Según la Contraloría, el país tendrá que ajustar su sistema tributario de manera suficiente para que pueda alcanzar el nivel estándar del gasto público social que se le exige a un país miembro de ese grupo.
En un análisis sobre los desafíos que implica ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Contraloría General planteó que el ingreso de Colombia a dicha organización motivará la necesidad de un mayor gasto social a mediano y largo plazo y, un ajuste tributario que permita enfrentar este reto.
Según la Contraloría, el país tendrá que ajustar su sistema tributario de manera suficiente para que pueda alcanzar el nivel estándar del gasto público social que se le exige a un país miembro de a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Por tal motivo considera que “es importante debatir la consecución de potenciales ingresos sin olvidar que Colombia exhibe niveles de desigualdad importantes, tanto en ingreso como en riqueza, por lo cual se deberá propender por una reforma con equidad”.
El país enfrenta el desafío de contar con recursos públicos que le permitan financiar el gasto adicional que se necesitaría para mejorar los indicadores sociales y llevarlos por encima de los niveles que se encuentran actualmente, señaló la Contraloría.
Impacto fiscal. De acuerdo con el Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico (CISOE), a Colombia le costaría cerca de $20 billones anuales acercarse a los principales indicadores de los países miembros de la OCDE.
La evaluación del CISOE indica que entre 2015 y 2030 se requerirían gastos adicionales de entre 3 y 7 puntos del PIB. Para 2015, por ejemplo, se necesitarían unos 3 puntos adicionales del PIB, lo que equivale a cerca de $19,5 billones, para mejorar la calidad de los servicios de salud, atención a la vejez, educación, vivienda y reparación de víctimas.
Por otra parte, el gasto (excluyendo intereses) del Gobierno Central como proporción del Producto Interno Bruto (17% del PIB) ni siquiera alcanza el nivel promedio del gasto social de la OCDE (21,9% del PIB).
En relación con esto, los ingresos tributarios no alcanzarían a cubrir dicho gasto, asegura el análisis de la CGR. De hecho, ha sido necesario contar con los excedentes de las empresas del Estado para financiar el gasto público, destacándose el caso de Ecopetrol.
El reto: Mantener o generar mayores ingresos tributarios
La Contraloría considera que el reto “será mantener o generar mayores ingresos tributarios ante una desaceleración de la actividad económica en la actual coyuntura de bajos precios del petróleo y un gasto público con un nivel importante de flexibilidad”.
El análisis de la CGR elaborado por la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, detalla las recomendaciones que ha formulado la OCDE en materia tributaria y que el Gobierno deberá retomar y posiblemente adoptar entre 2015 y 2016.
La OCDE ha recomendado realizar una reforma tributaria estructural para incrementar la equidad, el crecimiento y el recaudo. Igualmente, ha propuesto disminuir la carga impositiva a las empresas y a la inversión en el sector real, aumentar el control a la evasión, elevar la tarifa general del IVA y reducir las exenciones al impuesto a la renta y al mismo IVA.
Las propuestas de la OCDE desmontan elementos establecidos en las dos últimas reformas tributarias como la doble tributación, el impuesto a la riqueza, la tasa y sobretasa del CREE, resalta el análisis de la CGR.
Perspectivas tributarias, según la CGR. La Contraloría considera que “Es imprescindible, más allá de la consecución de recursos a corto plazo, realizar una modificación estructural al modelo tributario actual, que dote de simplicidad al sistema tarifario, con equidad.
Uno de los objetivos fundamentales de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria que creó el Gobierno, además del diseño de la estructura del sistema tributario, es aumentar el recaudo en $8 billones (1% del PIB). Sin embargo, las recomendaciones de la Comisión no se tendrán en el corto plazo y su discusión en el Congreso sólo se dará hasta el próximo año.
Mientras tanto, las autoridades que administran las finanzas públicas deberán estar atentas a su estabilidad en el marco de los precios del petróleo, la devaluación y el menor crecimiento económico previsto.
Es probable que, como se ha hecho en los últimos años, sea necesario aumentar el recaudo con una mini reforma que posiblemente no incluya las necesidades que tiene el país de ajustar su estructura tributaria para cubrir todas las necesidades del gasto nacional”.
