El pasado 15 de febrero, el gobierno argentino oficializó el primero de los cuatro aumentos de pensiones, estipulado en un 5,71%, mediante un nuevo cálculo que para la oposición representa un "recorte" a los ingresos de los beneficiarios.
Buenos Aires. Entre bombos y numerosas consignas, cientos de jubilados y pensionados se congregaron este martes en las afueras del Congreso de Argentina para entregar más de un millón de firmas en rechazo a la conocida "reforma previsional" que estableció modificaciones al sistema de pensiones de este país.
Con pequeñas cajas contentivas de rúbricas por cada provincia argentina, los manifestantes, en su mayoría de la tercera edad, marcharon unos 200 metros hasta la sede del Legislativo, donde fueron recibidos por el diputado nacional opositor, Agustín Rossi.
Los jubilados y pensionados consultados por Xinhua alegaron que con la iniciativa se busca la derogación de la Ley 27.426, que comenzó a reglamentarse desde febrero pasado, ya que, sostienen, representa un "agravio" a los "derechos de los ancianos y beneficiarios del sistema".
"Es necesario que no se aplique ninguna ley que vaya en contra del pueblo, y esta ley atenta contra un derecho constitucional como lo es la ancianidad", expresó Juan Carlos Pato, uno de los manifestantes.
La reforma, anunciada en diciembre de 2017, además de los jubilados y pensionados, alcanza a beneficiarios de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), además de a los ex combatientes de la Guerra de las Malvinas.
El pasado 15 de febrero, el gobierno argentino oficializó el primero de los cuatro aumentos de pensiones, estipulado en un 5,71%, mediante un nuevo cálculo que para la oposición representa un "recorte" a los ingresos de los beneficiarios.
El nuevo cálculo toma en cuenta el 70% de la inflación y el 30% de la evolución de un índice de salario llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores (Ripte).
"Con la reforma, el Estado dejará de pagar haberes por más de 100.000 millones de pesos al año", cerca de US$4.000 millones, expresó Martina Ramírez, una manifestante.
"Me parece bien que el gobierno busque resarcir el déficit fiscal pero creo que las pensiones y las jubilaciones son intocables", agregó Ramírez.
Por su parte, Mateo Mendoza aseguró que la reducción del ingreso constará de al menos un 11%, una cifra que "dista mucho de colocar las pensiones al ritmo de la inflación".
Los participantes rechazaron otros puntos de la reforma como la opción de los trabajadores de elevar la edad jubilatoria a 70 años.
