De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) -máxima cúpula de los empresarios de México-, el sector privado de ese país no puede quedarse con los brazos cruzados frente al crecimiento inercial que se registró durante 2016.

La iniciativa privada impulsará una agenda de prioridades económicas desde los primeros días de enero con el objetivo de detonar el crecimiento anual del país, indicó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cual agrupa a las organizaciones de la iniciativa privada más importantes del país.

De acuerdo con el líder de los empresarios, el sector privado mexicano no puede quedarse con los brazos cruzados frente al crecimiento inercial que se registró durante 2016. “El año pasado cerrará con un ascenso de 2,4% y cerca de 700 mil nuevos empleos formales pese a contar con un terreno preparado para poder crecer a tasas mayores”.

Los retos. El dirigente de la máxima cúpula empresarial de México consideró que los mayores retos que enfrentará el gobierno durante 2017, que apenas está iniciando, para conseguir un  desempeño económico superior al registrado el año pasado serán “cosechar las oportunidades que se sembraron” con la aprobación de las reformas estructurales, defender los intereses del país en el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y garantizar un clima de seguridad, las cuales son demandas que formarán parte del plan de trabajo que será promovido por los líderes de las principales cúpulas privadas del país.

1. Ejercicio puntual del gasto. Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), indicó que durante este año se tendrá el presupuesto conformado por cuatro billones 889 mil 892 millones de pesos, por lo que un ejercicio “eficiente y sin retrasos” impactará de manera directa en el desempeño económico.

“En materia del gasto público, lo que demandamos es evitar los subejercicios y que los recursos federales sean liberados a los estados y municipios, pero siempre cuidando que los recursos se ejerzan con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno y  privilegiando el gasto en inversión y en adquisiciones del sector público”.  El dirigente pondrá sobre la mesa la conveniencia de destinar 35% de las compras y obras públicas a favor de las empresas de menor tamaño, a fin de convertir la “reserva de mercado en una auténtica promotora del desarrollo de las empresas elaboradoras de productos de calidad”.

2. Negociación de un acuerdo comercial ganador. El sector privado entregará a las autoridades un proyecto de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que garantice una relación “ganar-ganar”.  El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, indicó que las líneas transversales del documento son el fomento de la inversión en el sector energético y de telecomunicaciones, la incorporación de oportunidades de negocio en infraestructura y alimentos, el mejoramiento de la protección de sectores sensibles y el otorgamiento de incentivos para la incorporación de un mayor número de pequeñas empresas en las cadenas de valor.  “La modernización del TLCAN debe ser una oportunidad para la defensa del empleo y la generación de mayor inversión en las tres naciones”.  Apuntó que se pueden incorporar mecanismos que faciliten la comercialización de insumos para profundizar la integración en sectores clave como el automotriz y el aeroespacial.

3. Implementación a mayor velocidad de la Reforma Energética. Para conseguir un mejor desempeño económico, los líderes empresariales propondrán crear la Comisión de Seguimiento para la Implementación de la Reforma Energética, donde participen gobierno, empresas productivas del Estado, reguladores y sector privado con el objetivo de que no registre retrasos.

El objetivo es impulsar el desarrollo regional ligado a acuerdos macro de política industrial y al aprovechamiento de las reformas a través de oportunidades como la conformación de consorcios y clusters ligados al sector hidrocarburos.

La meta final es que la mayor cantidad de empresas mexicanas de micro, pequeño y mediano tamaño puedan beneficiarse de la Reforma Energética.

4. Fortalecimiento del Estado de derecho. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que la viabilidad económica del país en el largo plazo depende del fortalecimiento del Estado de derecho.

“Mientras haya un solo rincón en el país donde los trabajadores tengan miedo de caminar a sus trabajos y los empresarios frenen sus inversiones para evitar ser víctimas de la delincuencia, será imposible consolidar el nuevo modelo económico”. Por esta razón se pronunció por la aprobación de la iniciativa del Mando Mixto Policial, que fue presentada por el Ejecutivo el
2 de diciembre de 2012, y aprobada por el Senado el 17 de junio de 2016, pero que sigue su proceso de dictaminación en las Comisiones Constitucionales y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Explicó que con esta iniciativa se busca establecer reglas claras a los gobernadores y presidentes municipales, que son los responsables de garantizar la seguridad.

5. Implementación efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró urgente superar desafíos como la corrupción y la impunidad. “Hay mucho aún por hacer en la implementación efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción. No podemos permitir que decaiga su impulso, la presión ciudadana para el cambio en este frente. Sólo así el Sistema será un parteaguas en la construcción de un régimen pleno de Estado de derecho democrático en México; punta de lanza para renovar a fondo la vida pública nacional”. Dijo que se necesita la aplicación de la ley en todos los niveles de gobierno, sin errores, retrasos y omisiones que contribuyan a facilitar la impunidad y acrecentar la indignación ciudadana ante casos tan graves como los de diversos estados que, por una fallida gestión administrativa y presuntos actos de corrupción, quedan sin recursos para cubrir las más elementales necesidades.