El bajo crecimiento ha sido un talón de Aquiles durante el primer mandato de Rousseff, que comenzó en enero de 2011, después de que el año anterior la economía brasileña se expandiera un 7,5%.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó que en 2015 adoptará "medidas drásticas" para recuperar la maltrecha economía del país, aunque aseguró que el ajuste no afectará a los planes sociales de su gobierno.

"Nos vamos a preparar para organizar la casa y tener en 2015 una retomada (del crecimiento)", declaró la mandataria, reelegida en octubre pasado para un segundo mandato que comenzará el próximo 1 de enero, durante un desayuno con periodistas con motivo de la Navidad.

El bajo crecimiento ha sido un talón de Aquiles durante el primer mandato de Rousseff, que comenzó en enero de 2011, después de que el año anterior la economía brasileña se expandiera un 7,5%.

En 2011, el crecimiento fue del 2,7%, cayó al 1% en 2012 y llegó al 2,3% en 2013, mientras que para este año los analistas del sector privado lo sitúan en un escaso 0,13%.

Rousseff no adelantó cuáles serán esas "medidas drásticas", pero dio a entender que pasarán por tasas de interés elevadas y un ajuste fiscal aún no dimensionado.

"Tendremos que tener un control mayor sobre el gasto y hacer algunas reformas", indicó la mandataria, sin ofrecer más detalles.

La prensa local conjetura que el ajuste puede suponer un recorte del gasto público de hasta unos 100.000 millones de reales (US$37.593 millones), pero la presidenta se negó a confirmar esa cifra que, según aseguró, todavía está en estudio.

Rousseff también comentó el escándalo de corrupción destapado en la estatal Petrobras, la mayor empresa del país y que responde por sí sola por casi el 13% del producto interno bruto (PIB) nacional.

La mandataria admitió que esas corruptelas le han dificultado el nombramiento de los miembros de su Gabinete de cara a su segundo mandato, debido a que se sospecha que muchos políticos de la base oficialista están implicados en el asunto.

En ese sentido, dijo que consultará a la Fiscalía, responsable por las investigaciones, sobre la eventual responsabilidad de algunos de los candidatos a ministro.

"Preguntaré si hay algo contra fulano que me impida designarlo", declaró Rousseff, quien reconoció que eso fue generado por una lista de 28 políticos supuestamente implicados divulgada por el diario O Estado de Sao Paulo, que incluye a algunos nombres que se barajan como posibles nuevos ministros.

Entre ellos está el actual presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, sugerido por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) como nuevo ministro de Integración Nacional.

No obstante, Rousseff aclaró que esa lista "no es oficial" y que no puede decidir en función de ella, aunque aún así consultará a la Fiscalía.

Rousseff hasta ahora ha designado solamente a 4 de los 39 ministros que integrarán su nuevo equipo de Gobierno.

Se trata de los futuros titulares de Hacienda, Joaquim Levy; de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Armando Monteiro, y de Planificación, Nelson Barbosa, y del presidente del Banco Central, Alexandre Tombini, ratificado y que tiene estatus de ministro.

Sobre los 35 ministros que faltan, la presidenta aseguró que algunos serán designados esta misma semana y que "para el 29 de diciembre", dos días antes de su investidura, aspira a tener concluida por completo la reforma de su Gabinete.

En relación a Petrobras, Rousseff volvió a defender a la actual presidenta de la empresa, Graça Foster, a quien ha decidido mantener en el cargo porque, según afirmó, "no existe una sola prueba" contra ella.

Según calcula la Policía, en la última década se enquistó en la estatal una mafia de empresarios y políticos que acrecentaba valor a los contratos para obras de la empresa y desvió de ese modo cerca de 10.000 millones de reales (unos US$3.850 millones).

"Considero absurdos los volúmenes de dinero desviados", declaró Rousseff, quien admitió que el escándalo le ha creado "un clima muy difícil" a Foster, quien debe seguir en el cargo pues "lidera" una investigación interna de la propia empresa.

El escándalo le ha impedido a la petrolera presentar su balance correspondiente al tercer trimestre, lo que llevó a que las agencias Moody's y Standard & Poor's a rebajaran la nota de la compañía, que pudiera caer aún más en los próximos meses.

Pese a que unas nuevas rebajas le dificultarían a la empresa el acceso a los créditos internacionales, Rousseff afirmó que Petrobras "tiene caja como para pasar un año sin tener que recurrir a los mercados internacionales".