La participación de la industria en la Comisión de la Verdad, el aumento de la protesta ciudadana y la apertura de nuevos mercados son algunas de las consecuencias de la firma de los acuerdos de paz.
En junio de 1964, cuando el gobierno de Guillermo León Valencia bombardeó la república independiente de Marquetalia, nació la guerrilla de las Farc. Hoy, 52 años y 200.000 muertos después, se firmará el punto final de la confrontación armada más larga de Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de la magnitud del proceso de negociación con la guerrilla y de la importancia histórica de este evento para el futuro y el destino del país, el diálogo empresarial sobre la inserción del sector privado en el posconflicto, organizado por la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), demostró que respecto a este tema aún reinan la desinformación y la incertidumbre.
Sergio Guzmán, analista de Control Risk, aseguró que, si bien la mayor parte del sector empresarial colombiano ha manifestado su apoyo al acuerdo de paz, las compañías todavía no tienen una estrategia puntual sobre las acciones que deben ejecutar para aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecerá el posconflicto, ni cuentan con un plan especial para reducir y mitigar los riesgos propios del proceso de paz. Para Guzmán, uno de los beneficios más significativos del fin del conflicto con la guerrilla de las Farc será la posibilidad de abrir mercados distintos y explorar nuevos territorios.
Señala que es un deber moral de todas las empresas con grandes cantidades de tierra hacer un riguroso rastreo de la situación de sus propiedades para esclarecer que no hayan tenido nada que ver con la guerra. “Sería gravísimo descubrir que la finca donde ahora funciona una empresa fue antes escenario de desplazamiento forzado o esconde alguna fosa común”. Sugiere también que las empresas que hayan tenido alguna relación directa o indirecta con el conflicto deben investigar y aclarar las circunstancias desde ahora para poder participar con tranquilidad en la Comisión de la Verdad.
Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, hizo énfasis en el deber del empresariado colombiano de asumir el rol que le corresponde en esta nueva etapa y reiteró el compromiso de su país con la paz de Colombia. En medio de una oleada de preguntas incómodas sobre glifosato, Trump y Plan Colombia, Whitaker reconoció la importancia y el valor agregado que tienen las empresas en la generación de empleo, en la inclusión de los pequeños y medianos agricultores, y, sobre todo, en la reconstrucción del tejido social. El embajador reveló que con una inversión de US$2 millones al año, la Embajada de Estados Unidos ha impulsado a tres bancos colombianos a desembolsar US$120 millones en préstamos en 200 municipios rurales afectados por el conflicto armado.
Por eso, es preciso cambiar la indiferencia y la duda por la participación, aseguró Camilo Reyes, director ejecutivo de Amcham. “El posconflicto abre nuevos territorios para la inversión y los negocios, y genera circunstancias distintas y más seguras. Este escenario amerita que las compañías trabajen en estrategias para potenciar sus negocios y las invita a implementar nuevos programas de responsabilidad social empresarial, que establezcan más y mejores vínculos con las comunidades, lo que a su vez les permite conocer mejor el entorno en el cual van a trabajar y, por lo tanto, desempeñarse más eficientemente”.
María Fernanda Arocha, investigadora del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), explicó que la reducción de acciones violentas por parte de las Farc contra civiles, producto del cese el fuego unilateral que se mantuvo durante casi todo el proceso, así como la inminente desaparición de la guerrilla, traerían seguridad para la infraestructura empresarial, disminución de las extorsiones y nuevas posibilidades de mercado. No obstante, señala que los empresarios se deben preparar para enfrentar la consolidación de la protesta social, la reorganización y el fortalecimiento del Eln.
En cuanto al punto de la protesta social, Arocha reconoce que, si bien a primera vista este fenómeno puede ser un riesgo para el inversionista, con el paso del tiempo podría convertirse en una oportunidad ideal para trabajar en equipo y fortalecer los lazos entre la empresa privada y la comunidad.
Guzmán plantea que el empresariado colombiano tiene que cambiar la forma utilitarista como se relaciona con la gente del territorio y reconocer el nuevo poder político que tendrán los representantes de las comunidades en la toma de decisiones. Afirma que las empresas deberían ayudar a reconstruir la memoria histórica de los sitios en los que trabajan, como ya lo está haciendo una reconocida compañía de hidrocarburos. El momento histórico que vive Colombia es ideal para que las empresas privadas enfrenten sus miedos y aprovechen esta oportunidad para consolidarse como la pieza clave en la construcción de un país en paz.
