"S&P se involucró en una maquinación para defraudar a los inversores conscientemente al inflar las calificaciones de crédito de los activos que disfrazaban su solvencia y sus riesgos", aseguró el fiscal, Eric Holder.

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció un acuerdo con la agencia Standard & Poor's (S&P) por el que recibirá US$1.375 millones, como resultado de la investigación civil sobre su papel en la manipulación de la calidad crediticia de activos financieros respaldados por hipotecas basura.

"S&P se involucró en una maquinación para defraudar a los inversores conscientemente al inflar las calificaciones de crédito de los activos que disfrazaban su solvencia y sus riesgos", aseguró el fiscal general estadounidense, Eric Holder, al anunciar el acuerdo.

Esa actuación de la agencia calificadora hizo que esos inversores, "incluidos muchas instituciones financieras con garantías federales, perdiesen miles de millones de dólares", indicó Holder.

El fiscal general subrayó que, aunque "esta estrategia pudo haber ayudado a S&P a evitar molestar a sus clientes, sí que provocó un daño enorme a la economía en general y contribuyó a la peor crisis financiera desde la Gran Depresión".

Mediante el pacto alcanzado, la agencia calificadora abonará US$687,5 millones al Departamento de Justicia y la misma cantidad se la repartirán diecinueve estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia.

Además, otros US$125 millones serán destinados a una agencia que gestiona las pensiones y servicios de salud de los empleados públicos de California.

La cifra resulta algo menor que lo solicitado en un principio por la Justicia estadounidense, que había pedido en compensaciones solo para ese departamento 1.000 millones de dólares.

Holder insistió en que este tipo de actuaciones "no serán toleradas" por el Gobierno estadounidense.

Asimismo, el fiscal general subrayó que "las evaluaciones de riesgo de S&P estuvieron afectadas por significativos conflictos de interés y sus acciones estuvieron motivadas por su deseo de aumentar sus beneficios y cuota de mercado para favorecer los intereses de sus clientes en lugar del de los inversores".

Con este acuerdo, se cierra el litigio civil abierto por el Departamento de Justicia en 2013.

Se trata de la primera gran sanción a una de las agencias de calificación por la crisis de 2008, ya que, hasta ahora, las multas se habían concentrado en los grandes bancos de Wall Street, que han pagado en conjunto más de 40.000 millones de dólares por su papel a la hora de empaquetar y vender estos activos de alto riesgo.

S&P, junto a sus principales rivales Moody's y Fitch's, se reparten casi el 95% del mercado de calificación crediticia mundial, por lo que jugaron un papel fundamental a la hora de garantizar la calidad financiera de unos activos que luego se probó apenas tenían valor.

Tras anunciar el acuerdo, la firma McGraw Hill, matriz de S&P Financial Services, indicó que estas sanciones serán asimiladas en la cuenta de resultados del cuarto trimestre, que se prevé sea divulgado el próximo 12 de febrero.

Ambas partes indicaron que el pacto tenía como "objetivo evitar el retraso, la incertidumbre, la inconveniencia y los gastos de litigios adicionales".

Después de conocerse la decisión, los títulos de McGraw Hill registraban un avance del 2,90% en Wall Street cerca de la media jornada, en una día de ganancias generalizadas en el mercado.