La meta de déficit fiscal primario del Gobierno central de 139.000 millones de reales (US$43.070 millones) es menor al objetivo de una brecha de 170.400 millones de reales (US$53.127 millones) fijado para el 2016, pero aún está a una enorme distancia de los amplios superávits de Brasil de la década pasada.
Brasilia. El Congreso de Brasil aprobó el miércoles una ley que establece nuevos objetivos presupuestarios y un ambicioso déficit fiscal para el 2017, en una victoria para el Gobierno interino que busca equilibrar gradualmente las cuentas públicas.
La meta de déficit fiscal primario del Gobierno central de 139.000 millones de reales (US$43.070 millones) es menor al objetivo de una brecha de 170.400 millones de reales (US$53.127 millones) fijado para el 2016, pero aún está a una enorme distancia de los amplios superávits de Brasil de la década pasada.
La iniciativa legal aprobada a primera hora del miércoles es un anteproyecto de la ley de presupuesto nacional que será ingresada a fines de agosto.
El nuevo presupuesto restringe el aumento de los gastos públicos a la tasa de inflación del 2016 y adopta un límite que el Gobierno también ha propuesto para el Congreso a fin de reducir la enorme carga de deuda del país y demostrar su compromiso con la austeridad.
El presidente interino Michel Temer, que reemplaza a la mandataria suspendida Dilma Rousseff mientras afronta un juicio político en el Senado, ha prometido reducir la brecha fiscal que podría alcanzar nuevamente el 10% del PIB este año.
Hace tres años, el déficit general se ubicaba en casi 3% del PIB, lo que refleja el veloz deterioro de las cuentas públicas que ha costado a Brasil su preciada calificación de grado de inversión.
Pero a pesar de las promesas, muchos analistas del mercado financiero creen que Temer y su equipo económico - liderado por el ex gobernador del Banco Central Henrique Meirelles - se están tardando demasiado para cerrar el enorme déficit fiscal.
Meirelles ha dicho que el Gobierno está dispuesto a elevar los impuestos si el Congreso no aprueba reformas estructurales que permitan reducir el nivel de gastos y evitar una crisis fiscal a gran escala.
El Gobierno brasileño también se está preparando para reformar al sistema de pensiones, uno de los más generosos del mundo, al establecer una edad mínima de jubilación y recortar ciertos beneficios.
