El gobierno ecuatoriano adelanta un plan de revisión tributaria para recuperar lo adeudado. Analistas advierten que la cantidad que deben los grupos económicos y la tolerancia para que paguen, se debe a su capacidad de control del mercado.
Quito. De los US$4.500 millones pendientes en proceso de juicio en el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, al menos unos US$2.600 millones corresponden a las deudas de grandes grupos económicos con el Estado.
La revisión tributaria prevista en el programa económico del presidente Lenín Moreno implica, para las grandes empresas que sean examinadas el 100% de los intereses, multas y recargos, pero con un plazo de 90 días, siempre y cuando éstas desistan de continuar con acciones legales a nivel nacional e internacional.
Pablo Iturralde, Director Ejecutivo del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), señaló a Andes que la cantidad significativa que deben los grupos económicos y la tolerancia para que paguen se debe a que estos grupos tienen la capacidad de control del mercado y de las ventas.
“El poder económico que tienen es reflejo del poder que tienen para presionar sobre autoridades políticas, es la única manera cómo se puede entender que se espera a estos grupos entre 5 a 8 años por montos que son en decenas de millones de dólares”, indicó.
Afirmó que las empresas que más deben al Estado son las petroleras, las agroexportadoras, luego las bananeras vinculadas a un poder de mercado concentrado y concentración de activos como tierras, de los créditos para la industria y de los canales de comercialización.
Entre los importadores, Iturralde destaca a las importadoras de electrodomésticos, alimentos, las grandes cadenas comerciales. Le siguen están las bananeras, exportadoras y los bancos a su criterio constan como un grupo deudor importante por su importancia en la economía,
“Son un actor muy relevante, con un nivel más bajo de deudas en relación a otras empresas que deben muchísimo al Estado, mientras Banco Pichincha debe US$42 millones; Andes Petroleum debe US$1.000 millones”, indicó.
El funcionario manifestó que existe una vía legal para cobrar a partir de las medidas que están previstas en la ley, desde sanciones hasta embargo de bienes, y afirmó que la negociación eleva el estatus de un deudor a un actor en negociación y que la remisión de deudas va contra el principio de progresividad.
“Los grupos concentrados deben aportar más en relacionan con la población que menos tiene, los recursos que dejan de pagar los grupos económicos hay que obtenerlos por otras vías y generalmente con el cobro de impuestos a la clase media, sectores populares, que contribuyen al estado mediante el pago del IVA, servicios públicos u otros impuestos indirectos”, remarcó.
Sugirió que se establezca un esquema que fortalezca la progresividad para que paguen lo justo los sectores con más recursos y señaló que la propuesta de varios grupos empresariales de que si tienen menos impuestos generarán más empleos “es un pensamiento caduco que exigen desde hace décadas, cuando la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la Cepal y el mismo Fondo Monetario Internacional solicitan que se cobre más a quienes más tienen”.
Iturralde insistió en que las empresas que deben al Estado el 2% del Producto Interno Bruto (PBI) negocian directamente y ponen en riesgo la perspectiva nacional porque los impuestos son un mecanismo para garantizar salud, educación, bienestar social, ya que cuando no se paga, se vulneran derechos. Mientras, aclaró, el debate sobre la calidad del gasto para que no exista corrupción es otro debate.
En tanto, Jaime Cabezas, docente de Economía de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y Máster en Economía por INCAE Business School (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas), indicó en entrevista con esta agencia que para que se paguen los impuestos, el Estado tiene la fuerza y el poder de coerción, es decir el poder de coactiva.
“Si fuera empresario, si veo que me es conveniente en vez de litigar pagar una parte de la deuda es menos costoso que una discusión jurídica, podría llegar a un acuerdo de aceptar la amnistía tributaria”, apuntó.
En su criterio, la “enfermedad del 'estatismo'” para que los que más tienen paguen más, ha generado una baja productividad, y señaló que cuando se retiran recursos, se corta que los empresarios los reinviertan y capitalicen, que es la única forma de que se agrande el tamaño de las empresas.
“Esto no significa no cobrar hay que pensar profundamente hasta donde va a llevar esto, Europa se encuentra enfrascada en una baja productividad, íntimamente asociada con la descapitalización cuando redistribuye se gasta hoy lo que nos podría hacer más ricos a todos en el futuro”, expresó.
Explicó que cuando los empresarios hacen dinero agrandan las empresas y pueden generar más empleos, en cambio, “si se destruye ese valor, se ataca a la fuente de riqueza. "No hay que matar a las gallina de los huevos de oro”, aseveró.
Por su parte, el legislador por Alianza PAIS Mauricio Proaño dijo a este medio que es fundamental cobrarle a los grupos económicos, que suman 217 y adeudan alrededor de US$2.260 millones, cifra que, según declaró la ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, María Elsa Viteri, no debe mantenerse como un 'stok de juicios'.
Proaño manifestó que existen juicios que se prolongan en algunos casos más de cinco años y que no es cuestión de que se les cobre más impuestos, sino que paguen lo justo y que la presión fiscal, por ejemplo, en el caso de un banco en Ecuador es de 1,7%, es la más baja de América Latina.
El asambleísta sostuvo que si de esa cifra se recuperarían al menos US$3.000 millones “quedaría cubierto el Plan Toda una Vida que vale US$1.000 millones, la Minga Agropecuaria y otros programas del gobierno”.
Señaló por otra parte que se estima entre US$30.000 a US$56.000 millones salieron desde Ecuador hacia paraísos fiscales, lo cual perjudica el desarrollo del país.
Estimados oficiales indican que en los paraísos fiscales permanecen unos US$30.000 millones que representan la tercera parte de la economía ecuatoriana, y más de su 30% del Producto Interno Bruto (PIB). Esa cifra se calcula que a escala mundial US$7,6 billones.
En tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calcula que esta región tiene un déficit de inversión en infraestructura de más de US$180.000 millones al año, y de ahí la importancia de que los recursos sean retornados a sus lugares de origen para que sean invertidos y puedan superarse los escollos al desarrollo.
“Muchos de esos dineros salen por evadir impuestos, incluso en la web del SRI aparecen los nombres de las personas que tienen dinero en paraísos fiscales porque eso es público, se imagina el país con personas que paguen sus impuestos de US$4000 millones y más de US$30.000 millones que tienen afuera no necesitaríamos endeudarnos más”, indicó el legislador Proaño.
Dijo, sin embargo, que Ecuador es el país con menos presión fiscal de América Latina y que estudios de la Cepal y de las Naciones Unidas han manifestado que la reducción de impuestos no mejoró ni la tecnología, ni la innovación y redujo la pobreza.
Empresarios europeos y estadounidenses advierten que es adecuado cobrar impuestos y no reducirlos para que los Estados puedan garantizar la provisión de servicios de salud, educación, vialidad, por ejemplo.
