El decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial, prohíbe retrasos del Gobierno de más de cinco días en el cumplimiento de pagos de préstamos de entidades financieras.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, prohibió el viernes retrasos en pagos por préstamos bancarios solicitados por el gobierno, antes de una decisión de la corte sobre los incurridos el año pasado, lo que podría servir como argumento para un juicio político en su contra.
El decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial, prohíbe retrasos del Gobierno de más de cinco días en el cumplimiento de pagos de préstamos de entidades financieras.
La decisión tiene lugar en momentos en que Rousseff enfrenta una posible impugnación por acusaciones de que infringió la ley de responsabilidad fiscal del país al retrasar sistemáticamente los pagos a prestamistas brasileños por el anticipo de dinero para pagar programas sociales, como el seguro por desempleo.
El retraso en los pagos hizo que las cuentas fiscales del país parecieran mejores a lo que eran realmente antes de las elecciones presidenciales de 2014.
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decidirá la próxima semana respecto a si rechaza o aprueba el manejo de Rousseff de las cuentas públicas el año pasado.
El Gobierno niega haber incurrido en irregularidades y asegura que cumplió con la ley al ejercer su contabilidad.
