Desde que asumió el poder en diciembre del 2015, Macri quitó los férreos controles sobre el mercado de cambios, negoció un acuerdo por deuda impaga desde hacía quince años, redujo algunas trabas al comercio y elevó el gasto en infraestructura en busca de atraer inversiones tras una década de gobiernos populistas.
Los argentinos acudirán a los centros de votación el domingo para unas elecciones legislativas que podrían definir el futuro del plan de reformas promercado del presidente Mauricio Macri, que busca impulsar la tercera economía de América Latina.
Desde que asumió el poder en diciembre del 2015, Macri quitó los férreos controles sobre el mercado de cambios, negoció un acuerdo por deuda impaga desde hacía quince años, redujo algunas trabas al comercio y elevó el gasto en infraestructura en busca de atraer inversiones tras una década de gobiernos populistas.
Pero los inversores se quejan de que el país sudamericano aún tiene altos impuestos, estrictas leyes laborales y amplias regulaciones sobre los mercados de capitales. Aunque la elección no le dará una mayoría legislativa al oficialismo, el resultado influirá en el poder que tendrá Macri para negociar con la oposición.
A continuación, los proyectos que son prioridad para el Gobierno después de los comicios de medio término:
Presupuesto. Una vez que asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre, lo primero en la lista de Macri es la aprobación del proyecto de presupuesto para el 2018, que ya fue enviado al Congreso y que apunta a bajar el déficit fiscal al 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB), desde un 4% previsto para este año.
El Gobierno confía en que Argentina crecerá un 3,5% en el 2018, lo que impulsaría la recaudación. El presupuesto incluye más recortes a los subsidios económicos estatales, pero mantiene congelado el gasto en infraestructura y prevé una leve alza de gastos de asistencia social.
Impuestos. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ha dicho que tras las elecciones el Gobierno enviará al Congreso su propuesta de reforma del sistema tributario. Muchos impuestos de Argentina, como los que gravan el valor agregado y las ganancias, están por encima de los promedios de la región y del mundo.
En lugar de reducir la carga del impuesto a las ganancias, la propuesta oficial implicaría cambios sustanciales a la mayor parte de lo que se conoce como "impuestos distorsivos", al tiempo que buscaría ampliar la base tributaria mediante una reducción de la evasión fiscal y el empleo informal.
Mercado de capitales. El proyecto oficial para reformar las regulaciones sobre los mercados de capitales ha estado estancado en el Congreso desde que fue presentado el año pasado, pero el ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo que espera que sea aprobado este año y que el Gobierno lo impulsará con fuerza tras los comicios.
Esa norma modificaría una cláusula que hoy le permite al regulador bursátil de Argentina remover a miembros de directorio de empresas que cotizan en la Bolsa y aliviaría restricciones a las inversiones extranjeras en el mercado doméstico.
Trabajo. Mientras que el vecino Brasil implementó recientemente una amplia reforma de su código de legislación laboral, Macri dijo a Reuters que no buscaría seguir ese camino y que continuaría negociando por separado con sindicatos de distintos sectores para lograr acuerdos que mejoren la competitividad.
A su vez, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo en una entrevista reciente que el Gobierno estaba negociando con gremios un "blanqueo laboral" para llevar a la legalidad a 4,5 millones de argentinos actualmente empleados informalmente. Ese acuerdo incluiría incentivos para los empleadores, dijo Triaca.
Gasto de provincias. El Gobierno de Macri ha alcanzado un acuerdo preliminar con la mayoría de las 24 provincias argentinas -que dependen de la administración nacional para gran parte de sus ingresos- para asegurarse de que sus niveles de gasto no excedan el ritmo de la inflación hasta el 2019.
El acuerdo, que también limita la contratación de empleados estatales, aún debe ser aprobado por el Congreso. La agencia Moody's dijo que esa norma sería positiva para la calificación de crédito de las provincias.
