El éxito del plan está condicionado a cómo evolucione la economía

Montevideo. Con el objetivo de mejorar el resultado de las cuentas públicas en un punto del Producto Bruto Interno (PIB), el Poder Ejecutivo anunció semanas atrás un paquete de medidas que incluyen un reordenamiento del gasto y un incremento de los ingresos públicos a través de un aumento de impuestos enfocado principalmente en los trabajadores de mayores ingresos. Conocida la decisión del equipo económico, entre los analistas se coincide en que el gobierno no tenía otra alternativa que ajustar sus finanzas, a luz de la delicada situación fiscal.

Otro motivo de coincidencia son las dudas respecto en si el ajuste será suficiente para reducir el déficit fiscal, en un escenario caracterizado por una marcada desaceleración de la economía.

El plan propuesto por el Poder Ejecutivo plantea elevar la recaudación en US$ 335 millones por la vía de modificaciones tributarias y bajar erogaciones en US$ 135 millones mediante diferimientos y recortes, a partir de 2017.

En diálogo con El Observador, el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, Hernán Bonilla, dijo que a partir del último dato del déficit fiscal (llegó a 4% en abril) el ajuste dispuesto por el gobierno seguramente resultará "insuficiente" para demostrar que se mantienen las cuentas públicas bajo control.

"Esto puede llevar a que en el transcurso del año se realicen nuevos ajustes, siendo los más probables, aunque no los más deseables, nuevas subas de tarifas de las empresas públicas y recorte en inversiones por ser los más simples de instrumentar para el gobierno", sostuvo Bonilla. "Queda en el debe la baja del gasto y medidas más concretas para reducir la cantidad de empleados en el Estado y mejorar el funcionamiento de las empresas públicas" añadió.

En tanto, el economista y socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone, sostuvo que el ajuste propuesto puede considerarse suficiente o no, de acuerdo a cuál sea el objetivo que realmente persigue el gobierno. "Es suficiente al menos en dos dimensiones. Primero, es probable que logre un aumento del resultado fiscal de un punto porcentual del PIB al finalizar 2017 y que, gracias a ello, el ratio deuda pública/PIB modere su ritmo de crecimiento. En contraste, dado que sería insuficiente para evitar que esta relación se estabilice (deje de crecer), es probable que sea insuficiente para evitar perder la calificación de grado inversor de la deuda pública en ausencia de medidas adicionales", escribió en su sitio web. Para Oddone, eso supone que el gobierno deberá volver a realizar ajustes sobre fin de año, probablemente recurriendo a las tarifas públicas.

Por su parte, el director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ernesto Talvi, sostuvo esta semana que la magnitud del ajuste es adecuada, pero no su diseño. Sobre este punto consideró que es "legítimo" tener dudas respecto a si las medidas serán efectivas para corregir el desequilibrio fiscal.

Talvi indicó que el hecho de aumentar impuestos genera presiones recesivas y en consecuencia por cada $ 100 que se pretende recaudar con el aumento de los impuestos, se recaudará menos que esa cifra porque con su aplicación va a deprimir la economía, reduciendo los ingresos por IVA, IMESI, IRAE o el propio IRPF.

En ese sentido, planteó una serie de propuestas para un ajuste fiscal más efectivo y con menor impacto sobre la actividad y las posibilidades del país en el largo plazo. El primer elemento de diseño es que los aumentos de impuestos no sean permanentes sino transitorios. En segundo lugar, consensuar con los partidos de oposición una regla fiscal a la chilena para evitar recaer en desequilibrios fiscales problemáticos en el futuro. Como tercera medida, propuso "reducir el gasto público improductivo".

Esto implica no reponer vacantes en el sector público hasta que el número de funcionarios vuelva a los niveles de 2009 –no alcanza, según Talvi con el plan oficial de tomar dos de cada tres vacantes que se generan–. Esto implicaría reducir en 8.000 puestos la plantilla del Estado por año y alcanzar un ahorro de US$ 500 millones al cabo del período. Dentro de esa reducción de gastos, ubicó como prioritaria la profesionalización de la dirección de empresas públicas.

"No es para nada claro que este ajuste fiscal vaya a generar los resultados deseados, y si esto no funciona vamos a estar, lamentablemente, de ajuste en ajuste", dijo el economista de Ceres,Ernesto Talvi

Una de las grandes preocupaciones del gobierno que llevaron al ajuste fiscal propuesto por el Poder Ejecutivo es mantener el grado inversor. La calificación que tiene la deuda uruguaya es una de las principales fortalezas con las que cuenta la economía local. Pero el anuncio del Poder Ejecutivo genera dudas entre las calificadoras de riesgo que si bien mantienen el grado inversor de Uruguay han advertido que pueden corregir la nota. Esta semana, la agencia Standard & Poors (S&P) mantuvo la nota de deuda soberana de Uruguay, pero bajó la perspectiva desde estable a negativa, lo que aumenta el peligro de una revisión a la baja.

"Hay un riesgo de que las medidas actuales en términos fiscales y en crecimiento no sean suficientes o que su implementación no sea la adecuada y eso pueda llevar a una baja de calificaciones. Tienen una en tres posibilidades de que esto se materialice en los próximos dos años", expresó la analista para Uruguay, Delfina Cavenagh al programa Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Los nuevos pronósticos del gobierno establecen que la economía crecerá 0,5% en 2016, dos puntos menos que lo planificado en 2015. Las autoridades son más optimistas para el resto del período de gobierno con proyecciones de 1% (2017), 2% (2018) y 3% (2019), lo que da un crecimiento total de 7,5% al fin del quinquenio, es decir la mitad de lo previsto en la ley de Presupuesto.

Para que esto tenga impacto en los números es necesario que Uruguay crezca. La eficacia de este ajuste va a depender de cuánto crezca", dijo Delfina Cavenagh, Analista de Standard & Poors

Las cuentas públicas cerraron en los 12 meses a abril con un déficit equivalente a 4% del PIB, su mayor nivel desde agosto de 2003. La mediana de los analistas encuestados en mayo por El Observador espera que el año cierre con un rojo de 3,9%, para moderarse a 3,7% en 2017. El equipo económico mantiene sin cambios la meta fiscal para el año 2019 fijada en 2,5% del PIB.

A la decisión de Standard & Poor's se podría sumar la agencia Moody's. En su último reporte alertó sobre la situación económica del país, al considerar que "el empeoramiento del entorno macroeconómico aumenta los retos" para cumplir con los "objetivos fiscales". En tanto, la calificadora de riesgo Fitch sostuvo "un débil crecimiento y las presiones que hay sobre el gasto público pueden hacer insuficiente el plan para estabilizar completamente la creciente carga de deuda pública".

Por su parte, para el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), el ajuste fiscal es suficiente para estabilizar la deuda pública, pero se entiende que pueden surgir nuevas tensiones si la economía no recupera su crecimiento tendencial desde 2018, según el informe de actividad y comercio divulgado esta semana.

En ese sentido, se indicó que margen de maniobra de la política fiscal es "escaso" y que el "éxito" del paquete de medidas de "consolidación" de las cuentas públicas del gobierno está "condicionado" a la evolución de la economía. "Si las tasas de crecimiento del PIB no convergen a los niveles potenciales de largo plazo, es posible que la sostenibilidad de la deuda vuelva a estar comprometida", alertó Cinve.

Esa es la misma línea que manejó Cavanegh, de Standard & Poor's. La experta sostuvo que el plan va a ser "suficiente" en la medida en que Uruguay logre apuntalar el crecimiento. De todas maneras, destacó que para la calificadora de riesgo lo importante es que el gobierno dé señales de preocupación y acción en el área fiscal y que, en ese sentido, los anuncios son un avance.