El tipo de cambio, luego de la volatilidad inicial, se estabilizó en torno a $19 argentinos y la revisión de la meta inflacionaria que pasó de 10% a 15%, ha recuperado la credibilidad en el mercado, según analistas.
El Observador de Uruguay. El arranque del año viene sorprendentemente tranquilo para el gobierno de Mauricio Macri, tanto en la faz económica como en la política. Algo que nadie esperaba, a la luz del diciembre caliente que se vivió, con las protestas violentas contra la agenda de reformas y en medio de anuncios de "recalibración" del plan económico. Pero luego de esas jornadas nerviosas, con cacerolazos en las calles y un dólar descontrolado en los paneles de la City financiera porteña, todo parece haber encontrado su cauce.
El tipo de cambio, luego de la volatilidad inicial, se estabilizó en torno a $19 argentinos, algo que en el gobierno no solo no preocupa sino que hasta es visto con alivio. Los funcionarios sostienen que se ganó oxígeno en el frente de la competitividad, porque el anterior dólar por debajo de los $18 llevaba a un peligroso retraso cambiario.
Pero, sobre todo, el sinceramiento sobre que la anterior meta de inflación de 10% era incumplible logró que se recuperase credibilidad en el mercado. Con el 15% como nuevo objetivo, los funcionarios creen que tendrán mayores posibilidades de influir sobre las negociaciones entre sindicatos y empresas para la próxima tanda de ajustes salariales de marzo/abril.
Y –otra consecuencia directa de haber "recalibrado" la inflación– hay ahora una expectativa de una baja de tasas de interés. Era el gran tema de conflicto interno del gobierno argentino, ya que el ala más política sostenía que una tasa de 28,75% atentaba directamente contra el objetivo de crecimiento de 3,5%.
La tasa bajó 75 puntos básicos (a 28%) y el Banco Central dio a entender que, con un objetivo inflacionario más bajo, ahora habría condiciones como para aflojar un poco la dura política monetaria que llevaba adelante Federico Sturzenegger.
Tanteo al mercado de deuda. La otra buena noticia en el arranque del año vino por el lado del financiamiento. Según la estimación del ministro de finanzas, Luis Caputo, el país necesita emitir este año deuda por US$30.000 millones para cubrir los vencimientos y cubrir los agujeros fiscales que mantiene el programa económico "gradualista".
Una parte importante de esas necesidades ya quedaron aseguradas en la primera semana del año. En una sorpresiva jugada, Caputo salió a tantear el mercado de crédito y obtuvo suficientes demostraciones de interés como para tomar US$9.000 millones, es decir casi un tercio del financiamiento total previsto para el año.
Pero, además, el gobierno festejó la tasa –6,9% para el tramo a 30 años–, que Caputo calificó como "una de las más bajas de nuestra historia". Es una tasa que, vista desde Uruguay, puede parecer alta, y de hecho representa el doble de lo que se paga en la región. Pero vista en contexto argentino –que recién hace un año dejó atrás un default que había durado 15 años– se trata de una tasa sorprendente por lo baja.
Riesgoso en reducción estatal. En ese contexto de calma recuperada, el gobierno quiere aprovechar para avanzar en algunos de los temas que no encontraron su momento político el año pasado.
El principal de ellos es la reforma laboral, que había tenido una fuerte resistencia por parte de los sindicatos y los partidos de izquierda. Ahora, ya con la mayoría de su agenda de reformas aprobada y luego de haber comprometido a los gobernadores provinciales peronistas a garantizar sus votos en el parlamento, quiere retomar esas iniciativas pendientes.
La gran duda es si el cálculo político que hace el gobierno macrista, en el sentido de ahora es el timing correcto para medidas de este tipo. Porque si bien es cierto que se diluyó el movimiento de protesta violenta que había ganado las calles en diciembre, también es verdad que sigue habiendo motivos capaces de desencadenar el descontento.
Por caso, se está comprobando en estos días un avance en las desvinculaciones de empleados estatales. Son casos aislados y relativamente pequeños, pero que sumados llegan a totalizar unos 3.000 trabajadores cesanteados.
Los casos son de áreas diversas, desde Fabricaciones Militares hasta emisoras de radio y televisión públicas. Y los sindicatos de estatales ya se declararon en estado de alerta y movilización. En el gobierno alegan que no se trata técnicamente de despidos –al igual que en Uruguay, los empleados estatales están protegidos legalmente con un régimen de inamovilidad– sino que lo que está ocurriendo es simplemente la no renovación de contratos a término.
Sin embargo, el intento de poner paños fríos no parece dar mucho resultado. Lo cual parece lógico dado el momento político: fue el propio Mauricio Macri quien, en sus anuncios tras la victoria electoral de octubre, había marcado el exceso de personal estatal como uno de los temas a atacar en la segunda etapa de su mandato.
Muchos recordaron en los últimos días cómo Macri había puesto a la Biblioteca del Congreso como un caso sintomático de la sobrepoblación irracional de empleados. "Tiene más empleados que las bibliotecas más grandes que el mundo", señaló el Presidente, quien luego detalló que "en los últimos años pasó de menos de 500 a más de 1.700 trabajadores".
A la hora de la argumentación legal, lo que exponen los directivos gremiales es que el Estado ha sido en los últimos años un empleador plagado de situaciones irregulares, lo cual relativizaría la visión gubernamental sobre contratos que simplemente llegan a su fin previsto.
Mencionan caso de contratados que pueden pasar años en la misma situación sin ser formalmente incorporados a la llamada planta permanente, los incluidos en plantas "transitorias" que revisten dentro de esa categoría mucho más tiempo del plazo legal para el cual se pensó ese régimen, abuso del sistema de contrato "tercerizado" mediante convenios con otras entidades, por solo nombrar algunas.
