La mandataria ordenó la semana pasada un recorte presupuestario de US$30.000 millones en 2011, y ha sido firme frente a pedidos de líderes sindicales y de sus partidarios en el Congreso para que permita un aumento del salario mínimo más allá de su propuesta de 6,9%.

Brasilia/Rio de Janeiro. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, enfrentará este miércoles la mayor prueba hasta el momento a su capacidad de controlar a su coalición y contener la creciente inflación en el país cuando el Congreso vote sobre un aumento del salario mínimo.

Rousseff, que ordenó la semana pasada un recorte presupuestario de US$30.000 millones para el 2011, ha sido firme frente a pedidos de líderes sindicales y sus partidarios en el Congreso para que permita un aumento del salario mínimo más allá de su propuesta del 6,9%, a 545 reales (US$326) mensuales.

Un incremento superior pone en riesgo sus esfuerzos para contener el gasto público desatado y amenaza con impulsar aún más la inflación que alcanzó casi un 6% en el 2010, su mayor nivel en seis años, en medio de un fuerte crecimiento económico.

Ganar suficientes votos para la propuesta debería ser fácil para Rousseff, cuya coalición gobernante cuenta con amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso tras su contundente victoria en las elecciones de octubre.

Pero la débil lealtad partidaria se ha traducido en que el Gobierno ha tenido que cortejar en los últimos días a miembros de su coalición, incluyendo a su propio ministro del Trabajo, mientras busca evitar lo que sería una humillante derrota en la primera gran prueba de apoyo para Rousseff en el Congreso.

Rousseff está arriesgando su aún no probada popularidad al impulsar la austeridad, aunque analistas afirman que puede usar algo del capital político que ganó durante las elecciones.

Su predecesor, el ex líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, vio un aumento de casi un 60% en el valor real del salario mínimo entre el 2002 y el 2010, lo que ayudó a sacar a millones de brasileños de la pobreza y a mantener su popularidad en niveles récord.

Presión de sindicatos. Líderes de sindicatos, que quieren un aumento del salario mínimo a al menos 580 reales, desde 510 reales mensuales, afirman que Rousseff está usando la inflación como una excusa para aprobar una agenda de austeridad fiscal que afectará mayormente a los pobres y a la clase trabajadora.

"La inflación no está siendo causada por la demanda, está viniendo desde afuera. Es de las materias primas y la especulación financiera", dijo Antonio Neto, presidente del importante sindicato CGTB.

"No podemos aceptar esto; es como usar la influenza como una especie de cura", graficó este martes durante una intervención en el Congreso en la que estuvo presente el ministro de Hacienda, Guido Mantega. Miembros de su sindicato lo vitorearon.

El salario mínimo es usado para calcular una variedad de sueldos y beneficios estatales, incluyendo pensiones para casi 19 millones de brasileños.

Cada real adicional añade casi 300 millones de reales al gasto anual del Gobierno y estimula una economía que ya está siendo estirada hasta sus límites.

El gobierno, cuya coalición controla unos 380 escaños en el Congreso, necesita una simple mayoría de 513 votos para asegurar que la propuesta sea aprobada por el Senado.

Probablemente lo logrará, pero cualquier resultado menor al 60% de los votos podría ser una señal de debilidad, dijo Cristiano Noronha, analista político de la consultoría Arko Advice, con sede en Brasilia.

"Es un voto de alto riesgo para el Gobierno. Hay mucho en juego", sostuvo.