Con una inflación de dos dígitos, caída de la tasa de empleo, competitividad afectada y rentabilidad baja de las empresas, déficit fiscal alto y tarifas públicas por encima de los costos de los principales países de referencia, el gobierno de Uruguay tiene poco resto para actuar en el corto plazo.

El Observador de Uruguay. Las nubes siempre estuvieron, pero ahora se ven de más cerca y llaman a una mayor cautela. En los últimos meses, la coyuntura internacional se agravó para Uruguay. Los capitales financieros son más reacios a instalarse en estas partes del mundo, las potencias –en particular, Estados Unidos– ponen más trabas al libre comercio y la región no solo se vuelve más inestable desde el punto de vista macroeconómico sino también más barata y eso afecta doblemente a la actividad uruguaya.

El contexto económico se deteriora. Y se observa en las encuestas de expectativas –no solo de expertos y empresarios, sino además de consumidores– y en los datos de actividad. A un esquema de crecimiento moderado y pérdida de puestos de trabajo, se suma una coyuntura internacional más desafiante, que alimenta aun más ese clima que se instaló en los últimos meses de que la cosa no camina y hay que tener cuidado.

Nadie habla de crisis. A lo sumo, algunos analistas proyectan un período corto de recesión –dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica–, pero ni aun el experto más pesimista espera que 2018 y 2019 terminen con una contracción de la actividad.

En diciembre, la mediana de analistas que participa en la Encuesta de Expectativas Económicas de El Observador preveía un crecimiento de la economía uruguaya de 3,3% este año y en marzo –primera vez que se relevó ese horizonte de proyección– esperaban una expansión de 2,9% en 2019. Hoy las expectativas de crecimiento se encuentran en 2,1% y 2,6%, respectivamente.

Lo que preocupa no es solo que durante dos años la economía uruguaya mantendría tasas de crecimiento menores al 2,7% que tuvo en 2017, sino además la trayectoria de esas expectativas que en los últimos meses fueron ajustándose paulatinamente a la baja.

La sequía al inicio del año hizo lo suyo. Ahora lo que más preocupa es la región. Argentina es una bomba de tiempo. Hace rato que lo es, pero ahora al reloj le queda menos cuerda. Y el momento en que se especulaba con la posibilidad de salida limpia y ordenada quedó atrás.

En lo que va del año, las perspectivas de crecimiento para 2018 de los economistas internacionales encuestados por el LatinFocus Consensus Forecast de FocusEconomics pasó de 2,9% a apenas 0,4%. Y eso en un escenario de inflación de 30,4% –casi el doble de lo que se preveía al comienzo del año– y un déficit fiscal de 5%, cada vez más difícil de financiar.

Es cierto que el acuerdo alcanzado por el gobierno de Mauricio Macri le da algo de aire al vecino país. Sin embargo, el contexto internacional no ayuda en lo más mínimo. Las acciones comerciales de Donald Trump contra Turquía, en un escenario de creciente hostilidad comercial de Estados Unidos –el ida y vuelta con China es solo un ejemplo–, afectaron la propensión de los inversores a la toma de riesgo.

El riesgo país emergente dio un salto en las últimas semanas. El indicador EMBI+ de JP Morgan para Uruguay pasó de 163 puntos al cierre del mes pasado a 186 este lunes. Luego bajó a 174 puntos y el efecto pareció prácticamente diluirse. Sin embargo, en el caso argentino, la suba fue desde 558 puntos –un nivel ya de por sí elevado– a 748 puntos al principio de esta semana. Y no volvió a los registros anteriores sino que se quedó en 663.

Incluso en el mejor de los escenarios, la corrección de los desequilibrios de Argentina vendría de la mano de un ajuste fiscal que recortaría en el corto plazo el poder de compra del vecino país. Si a eso se suma la suba del dólar de 74% en los últimos 12 años, el efecto no solo vendrá por el lado de los ingresos de los argentinos sino además por el lado de los precios.

Lo mismo sucede en Brasil, pero a una escala mucho menor. Las perspectivas para el vecino país empeoran, aunque a un ritmo más lento. De diciembre a agosto, la proyección de crecimiento de la mediana de los analistas para este año bajó de 2,4% a 1,7%.

Todavía se espera que la economía brasileña se expanda y lo haga a una tasa superior a la del año pasado –cuando abandonó la recesión–, pero se trata de un despegue más lento al previsto inicialmente y mucho más incierto.

Los factores políticos agravan la situación del vecino país. Con un sistema donde la corrupción y la demagogia obstaculizan las transformaciones urgentes que requiere la economía, la inversión hoy se encuentra en niveles bajos y los expertos no prevén que la desocupación baje de 10%, al menos hasta 2020.

Poco margen. En un escenario de creciente incertidumbre y recorte de expectativas de crecimiento, contar con margen de política económica resultaría un aliado fundamental para capear los posibles impactos de un shock externo. Sin embargo, el margen que acumula hoy el gobierno es más bien escaso, por no decir nulo.

Con una inflación de dos dígitos, caída de la tasa de empleo, competitividad afectada y rentabilidad baja de las empresas, déficit fiscal alto y tarifas públicas por encima de los costos de los principales países de referencia, el gobierno tiene poco resto para actuar en el corto plazo.

El ciclo político también influye. La campaña del año que viene será una oportunidad para mostrar por parte de los distintos contrincantes proyectos creíbles que no solo tengan en cuenta el nuevo escenario económico y las limitantes domésticas, sino además que brinde tranquilidad a inversores y consumidores.

El Frente Amplio, desde sus bases, reclama un giro a la izquierda que se aprovecha del debilitamiento de los sectores más al centro de la fuerza política. Eso no ayuda. La oposición muestra propuestas aisladas, pero no hay una proyecto conjunto, articulado, que exponga las falencias de la conducción actual y brinde alternativas creíbles, a la altura de los actuales desafíos.

Todavía falta para 2019, pero todo el sistema político debería prepararse con tiempo y recursos para asumir un gobierno en 2020 mucho más desafiante de lo que fueron las últimas tres administraciones.