Pese a que Washington apoyó esta vez la posición argentina, Estados Unidos ha sido cada vez más crítico respecto de la decisión de la nación austral de negarse a pagar sus deudas, que incluyen compensaciones a firmas estadounidenses por disputas como consecuencia de su grave crisis en 2001-2002.

El gobierno de Estados Unidos apoyó a Argentina en una batalla legal por su default de 2002, al decir en documentos judiciales que el país austral no debería tener que pagar a los acreedores que no aceptaron un duro canje de deuda cuando salde su deuda con los que sí lo hicieron.

Argentina ha enfrentado litigios en Estados Unidos debido a su cese de pagos de deuda soberana por unos US$100.000 millones en medio de una feroz crisis económica entre el 2001 y el 2002, lo que ha obstaculizado sus intentos para retornar a los mercados de capitales mundiales.

En 2005 y 2010, el gobierno argentino realizó canjes de deuda que le permitieron normalizar el 92% de los bonos soberanos impagos.

El 23 de febrero, el juez de distrito de Nueva York Thomas Griesa ordenó a Argentina que cancele intereses a tenedores de bonos que quedaron fuera del canje cada vez que pague, incluidos NML Capital Ltd y Aurelius. La decisión vino luego de dos fallos similares en diciembre.

Argentina apeló rápidamente la decisión del magistrado estadounidense.

Este miércoles, abogados del Gobierno del país norteamericano presentaron un "amicus curiae", pidiendo que la Corte de Apelaciones de segunda instancia revierta los fallos de Griesa, de acuerdo con documentos obtenidos por Reuters y que fueron mencionados en medios argentinos el viernes.

Las órdenes del juez "podrían permitir que un solo acreedor consiga frustrar la implementación de un plan de reestructuración con apoyo mundial y, en consiguiente, socavar las décadas de esfuerzo que Estados Unidos gastó para alentar un sistema de resolución cooperativa de la crisis de bonos soberanos", escribieron los abogados oficiales.

Griesa aceptó una interpretación de la cláusula de "pari passu" incluida en muchos bonos que la firma matriz de NML, Elliott Associates, usó para impedir un canje de deuda peruana en el 2000.

En esa oportunidad, Elliott convenció a una corte belga de que bajo esa cláusula, todos los acreedores deberían ser tratados con igualdad y que la empresa debería recibir pagos de intereses junto con los inversores que sí ingresaron a la reestructuración de deuda peruana.

El país sudamericano finalmente llegó a un acuerdo con el fondo por US$58 millones  para poder seguir adelante con su canje.

"La construcción de la corte belga de la cláusula 'pari passu' se desvió de las prácticas habituales en los mercados y fue vista con una consternación casi universal por los mercados financieros", dijo el informe legal de Estados Unidos.

Los funcionarios de Argentina afirman que esperan que su apelación sea aceptada.

"La Argentina está muy tranquila respecto a este proceso, y no le cabe duda de que el fallo de la Corte de Apelaciones será favorable al país en esta sentencia", dijo el viernes a la agencia estatal Télam el Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía, Fabián Dall'O.

Griesa ha sido el encargado de una serie de demandas presentadas por tenedores de bonos impagos argentinos, pero hasta ahora ellos no han podido recuperar ningún dinero, dado que las leyes de inmunidad soberana de Estados Unidos protegen a la mayoría de los activos que tiene un país en el extranjero.

Pese a que Washington apoyó la posición argentina en este caso particular, Estados Unidos ha sido cada vez más crítico respecto de la decisión de la nación austral de negarse a pagar sus deudas, que incluyen compensaciones a firmas estadounidenses por disputas como consecuencia de su grave crisis en 2001-2002.

El mes pasado, el país norteamericano suspendió beneficios comerciales para Argentina debido a este asunto.

"Estados Unidos ha sostenido consistentemente, y sigue sosteniendo con vehemencia, que Argentina debería normalizar de inmediato las relaciones con todos sus acreedores, tanto públicos como privados", escribieron los abogados del Gobierno.