La Oficina del Representante de Comercio exige que el gobierno guatemalteco establezca fianzas y sanciones a las maquilas que violen los derechos de los trabajadores.

Un semestre le queda a Guatemala para resolver su dudosa protección de los derechos laborales. De lo contrario, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, en inglés) le abrirá un proceso de arbitraje.

La USTR exige que el gobierno guatemalteco establezca fianzas y sanciones a las maquilas que violen los derechos de los trabajadores, entre otro pliego de reformas, dado que está violando el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).

El ministerio de Economía y el USTR se comprometieron en agosto a cumplir con una agenda para mejorar la protección de los trabajadores, pero quedan 17 puntos pendientes.

Luis Velásquez, ministro de Economía guatemalteco, dijo al matutino El Periódico que hay dos puntos sensibles para Guatemala debido a que son inconstitucionales: el otorgamiento de la capacidad de sanción a la Inspección General de Trabajo y el pago de fianzas para empresas beneficiadas con la Ley de la Activdad Exportadora y de Maquila.

El funcionario manifestó que sin tocar ambos aspectos se pueden establecer controles adicionales para proteger a los empleados.

Pero la inconstitucionalidad de dichas medidas está en duda. Luis Linares, exministro de Trabajo, manifestó que solo se trata de excusas para no introducir cambios en esas líneas.

Velásquez y Sergio de la Torre, ministro de Economía del próximo gobierno, visitaron la semana pasada a funcionarios del USTR, senadores y congresistas para presentar los avances en el plan de compromisos. Ahí anunciaron la contratación de 100 inspectores de trabajo.

"No vamos aceptar que nos pongan en la lista negra y les digan a los inversionistas que tenemos problemas”, apuntó el actual ministro de Economía, ante el plazo dado por la USTR.

Estados Unidos estudia convocar a un panel de arbitraje contra Guatemala, debido a denuncias sobre violaciones laborales y asesinato de sindicalistas, presentadas por la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) y seis sindicatos guatemaltecos en abril de 2008.