El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Ramón Ramírez, explicó ayer que están revisando todas las alternativas existentes que se puedan aplicar sin afectar la operatividad del sector público, el cumplimiento de los compromisos financieros y los programas sociales que no pueden ser interrumpidos.
Asunción. La implementación de un plan financiero mucho más duro que el vigente, el veto parcial o total, un pedido de ampliación presupuestaria, así como la posibilidad de recurrir a la justicia con una acción de inconstitucionalidad son las medidas que analiza el Ministerio de Hacienda con relación al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2017.
El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Ramón Ramírez, explicó ayer que están revisando todas las alternativas existentes que se puedan aplicar sin afectar la operatividad del sector público, el cumplimiento de los compromisos financieros y los programas sociales que no pueden ser interrumpidos.
Ramírez indicó que la revisión incluye el veto, pedido de ampliación para pagar la deuda y una acción de inconstitucionalidad en el caso de la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP), este último que no afectará al resto de los gastos porque se trata de un artículo de la ley.
Lo que ya está claro es que en el caso de que sea promulgado el presupuesto 2017, se determinará la puesta en vigencia de un plan financiero mucho más prudente o rígido que el de este año (que tuvo un tope del 98%), teniendo en cuenta las necesidades de financiamiento que generan los aumento salariales incluidos y cuyo pago están previstos desde el mes de julio.
Señaló que en principio la exigencia con recursos del tesoro es del orden de los G. 450.000 millones (US$ 77,8 millones), lo que lleva a que el déficit fiscal pase de 1,5% a 1,7% del PIB, por encima del tope establecido en la ley de Responsabilidad Fiscal.
El viceministro expresó que en lo referente al pago de deuda, se tiene asignado presupuesto hasta el mes de mayo y luego deberá verse cómo cumplir con el resto del año, por lo que no se descarta un pedido de ampliación presupuestaria al Congreso.
El Senado sancionó el pasado jueves la ley de presupuesto 2017 con un monto que asciende a G. 67,4 billones (US$ 11.662 millones) y que incluye un recorte a la emisión de bonos de US$ 558 millones a US$ 350 millones, tope a la política monetaria del BCP y aumentos salariales de 10% a 18%.
La mayor preocupación de las autoridades es con relación a la reducción de los bonos, ya que se recortó lo que debía ser destinado al repago de deuda de junio a diciembre, así como también el tope a la política monetaria del BCP, porque alegan que pone en riesgo el control de la inflación.
