Se hace necesario establecer mecanismos que garanticen ingresos estructurales como es el caso de una reforma tributaria, que permita reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas, dice la entidad de control.
Bogotá. En términos del PIB (producto interno bruto) la situación fiscal del sector público, "ha presentado un deterioro significativo", en los dos últimos años rompiendo la tendencia favorable entre 2009 y 2012, cuando pasó de un déficit de 2,4% en 2009 a 0,5% en 2012, impulsado por el Gobierno Nacional Central cuyas mejoras en los ingresos se derivaron de los favorables resultados económicos del período y las reformas adoptadas en esos años para fortalecer las fuentes de recursos, revela un informe de la Contraloría General sobre la situación de las finanzas públicas.
Advierte la entidad de control que para 2014 y el año pasado comenzó a tener efecto en el balance fiscal la reducción de los precios del petróleo y la desaceleración económica que impactaron los ingresos, además de las inflexibilidades de los gastos públicos como nómina, pensiones, vigencias futuras aprobadas y transferencias.
Estas situaciones llevaron al desequilibrio entre los ingresos y los gastos, que tuvo que ser financiado con deuda. "El aumento del déficit en 2015 por las razones antes analizadas se reflejó en el comportamiento de la deuda pública". El año pasado el total de la deuda del sector público alcanzó $453,27 billones en 2015, de los cuales $341,9 billones corresponden al Gobierno Nacional, $71,4 billones a las empresas nacionales también conocidas como entidades descentralizadas del orden nacional, $28,9 billones de las empresas territoriales y $11,0 billones de las entidades territoriales (departamentos y municipios).
Explica el informe de la Contraloría General que en términos del Producto Interno Bruto (PIB), el saldo de la deuda pública fue de 56,5% en 2015, alcanzando el segundo nivel más alto de los últimos 25 años, después de 2002 cuando se situó en 60,1% del PIB.
Remarca el estudio de la entidad de control de las finanzas públicas que "el deterioro de los escenarios macro y fiscal han llevado a que las agencias calificadoras internacionales, como Standard and Poor's y Fitch Ratings, cambiaran la perspectiva de calificación crediticia de Colombia de estable a negativa, teniendo en cuenta el balance externo del país y el riesgo de un mayor déficit fiscal".
Advierte la Contraloría en su informe sobre las finanzas públicas que "de no tomarse las medidas necesarias para reducir los gastos e incrementar los ingresos públicos, se pone en riesgo el grado de inversión de la deuda externa colombiana, lo que incrementaría su costo de financiación, agravando de este modo la situación fiscal del país".
Los retos fiscales enfrentados por las autoridades económicas durante 2015, siguen estando presentes en 2016, reafirma el informe de la Contraloría General. Los precios del petróleo no se han recuperado y seguirán afectando los ingresos de las rentas petroleras. La tasa de cambio sigue siendo volátil, la inflación no se desacelera, el sector externo sigue mostrando un elevado déficit en cuenta corriente y la tasa de crecimiento económico sigue a la baja, situación que claramente tendrá efectos en la economía y en las finanzas públicas y deberá llevar a las autoridades económicas a repensar la planeación de la política fiscal.
Destaca la Contraloría que "los efectos del difícil panorama macroeconómico, se verán en unos menores ingresos que seguirán presionando el déficit fiscal y elevando la deuda pública".
Sobre los gastos del Gobierno, dice el estudio que "se mantendrá la estrategia de recorte, especialmente en el Gobierno Nacional Central donde comienza a verse disminuida la inversión debido a las inflexibilidades de los gastos de funcionamiento, tal como lo refleja el proyecto de ley del presupuesto 2017 presentado por el
Ministerio de Hacienda". Insiste que entre los retos de la política pública, en el corto plazo, tiene que priorizar el gasto público, y en el largo, buscar una senda de ingresos estables.
"Se hace necesario establecer mecanismos que garanticen ingresos estructurales como es el caso de una reforma tributaria, que permita reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas frente a los mercados internacionales, pero al mismo tiempo alcanzar los objetivos de progresividad, equidad y neutralidad; disminuya el costo social que se asume con la contracción del gasto, y se recurra en menor medida al endeudamiento público.