Aunque es una medida impopular aplicar IVA a la canasta básica familiar, es preciso hacerlo si se quiere una reforma fiscal estructural, dijo Ricardo Bonilla.

Devolviendo el IVA a las personas y no a los productos se podrían beneficiar al menos a 13 mllones de colombianos en condición de pobreza, el 28 por ciento de la población, de acuerdo con las cifras del DANE sobre el Índice de Pobreza Monetaria, explicó el integrante de la Comisión Tributaria, Ricardo Bonilla.

Esa devolución se podría hacer efectiva a través de programas focalizados de ayuda estatal como el Sisben, dice al insistir en que la lógica no puede ser eximir a los productos de este impuesto, debido a que así dejarían de contribuir millones de personas que si están en capacidad económica para asumirlo.

Esta es una de las propuestas más antipopulares planteadas contenida en el informe que la Comisión Tributaria le entregó al Gobierno Nacional, pero en opinión de los expertos que participaron en su elaboración, el rechazo a esta idea se debe al desconocimiento general del porqué de esta idea, dice un comunicado de la facultad de Ciencias Económicas de la Universiad Nacional.

Bonilla explicó que al aplicar el IVA del 5 % a la canasta familiar se deben revisar los descuentos del impuesto que hacen efectivos los productores como por la compra de insumos, pero cuya rebaja no es trasladada al consumidor final. Esto hace que hoy se pague por arroz, leche o huevos como si tuviesen el IVA incorporado.

El mecanismo para hacer esa devolución del impuesto es el Sisbén. Es ahí donde deberían estar registradas las personas que en realidad están en condición de vulnerabilidad económica. “Aquí el problema es que hay muchos colados y el Estado debe hacer una depuración”, dice Bonilla, según el comunicado del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional.

Sobre la tributación a la propiedad de la tierra, Ricardo Bonilla recordó que el impuesto predial es uno de los más progresivos que existen porque las tarifas son proporcionales a los avalúos catastrales. Si bien, en las zonas urbanas se ha logrado una adecuada actualización, el gran lio se registra en las áreas rurales, donde la evasión es enorme, y no precisamente por parte de los campesinos, dice el exsecretario de Hacienda distrital.

Hay casos evidentes de engaño que ameritan una revisión profunda. Existen propiedades en zonas rurales exclusivas del país como El Peñón, en Girardot (Cundinamarca) con un valor comercial de dos mil millones de pesos, pero avaluadas realmente en 400 millones de pesos.

“El avalúo catastral lo que nos debe decir es si un predio tiene mejores condiciones, es más grande o presenta ciertos terminados, y si miramos las fincas de recreo que hay en el campo, muchos de sus propietarios no están pagando lo que deberían. Se debe señalar, además, que existen unos tres millones de minifundistas, con terrenos incluso más pequeños que una vivienda de interés social, mientras hay al menos 10 mil propietarios que tienen 40 millones de hectáreas. Cabe preguntarse: ¿qué está haciendo esa poca gente con tanta tierra”, señaló el académico de la UN, Ricardo Bonilla.

La Comisión Tributaria hace un llamado a la urgente actualización catastral para identificar claramente a los evasores, dice el comunicado de prensa. “Se propone dotar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi de recursos adecuados, con una participación sobre el Sistema General de Participaciones para que pueda cumplir esta tarea, dando prioridad a la actualización de los catastros rurales y de los pequeños municipios, y al mismo tiempo, facilitar a otras ciudades y municipios importantes operar sus propios catastros o contratar actualizaciones con cualquiera de los catastros independientes existentes”, especifica el documento de la Comisión, según el informe de prensa.