En un comunicado, el organismo precisó que las prioridades deben incluir la estabilidad de las finanzas públicas para lograr el superávit fiscal previsto para 2018, el control de la inflación y el fomento a la productividad.

Ciudad de México. México debe ser prudente en las medidas que aplicará ante la reforma fiscal de Estados Unidos, porque no puede reducir impuestos a costa de elevar los niveles de endeudamiento público.

Así se aseguró en un encuentro entre el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya.

De acuerdo con un comunicado del organismo privado, en el encuentro acordaron trabajar juntos para hacer frente a la reforma fiscal del presidente estadounidense Donald Trump.

En la reunión, se determinó crear tres mesas de trabajo para definir acciones y monitorear el impacto de la reforma, a efecto de mantener el dinamismo de la economía y la inversión en México.

El comunicado del CCE expone que la primera mesa acordará medidas a impulsar en el ámbito financiero; la segunda, acciones de corte fiscal para promover la inversión, y la tercera, medidas económicas para aligerar la carga administrativa de las empresas.

Estas mesas deberán operar bajo las premisas de mantener un sano balance fiscal y no incrementar la deuda en el país, argumentó el organismo empresarial.

Las prioridades del manejo macroeconómico del país deben incluir la estabilidad de las finanzas públicas, de tal forma que el superávit fiscal previsto para 2018 se logre, el control de la inflación y el fomento a la productividad y competitividad de las empresas, para generar -sobre bases sanas y estables- el empleo y bienestar que requieren los mexicanos, precisó el reporte.

“La unión y el trabajo conjunto de la iniciativa privada y el gobierno mexicano en momentos decisivos para nuestra economía genera mayor confianza en el mercado”, indicó el CCE.

El organismo reiteró la necesidad de trabajar también en una mayor eficiencia en el gasto público y de reducir el gasto corriente del gobierno, ya que el objetivo es generar los incentivos necesarios para atraer inversión en todos los sectores de la economía.

Las acciones coordinadas ofrecen certeza a los actores económicos y permiten reducir los choques externos negativos, puntualizó el organismo privado.