Las multas de casi US$125.000 por supuesta deslealtad comercial, tope previsto en la normativa, son resistidas judicialmente por los economistas, a quienes el gobierno ordenó también informar cómo realizaban sus mediciones.
Buenos Aires. Consultores económicos de Argentina, intimidados por multas del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, dejaron de proveer de manera abierta al mercado sus estimaciones de inflación, que superan ampliamente a los datos oficiales sobre el alza del costo de vida.
Las multas de casi US$125.000 por supuesta deslealtad comercial, tope previsto en la normativa, son resistidas judicialmente por los economistas, a quienes el gobierno ordenó también informar cómo realizaban sus mediciones.
Las al menos nueve consultoras multadas, líderes del mercado y varias de ellas conducidas por ex funcionarios de alto rango del ministerio de Economía, afirman que la medida del gobierno persigue objetivos políticos, como construir un relato único y sin divergencias sobre la realidad.
Los datos oficiales y privados sobre inflación en Argentina presentan amplias diferencias desde enero del 2007, cuando gobernaba el fallecido Néstor Kirchner, esposo y antecesor de Fernández. Ese mes, funcionarios clave del ente estatal de estadísticas, Indec, fueron desplazados de sus cargos.
La inflación oficial en el 2010 fue de 10,9%, ante un 25% en las mediciones privadas. Economistas afirman que las expansivas políticas fiscal, monetaria y cambiaria del gobierno alientan el alza de los precios.
"Hasta tanto no cese o se haga cesar la injusta persecución de la que es objeto, violatoria de su libertad de expresión (artículo 14 de la Constitución Nacional), Economía & Regiones se abstendrá de hacer públicos los informes sobre el relevamiento de los precios", dijo la consultora en una nota.
Desde el 2007, el gobierno de Kirchner (2003-2007) y luego el de la presidenta Fernández han sido acusados por economistas, opositores y hasta por empleados del instituto de estadísticas de manipular datos para subestimar la inflación, buscando réditos políticos y económicos.
La iniciativa del gobierno de imponer multas fue puesta en marcha luego de que una cooperativa de vendedores de fruta le informara que los datos de inflación de los consultores perjudicaban sus ventas, ya que tornaban más cautos a los consumidores, según los documentos enviados a los economistas.
Estado Amenazante
Además de Economía & Regiones, al menos otras dos consultoras dejaron de brindar datos de inflación y varias alteraron la forma en que divulgan sus estudios.
"Voy a seguir trabajando pero no de una manera desafiante. Es amenazante que el Estado te esté interrogando, intentando multar, hay que buscar abogados, seguir trabajando. Nuestra libertad de trabajo está comprometida. Uno siente que no tiene la misma libertad de antes", dijo el ex viceministro de Economía Jorge Todesca, titular de Finsoport.
El Indec afirma que las consultoras no tienen los recursos para medir la evolución de los precios, aunque actualizaciones salariales e incrementos de alquileres o cuotas escolares se basan en los porcentajes calculados por las mediciones privadas debido al descrédito de la estadística oficial.
Además, algunos institutos de estadísticas de gobiernos provinciales, como Santa Fe o San Luis, reportan alzas en el costo de la vida similares a los de las mediciones privadas.
"La Dirección de Lealtad Comercial, que depende de la Secretaría de Comercio Interior, no tiene facultades para multar profesionales liberales, como economistas o abogados", dijo a Reuters Marco Lavagna, director de Ecolatina, una de las consultoras multadas pese a que para elaborar sus índices releva mensualmente 500 productos y 2000 precios.
El jefe de esa dirección, Adalberto Rotella, declinó responder un pedido de entrevista.
Caos estadístico
Un consultor multado dijo a Reuters que el Gobierno convirtió en un "caos estadístico" a las oficinas encargadas de elaborar datos económicos.
"Los técnicos nos llaman a nosotros para saber qué pasa en materia de evolución de PIB o de precios porque han perdido todas las referencias", dijo.
Otro economista cuya empresa sufrió la imposición de multa, Rodolfo Santángelo, de M&S Consultores, dijo, en referencia a los cargos de deslealtad comercial, que "no vendemos los datos, no trabajamos con consumidores y además calculamos la inflación desde el 2002, antes de que existan divergencias entre datos oficiales y privados".
Varios consultores dijeron que usarán en su defensa pedidos que ha hecho el Poder Judicial de sus índices de variación de precios para usarlos como referencia en fallos por demandas laborales o pago de alimentos por parte de cónyuges separados.
"El gobierno quiere que en vez de hablar del problema de la inflación estemos hablando de las multas o de la metodología para medir precios", dijo Santiago Paz, socio en Ecolatina.
