Mauricio Peña, viceministro de la Producción, explicó que el retraso en la implementación, que se espera sea el 18 de julio, se debe a inconvenientes con los documentos habilitantes que debe presentar el exportador.

Entre cuestionamientos a la aplicación del Certificado de Abono Tributario (CAT) por parte de gremios exportadores, hoy empiezan las pruebas del trámite que requerirá esa compensación, dirigida a empresarios afectados por la falta del sistema de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea, por sus siglas en inglés).

Mauricio Peña, viceministro de la Producción, explicó que el retraso en la implementación, que se espera sea el 18 de julio, se debe a inconvenientes con los documentos habilitantes que debe presentar el exportador –como el caso de las flores– y a la elaboración de una matriz donde se entregarán los requisitos para su validación.

El Gobierno reconocerá un CAT de hasta el 80% del valor pagado en aranceles, desde el pasado 9 de mayo.

Para el sector florícola, el problema radica en que se exige la liquidación aduanera del país de destino (Estados Unidos), lo cual resulta engorroso.

En un ejercicio hecho por Expoflores con un embarque de 40 cajas de flores de varias fincas a algunos importadores se estableció la complejidad en la entrega del documento.

“Contiene once páginas de detalles, el sector exporta aproximadamente entre 12.000 y 15.000 cajas diarias, lo que representa 5.000 facturas diarias, de las cuales se deben calcular los aranceles en la Aduana de Estados Unidos”, se anota en el resultado del muestreo.

Además, se señala que las autoridades ecuatorianas al mes –solo en lo que respecta a exportaciones de flores– recibirán y deberán cotejar entre 900.000 a 1’200.000 hojas de registro de aranceles.

Ante esta situación, la alternativa planteada por el Ejecutivo es que solo el sector florícola entregará la Declaración Única Aduanera (DAU), las facturas que demuestren la exportación y la guía aérea; sin embargo, para llevarlo a la práctica el Comité de Comercio Exterior (Comex) deberá emitir una resolución en ese sentido.

Alfredo Zeller, empresario del brócoli, mencionó que aún analizan el tema pero adelantó que ve complejidad en los documentos que se pedirán para acceder a la compensación, en especial la liquidación en la Aduana de Estados Unidos.

El argumento es que ese documento no lo tiene el exportador, sino el importador.

Otro cuestionamiento al abono tributario está en que la resolución del Comex establece que el beneficio se reconocerá solamente a las exportaciones amparadas en las subpartidas del país de destino que hayan empeorado el nivel de acceso.

Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles (AITE), criticó esa condición y argumentó que hay casos como el de su sector que ha asumido el arancel y por lo tanto no hay deterioro del mercado. “El momento en que el Gobierno quiera simplemente medir el deterioro de la exportación de una partida o una subpartida arancelaria, puede ser que, en nuestro caso, no encuentre tal deterioro”.

Peña, en cambio, dijo que es evidente que las empresas que envían sus productos a Estados Unidos han sufrido un deterioro en su acceso a ese mercado por la finalización del Atpdea del pasado 12 de febrero.

Acerca del formulario que deberán llenar los exportadores, el funcionario sostuvo que se lo está depurando.