanzó un precio promedio de US$53, lo que influyó en la disminución de derivados como gasolina, diésel y gas licuado de consumo doméstico.

Esa situación generó un ahorro para los agentes económicos, recursos que se destinaron al consumo de otros bienes o la expansión del patrimonio en capital, que dinamizaron la producción.

Aunque no hay una trayectoria certera de los precios del crudo a escala internacional, los factores geopolíticos los harán mantener volatilidad.

Con respecto a otras materias primas, como maíz y trigo, se visualiza una tendencia de precios estable, que responde a la cotización del petróleo.

Estos factores podrían provocar que la inflación —índice generalizado de precios en la economía— se mantenga bajo control.

El pronóstico es que la inflación se ubique en el punto núcleo de 3,50%.

A pesar de una tendencia a la baja de precios en el 2015, los consumidores no percibieron ese traslado en la economía familiar y hubo un encarecimiento del costo de la canasta básica familiar.

Sombras. Morales enfrentará grandes desafíos para reestructurar la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), órgano recaudador que quedó debilitado luego que se descubrió una red que defraudó al fisco y que era manejada por exfuncionarios del gobierno anterior.

Además, el próximo gobierno debe implementar controles en la recaudación de impuestos para cerrar la evasión y elusión de tributos.

El administrador tributario afrontó un desorden administrativo a partir de abril del 2015, y solo de manera paulatina está recuperando sus tareas de ejecución fiscal.

En el período del 2012 al 2015, la SAT no alcanzó las metas de recaudación previstas en el presupuesto estatal, lo que provocó una política de contención del gasto público, que se tradujo en una carencia de atención y servicios del Estado a los ciudadanos.

Los sistemas hospitalario y de seguridad pública reflejaron grandes carencias debido a esta falta de recursos.

Además, deberá implementar un mecanismo de transparencia en la calidad del gasto público y de combate a la corrupción, una de las exigencias de las manifestaciones pacíficas del año pasado.

El futuro gobernante deberá implantar mecanismos para reducir la brecha de pobreza y extrema pobreza que se incrementó en los últimos 10 años, así como mitigar la desigualdad, en un país donde un 20% de la población concentra el 75% de la riqueza nacional.