Encuestas recientes sugieren que la inflación y el desabastecimiento preocupan más a los venezolanos que el alto grado de inseguridad pública. DW habló con dos analistas sobre la crisis económica que sacude a ese país.

Cuando la agencia de clasificación crediticia Fitch rebajó la calificación de la deuda venezolana de B+ a B el 25 de marzo, nadie en ese país suramericano pareció percatarse del anuncio. Por lo demás, los analistas de Fitch no contaban nada que los venezolanos no supieran ya. En esa tierra rica en petróleo, nociones abstractas como estanflación, desarrollo económico negativo e inestabilidad macroeconómica son sufridas en carne propia por cada vez más personas. Un breve repaso de lo acontecido en el último mes basta para entrever la gravedad de la situación que se vive en Venezuela.

Un mes en la economía de Venezuela. El Banco Central de Venezuela informó –con dos semanas de retraso– que la inflación se había acentuado un 4,1% en marzo. La oposición venezolana demandó mayor transparencia en la administración de las finanzas públicas y acusó al gobierno, presidido por Nicolás Maduro, de ocultar con fines políticos tanto las tasas de inflación mensual e interanual como los indicadores de desabastecimiento en el mercado.

Venezuela cerró el año 2013 con una inflación del 56,4% –la más alta del continente– y, frente a una cifra como esa, el reciente aumento del 30% en el salario mínimo y las jubilaciones no ofrecería gran consuelo.

La devaluación de la moneda nacional y el dinero inorgánico imprimido para financiar el déficit público llevaron a prever extraoficialmente una inflación de por lo menos 60% para 2014. Maduro, quien atribuye la inflación y la escasez de productos de primera necesidad a sus “enemigos externos e internos”, ordenó arrestar a dieciséis empresarios por infringir la ley que limita el margen de ganancia comercial a un 30%.

Tras cumplirse el undécimo aniversario del férreo control de cambios vigente, grandes fábricas de alimentos paralizaron sus producciones por el fuerte retraso en la asignación de divisas para la compra de materias primas, periódicos centenarios redujeron el número de sus páginas y temen desaparecer por falta de papel, y varias aerolíneas extranjeras suspendieron o minimizaron sus operaciones en el país.

El alto costo de hacer lo correcto. En una entrevista previa con DW, Víctor M. Mijares, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), sostenía que Maduro no propondría soluciones racionales para estos problemas por temor al costo político de las mismas. Pero, ¿qué tan improbable es que las circunstancias obliguen al Gobierno venezolano a implementar las medidas económicas necesarias para poner coto a la crisis nacional?

“Sondeos de opinión recientes sugieren que los problemas económicos del país han vuelto a convertirse en la principal preocupación de los ciudadanos, incluso por encima del tema de la inseguridad pública. No faltará quien diga que eso se debe al descenso de los índices de violencia criminal, pero los indicadores refutan esa afirmación. La otra interpretación posible es que la gente se ha acostumbrado a vivir con la inseguridad, pero no con la mengua de su capacidad de compra ni con el agravamiento de la escasez”, sostiene Mijares.

“Una encuesta revela que, al contrario de lo que ocurría cuando Hugo Chávez estaba en el poder, ahora los ciudadanos le reprochan los males de la economía directamente a la figura del presidente.(...) Y como los políticos venezolanos prestan una atención casi obsesiva a las encuestas, cabe predecir que Maduro intentará frenar el deterioro de la economía para detener la caída de su popularidad”, concede Mijares.

“Las decisiones que toma el Gobierno no sólo dependen de Maduro; éstas vienen precedidas por un largo proceso de negociación, formal e informal, no solamente con el empresariado local y los políticos opositores, sino también con los otros actores de alto rango de la jerarquía chavista. El diálogo en el palacio presidencial ha comenzado a marginar abiertamente a los agentes radicalizados del chavismo y el antichavismo, quienes perciben el acercamiento entre Gobierno y oposición como una capitulación”, cuenta el investigador del GIGA.

“En los foros virtuales del chavismo, comentaristas de ultraizquierda denuncian lo que a sus ojos es un pacto entre las élites del chavismo y la oposición para restaurar el paradigma previo al modelo económico socialista promovido por Chávez. En realidad, lo que el Gobierno está haciendo es tratar de crear un espacio para convivir pacíficamente con el empresariado, que, aunque severamente golpeado, todavía tiene capacidad productiva para abastecer al mercado y resolver el problema de la escasez”, asegura Mijares.

“La meta es aumentar la productividad”. “La meta es aumentar la productividad”, subraya el especialista del GIGA, recordando que Venezuela es el país latinoamericano con el índice de crecimiento más bajo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe le augura un -0,5% de desarrollo para 2014. “Venezuela tiene un diseño institucional y constitucional extremadamente estatista. Y, por concentrar tanto poder en sus manos, el Estado es la instancia más susceptible de cometer grandes errores y de infligir los daños más serios a la economía”, acota el politólogo.

“Eso fue lo que pasó: en función de consolidar su control político, el actual partido de Gobierno dañó estructuralmente la poca economía privada que había en Venezuela y ahora el país está pagando las consecuencias de ello”, señala Mijares. Por su parte, Björn van Roye, experto en políticas macroeconómicas del Instituto para la Economía Mundial (IFW) de Kiel, opina que el desarrollo exhibido por Estados vecinos permite intuir todo lo que Venezuela podría alcanzar si contara con un modelo económico eficiente.

“En Brasil, Colombia y Perú, por ejemplo, el crecimiento económico ha ido de la mano de la estabilización política. La crisis que sacude a Venezuela tiene un catalizador económico que no debe desestimarse. La inflexible economía de planificación centralizada y la marcada tendencia intervencionista del Estado asfixian al empresariado. Y la inseguridad jurídica de las inversiones espanta al capital extranjero. Todo esto hace de Venezuela un país poco atractivo para los inversionistas”, agrega el economista del IFW.

“A mi juicio, para ver una mejoría en Venezuela bastaría con suspender la excesiva interferencia del Estado en la economía nacional. Yo ni siquiera sugiero que el Estado retroceda y se retire por completo, sino que deje de intensificar su intervención en ese ámbito. Lamentablemente, lo que hace es lo contrario: imponer más controles, más limitaciones y más subvenciones que generan distorsiones flagrantes. Como muestra, un botón: mientras el litro de gasolina cuesta 10 céntimos de euro, un litro de agua cuesta 1,20 euros”, explica van Roye.

“Estas distorsiones afectan principalmente a aquellos con menos recursos económicos. Además, estas prácticas estatistas no son sostenibles. Bastará que la crisis ruso-ucraniana se atenúe y los precios del barril de petróleo bajen de US$100 a US$80 para que el Estado venezolano sufra grandes pérdidas. Las arcas de Venezuela deben empezar a llenarse de nuevo con las ganancias que genera la economía privada; la gente debe empezar a ganar dinero de nuevo y evitar depender del gasto público”, apunta van Roye.