Los enormes déficits presupuestarios de los países europeos más dañados por la crisis han provocado que sus mandatarios políticos pasen del debate sobre el Estado de bienestar a la acción.
Universia Knowledge Wharton. La profunda crisis económica que atraviesa Europa ha hecho temblar los cimientos de la unión monetaria del euro. Han sido muchos los analistas que han dudado y dudan de la viabilidad de la divisa. Pero la tormenta económica no sólo ha sembrado las dudas sobre la moneda, sino que ha reavivado y acelerado el debate sobre la vialidad de uno de los pilares sociales y señas de identidad del Viejo Continente: su Estado de bienestar. Es decir, el modelo de organización económico-social que pretende un reparto más equitativo de los beneficios y de la riqueza entre toda la población, mediante la extensión de ciertos servicios o garantías sociales a todos los ciudadanos.
Los enormes déficits presupuestarios de los países europeos más dañados por la crisis han provocado que sus mandatarios políticos pasen del debate sobre el Estado de bienestar a la acción. Lo han hecho para convencer a los mercados internacionales de que sus economías son sostenibles y solventes ante el peligro de que dejaran de financiarlas. Para cuadrar las cuentas del Estado, países como Italia, España, Portugal o Grecia han optado por recortar el gasto público en partidas consideradas básicas del Estado de bienestar: sanidad, educación, y seguridad social (subsidios por desempleo, pensiones, etc).
La canciller alemana, Angela Merkel, ha advertido recientemente en una entrevista concedida al diario Financial Times de que Europa deberá "trabajar muy duro" si quiere mantener su sistema de bienestar social y al mismo tiempo ser globalmente competitiva. Opina que, para sobrevivir a la globalización, el continente debe invertir más en investigación y educación, y reformar su sistema de impuestos y laboral para restaurar la competitividad. "Si Europa constituye hoy poco más que el 7% de la población mundial, produce un 25% del PIB global y debe financiar un 50% del gasto social global, es obvio que tendrá que trabajar muy duro para mantener su prosperidad y estilo de vida", ha declarado Merkel.
Entonces, ¿es sostenible el actual modelo de Estado de bienestar del Viejo Continente? “Hay aspectos que sí y otros que difícilmente se podrán sostener sin algún tipo de profundas reformas”, responde José Vicente Rodríguez Mora, profesor de Economía de la Universidad de Edimburgo. En su opinión, la crisis del Estado de bienestar es más política que económica. De ahí que añada que “el Estado del bienestar es sostenible sólo si se consigue reconstruir el consenso social sobre su valía. A día de hoy, hay mucha gente, en general gente con más recursos, que cree que no le conviene, ni a ellos ni a sus hijos, y así no puede ser”.
Antonio Cabrales, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Carlos III de Madrid, no se atreve a responder a la pregunta de forma tajante, pero considera que “algunas piezas del Estado del bienestar, notablemente la sanidad y las pensiones, tienen un problema debido al envejecimiento de la población”. El cree que esta situación “obliga a hacer cambios, nos guste o no”.
Para Rafael Muñoz de Bustillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, “las cuestiones de sostenibilidad se plantean, a menudo, desde una posición ideológica y dependen de los criterios que se tengan sobre cómo debería ser la sociedad que se desea”. “En un escenario de crecimiento, o incluso de mantenimiento de los niveles de renta per cápita y progreso tecnológico es difícil pensar que no se vayan a poder mantener los mecanismos de protección social que en el pasado han sido asequibles para países con una menor renta. Obviamente, en el caso de hundimiento económico, por una catástrofe medioambiental, por ejemplo, las cosas cambiarían, pero no creo que ese sea el escenario que se plantea cuando se habla de la insostenibilidad del Estado de bienestar europeo”, opina.
Un gasto insostenible. Según los últimos datos recopilados por la Oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat), correspondientes al año 2010, las medidas de protección social (como prestaciones por desempleo, sanidad, jubilaciones, educación, etc.) representaron la mayor proporción de gasto público en todos los Estados miembros de la región, con una media del 19,9% del Producto Interior Bruto (PIB). La protección social varió desde un 25,4% del PIB en Dinamarca, un 24,2% en Francia y un 23,9% en Finlandia hasta un 11,7% en Chipre y un 11,2 % en Islandia. En salud, los países de la UE se gastaron el 7,5% del PIB; en servicios públicos generales el 6,5%; y en educación el 5,5%.
Los gastos sociales han ido creciendo a lo largo de las últimas décadas debido a las nuevas realidades que impone la sociedad moderna y, especialmente, por los efectos de los cambios demográficos. Por ejemplo, se ha producido una disminución del ciclo vital activo de los ciudadanos y ha aumentado su ciclo vital pasivo. Esto es debido al incremento del tiempo de periodo escolar-universitario (los jóvenes cada vez se incorporan más tarde a la vida laboral) y al crecimiento de la esperanza de vida. Este hecho ha provocado que el sistema de prestaciones sociales del Estado esté sostenido por un cada vez menor número de personas que trabajan, cuyas aportaciones económicas tienen que mantener a un cada vez mayor número de personas inactivas, como los jubilados.
A ello hay que añadir que, durante la actual crisis económica, el aumento de las cifras de parados ha hecho crecer con más fuerza el gasto social, al incrementarse la partida presupuestaria dedicada a los pagos de los subsidios por desempleo.
Los cambios necesarios. Rafael Muñoz de Bustillo sostiene que las principales dificultades a la que se enfrenta el Estado de bienestar europeo son “los problemas de competencia fiscal –es decir, la eficiencia del sistema fiscal a la hora de recaudar los impuestos de los ciudadanos- que debilitan la financiación del Estado de Bienestar, junto con una falta de compromiso en la defensa del modelo social europeo”. Y añade: “El resto de los problemas, como el llamado envejecimiento demográfico tienen solución si hay un compromiso claro de defensa del sistema”.
Carlos Gómez Bahillo, director del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza, cree que, a pesar de todas las dificultades por las que atraviesa el Estado del bienestar, “las políticas y prestaciones sociales públicas previsiblemente no desaparecerán en los países europeos, si bien su nivel de protección será bastante menor”. En su opinión, “los ciudadanos sí tendrán que renunciar al grado de cobertura, que resultará inferior”. Esto se debe a que los estados europeos, “debido a la expansión de un mercado cada vez más globalizado, comienzan a tener dificultades para controlar la inflación y reducir el desempleo y poder compensar, a través de la política económica, los efectos negativos de las crisis, el desarrollo de las nuevas tecnologías y el aumento de la competitividad comercial a escala mundial”.
Por otra parte, él prevé “que el carácter gratuito de muchos servicios públicos, incluidos los asistenciales, tampoco vaya a estar garantizado de forma generalizada. Van a tener que pasar muchos años para poder tener la calidad de vida y de bienestar que hemos disfrutado hasta hace pocos años”.
Rodríguez Mora afirma que uno de los cambios más importantes se tendrá que hacer en el sistema de pensiones: “Al menos en España, se necesitan unas reformas serias e ir creando un modelo donde las pensiones dependan mucho más de las contribuciones y sea mucho más capitalizado”. Respecto a los subsidios por desempleo, cree que “ciertamente deberían cambiar y bajar en España, ya que son un problema grave [para la reinserción en el mercado laboral]”, pero, al mismo tiempo, opina que “no se puede hacer con unas tasas de paro tan elevadas como las actuales”.
Cabrales, de la Universidad Carlos III, sugiere que en pensiones, “se debe ir a una combinación de alargar la vida laboral, aumentar impuestos y cotizaciones y reducir la prestación posterior. La cuantía exacta de cada cambio es una decisión política”. En sanidad, él cree que es mucho más complejo. “Hay algunas medidas obvias, como procurar que mejoren los hábitos de vida de la gente, que es la forma más barata de aliviar problemas, pero también habrá que hacer más énfasis en cuidar el coste efectividad de todos los tratamientos y procedimientos y otras mejoras organizativas. Además, es importante que las economías se hagan más productivas para sostener a más gente con menos trabajadores, lo que implica más gasto a corto plazo en educación e innovación”.
La situación por países. Cabrales considera que los problemas que ha identificado “son más serios en países con problemas demográficos más agudos y los que tienen más problemas de educación e innovación que los hacen menos productivos”. “Me temo que España e Italia son de los peores en las dos cosas”, apunta.
Rodríguez Mora coincide a la hora de destacar qué países lo tienen más difícil para sostener su Estado de bienestar y cuáles lo tienen más fácil. “España, lo tiene fatal. Es necesario aumentar los impuestos generales para sostener el gasto en educación y sanidad al que nos hemos acostumbrado. Se puede hacer, pero no ahora, y no de golpe. Y el sistemas de pensiones parece insostenible”, advierte. Por el contrario, cree que los países que lo tienen mejor son los nórdicos ya que, tal y como recuerda, “hicieron las reformas gordas en los 90”.
Precisamente, son los países nórdicos los mencionados por los expertos como los ejemplos a seguir para el resto de Europa. El universalismo es una de las características principales del modelo nórdico del Estado de bienestar. Esto quiere decir que existe un acceso más generalizado y con menos condiciones a las prestaciones sociales. Otra de sus características principales es que se sostiene con unos niveles altos de impuestos y elevadas contribuciones sociales del empleado y empleador. Sus servicios suelen ser muy eficientes y se caracterizan por su alta calidad.
Rodríguez Mora, augura que el Viejo Continente “tenderá a imitar el modelo escandinavo”. En la misma línea, Gómez Bahillo considera que Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo son modelos a seguir e imitar para el conjunto de la Unión Europea. Muñoz de Bustillo puntualiza que el modelo a seguir “dependerá de cuál sea la visión de sociedad ideal que cada uno tenga en su mente”. En cualquier caso, coincide con sus colegas, aunque con matices: “Para mí, en concreto, el modelo escandinavo me parece un buen ejemplo a seguir, al combinar competitividad con solidaridad y altos niveles de protección frente a los riesgos de enfermedad, desempleo, vejez, etc., la cuestión es que para tener ese modelo, entre otras muchas cosas, hay que estar dispuesto a soportar altos niveles de presión fiscal. Por otra parte, la historia demuestra que no es fácil trasladar instituciones de un país a otro, siendo necesario adaptarlas a las situaciones locales”.
Por el contrario, los docentes descartan el modelo de protección social establecido en Estados Unidos, caracterizado por el alto nivel de privatización y liberalización de los servicios. “No es la panacea, y un buen ejemplo de ello es la sanidad, donde el Estado gasta más que en muchísimos países europeos y no se ve el resultado”, señala Rodríguez Mora.
La opinión de Muñoz de Bustillo va en la misma dirección. “Las experiencias que se han llevado a cabo de privatización en los grandes ámbitos de política social ofrecen más sombras que luces con respecto a las presuntas ventajas de la gestión privada. Por poner ejemplos claros, el alabado modelo de pensiones privadas chileno ha fracasado en su objetivo, central en el caso de un sistema de pensiones, de aumentar la tasa de cobertura, haciendo necesario el establecimiento de un sistema no contributivo de pensiones de financiación pública para reducir el riesgo de pobreza en la vejez. El caso de la sanidad en Estados Unidos es también paradigmático. EEUU, con un sistema sanitario basado en el mercado privado, salvo para los colectivos de personas pobres (MEDICAID) y jubilados (MEDICARE), dedicaba en 2010 el 17,6% de su PIB a salud, frente al 9,6% de España. No parece que este sea el camino a seguir si lo que se quiere es reducir el uso de recursos dedicados a sanidad. En prestaciones por desempleo la cuestión es distinta, simplemente no hay un mercado privado al no resultar interesante para las empresas privadas del sector proteger frente a dicha contingencia por múltiples factores”, concluye.
