El texto original propuesto por el gobierno al Parlamento decía que estados productores de petróleo, como Río de Janeiro y Espíritu Santo, tendrían mayores beneficios en el reparto de regalías.

Brasilia, EFE. El congreso brasileño anuló el veto decidido por la presidenta Dilma Rousseff a un artículo de una nueva ley de regalías petroleras, con lo que los recursos recaudados por ese concepto se distribuirán ahora entre los 27 estados del país.

El texto original propuesto por el gobierno al Parlamento decía que estados productores de petróleo, como Río de Janeiro y Espíritu Santo, tendrían mayores beneficios en el reparto de regalías, lo cual fue luego modificado por las cámaras, que establecieron una distribución equitativa entre todas las regiones del país.

Rousseff rechazó en noviembre pasado esa decisión, recogida en el artículo 3 de la nueva ley, pero una decisión adoptada este viernes, tras fuertes polémicas el Congreso, anuló el veto presidencial y restituyó el texto aprobado por las cámaras.

Con esta nueva decisión, que ahora tiene carácter definitivo, las regalías petroleras serán distribuidas en forma equitativa entre los 27 estados del país, sean o no productores de petróleo.

Al mismo tiempo, el Congreso anuló otra decisión de la jefa de Estado, mediante la cual se obligaba a los estados a destinar los recursos obtenidos por las regalías petroleras al área de educación.

Según la Constitución brasileña, en caso de que el jefe de Estado vete alguna decisión adoptada por el Congreso, la materia regresa al Legislativo, que tiene la última palabra sobre el asunto.

La propia Rousseff lamentó de antemano este miércoles lo que para para muchos era ya una "decisión tomada" por el Parlamento.

"Vivimos en democracia. Lo que el Congreso decida está decidido", declaró Rousseff, quien aunque adelantó que "lamentaría mucho" que su veto fuese anulado, apuntó que, como presidenta, puede "no gustar de alguna ley, pero siempre tendrá el deber de hacer que se cumpla".

La anulación del veto afecta en particular a los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo, en cuyas cuencas marítimas reposa el 80 por ciento de las reservas probadas de crudo del país, concentradas en el llamado "presal", situado en el fondo del océano Atlántico.

Las autoridades de Río de Janeiro han denunciado la posición del Congreso como una "violación de la Constitución" y de contratos firmados con anterioridad y anunciado su disposición a acudir ante el Tribunal Supremo para intentar que se revierta la decisión.

Según el Gobierno regional de Río de Janeiro, la nueva ley le causará a ese estado la pérdida de 3.400 millones de reales anuales (unos US$1.600 millones) a partir de este mismo año.