La tarifa de ANTEL –que durante los dos anteriores períodos de gobierno mantuvo sin cambio sus precios– tendrá un ajuste promedio de 8%.
El ajuste de las tarifas públicas que entrará a regir en 2017 reabrió el debate respecto a su magnitud y volvió a instalar la palabra "tarifazo" en el debate público. A pocas horas del anuncio, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, negó que los aumentos tengan un afán recaudatorio y sostuvo que tienen como eje el comportamiento la inflación (8,1% a noviembre).
La tarifa de ANTEL –que durante los dos anteriores períodos de gobierno mantuvo sin cambio sus precios– tendrá un ajuste promedio de 8%. Su presidente, Andrés Tolosa, sostuvo en entrevista con radio Carve que el aumento está en línea con lo solicitado por la empresa para poder atender la variación de los costos. "No había otras posibilidades y en el estudio que se hizo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se llegó a esos números", afirmó.
Argumentó que entre 2005 y 2015 hubo una baja "muy importante" en términos reales de las tarifas del ente. Por otro lado, sostuvo que la empresa enfrenta desde 2007 una "caída significativa" de los ingresos por telefonía fija que pasó de representar 70% del total ese año a 20%. "Si bien son entre US$ 150 y US$ 200 millones han ido cayendo", dijo.
"ANTEL se ha tenido que transformar y si bien ha crecido de forma significativa la telefonía móvil, esos indicadores de crecimiento ya han parado de crecer a valores significativo. Eso hace que no sea posible hoy hacer ajustes por debajo del IPC", apuntó. El ente proyecta que cerrará el ejercicio 2016 con ganancias por entre US$ 90 y US$ 100 millones. En el caso de UTE la corrección será de 7,5% en promedio.
Según supo El Observador, una estimación primaria de los equipos técnicos del ente entendía como suficiente una suba de 4,6% para atender el incremento de sus costos (salarios, dólar, inflación, precio del crudo y costo de abastecimiento de la demanda–CAD). Ese porcentaje se elevó luego a 5,5% al incorporarse algunos costos adicionales por salarios contemplados en la reestructura funcional incluida en el plan Bambú.
Finalmente para que el ente pueda cumplir con la meta de mejorar en unos US$ 40 millones adicionales el desempeño operativo en 2017, se negoció con las autoridades del MEF adicionar dos puntos porcentuales al aumento, con fines exclusivamente fiscales. El directorio del UTE pondrá a consideración esta semana el informe técnico que justifica el aumento.
Las tarifas de OSE aumentarán 8,2% y tendrá un adicional complementario de 7,3% sobre el cargo fijo de agua, según la capacidad instalada medida a través del diámetro de conexión de cada cliente. Astori explicó que este último ajuste viene por lo que en un principio correspondía a una tasa medioambiental que se pensaba poner en práctica a comienzos de este período de gobierno, que por distintas razones no se puso en práctica. Una fuente del ente había dicho la semana pasada a El Observador que la recaudación del ente solo alcanza para funcionar, por lo que para poder ejecutar una serie de obras y además poder cumplir con el aporte que se exige a rentas generales "se requiere de un plus". Entre las obras prioritarias que OSE tiene previstas en el corto y mediano plazo se encuentra la instalación de filtros de carbón activado granular y ozonización en las usinas de Aguas Corrientes y Laguna del Sauce. Esas obras tienen un costo estimado de US$ 60 millones y US$ 17,5 millones.
"De ninguna manera puedo estar de acuerdo con el uso de la palabra 'tarifazo', porque alude a un incremento desmesurado que solo piensa en términos de recaudación fiscal y no es así", dijo ayer Astori en entrevista con el programa La mañana de El Espectador. "Cuando uno actualiza en función de la inflación los precios no creo que se pueda hablar de tarifazo", añadió. Los aumentos en las tarifas de agua potable, electricidad, telefonía y datos, y combustibles le ponen un piso de 1,2% al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.
