Este lunes los empresarios, sindicatos y el Gobierno se sentarán a negociar para definir el incremento salarial en 2016.

La puja en torno a la actualización del salario mínimo comenzará una vez más. Este lunes empresarios, representantes de las centrales obreras y el Gobierno se sentarán a negociar el incremento salarial para 2016. Discusiones que se harán con el precedente de que hace un año no se logró un acuerdo y que en este encuentro la situación económica del país ha empeorado. Además, la incertidumbre sobre el futuro del país en el próximo año podría generar complicaciones adicionales, y cada parte tiene algo que alegar y con qué defenderse.

Uno de los puntos calientes será la inflación. El incremento del salario mínimo de 4,6% que el Gobierno decretó hace un año se quedó corto en septiembre pasado, cuando el Índice de Precios al Consumidor acumuló un aumento de 4,76%. Es por eso que se espera que los representantes de las centrales obreras busquen recuperar la pérdida de poder adquisitivo que los trabajadores experimentaron durante este año, al pedir un incremento salarial superior al de la inflación observada que, según estimaciones del Banco de la República, cerraría cercana al 6%.

De hecho, las centrales obreras ya anunciaron su propuesta de incremento salarial. La Confederación General del Trabajo (CGT) propone que el salario mínimo debería aumentar entre 9 y 10%, y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) busca un alza del 12%.

Camila Pérez, directora de Análisis Macroeconómico y Sectorial de Fedesarrollo, explica que “si bien es cierto que este año los trabajadores experimentaron una reducción en sus ingresos reales, este efecto debería ser compensado el próximo año. Por mandato constitucional el salario tiene que subir por encima de la inflación observada, que se estima que ronde por el 6%, pero dado a que en 2016 este indicador rondaría por el 4,2%, el ajuste de este año aun sin concertación debería corregir los problemas de poder adquisitivo”.

Aunque el problema de la pérdida de poder adquisitivo sea corregido, sin importar el resultado de las negociaciones, la pregunta de cuánto deberá subir el salario por encima de la inflación observada sigue vigente. Aún si el incremento salarial es de 6,1 o de 8%, los empresarios siempre salen con el argumento de que estas medidas generan desempleo.

El argumento de los empresarios ya es un cliché en las negociaciones del salario mínimo, pero este año podría tener un peso adicional. Según el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en octubre la tasa de desocupación subió 0,3% y se situó en 8,2%, siendo el tercer mes consecutivo en que este indicador subió durante 2015. Un comportamiento que “ya representa una tendencia al alza”, dijo el viceministro de Empleo y Pensiones, Luis Ernesto Gómez Londoño, por medio de El Espectador, el pasado martes.

Por otro lado, “no se puede olvidar que un eventual incremento salarial muy por encima del 6% también podría generar inflación, debido al aumento del consumo. Lo que podría tornar aún más agresiva la política de incremento de tasas de interés por parte del Banco de la República. Y ni a los empresarios ni a los trabajadores les conviene que los intereses suban demasiado”, advirtió Pérez.

El fantasma de los impuestos estuvo en la negociación del año pasado y estará en este encuentro de la mesa de concertación. El Gobierno ya anunció que la reforma tributaria estructural será radicada en marzo de 2016. Y aunque por el momento el Ministerio de Hacienda ha mencionado que no considera que haya espacio para gravar más a las empresas, existen otros cambios que podrían inquietar a ambas partes. Uno de ellos es la propuesta de elevar el IVA a 18%, un impuesto que afectaría el bolsillo de los trabajadores y que sirve como un desincentivo al comercio. De manera que este sería un punto por el cual tanto empresarios como representantes de las centrales obreras podrían pujar.

La pregunta que queda es si hay posibilidad de que esta vez la mesa de concertación llegue a un acuerdo. Para el observatorio laboral de la Universidad del Rosario, “es previsible que no se llegue a un salario mínimo concertado y que el Gobierno tenga que decretar el incremento salarial con respecto a las estimaciones del Banco de la República y su meta de inflación. Sin embargo, es crucial mantener el poder adquisitivo de los trabajadores ajustando los salarios con respecto a un IPC que garantice el carácter vital del ingreso, previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, la capacidad de consumo y el acceso al conjunto de bienes y servicios básicos”.

Por su parte, Stefano Farné, director del observatorio del mercado laboral de la Universidad Externado, afirmó que “la negociación del salarió mínimo en Colombia siempre tiene pocas probabilidades de ser concertado, y dado que este año tiene dificultades adicionales, por el deterioro de la situación económica del país, hay pocas esperanzas de un acuerdo entre empresarios y sindicatos. Además, hay que considerar que en la mesa se discutirán varios proyectos de ley que están pendientes por debatir en el Senado. Entre ellos el cambio en las licencias de maternidad, la reforma al fuero de discapacidad, y las horas extras”.