La población ocupada, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, es de 5,8 millones, de las cuales 2,8 millones de personas se ubican en el área rural, 1,8 millones en el resto urbano y 1,3 millones en el área urbana metropolitana.

Siete de cada 10 trabajadores se emplean en la economía informal, situación que evidencia dificultades para lograr mayores ingresos, además de que carecen de cobertura en seguridad social.

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei) del 2013, efectuada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revela que el 69,2% de la población ocupada a escala nacional se emplea en el sector informal, que representa unos cuatro millones de personas.

Del total, la población de entre 15 a 24 años, grupos indígenas y que residen en las áreas rurales son las más vulnerables.

El indicador se acentúa en el área rural guatemalteca en la cual ocho de cada 10 trabajadores están ocupados en ese sector.

La agricultura, el comercio y otras actividades de servicios son los que emplean a las personas en esta división de la economía.

Mercado laboral. La población ocupada, según la Enei, es de 5,8 millones, de las cuales 2,8 millones de personas se ubican en el área rural, 1,8 millones en el resto urbano y 1,3 millones en el área urbana metropolitana.

Según la Enei, en el 2013 la Población Económicamente Activa fue de cinco millones 990 personas.

Esa misma encuesta revela que la tasa de desempleo abierto fue del 3%, que equivale a 179 mil 243 personas.

“Los jóvenes, la población en el área rural y los sectores indígenas que residen en el área rural, son los que cuentan con las condiciones más precarias y obedece al mercado laboral”, reconoció Carlos Contreras, ministro de Trabajo.

El funcionario expuso que en la medida en que no se generen puestos de trabajo formales las relaciones laborales continuarán con esa tendencia, lo que representa un desafío para el Estado, empleadores y trabajadores.

La Enei detalla que el 30,8% de la población ocupada se emplea en el sector formal y cuenta con la cobertura de seguridad social.

La encuesta destaca que la población en edad de trabajar, en el 2013, fue de nueve millones 894 mil, de los cuales cuatro millones 664 mil son hombres y cinco millones 230 mil son mujeres.

Para Rigoberto Dueñas, de la Federación de Trabajadores Campesinos y Urbanos, las precariedades para la clase trabajadora, técnica y profesional se han marcado en el último año.

“En algunas fincas la jornada se paga aún entre Q30 (US$3,8) y Q45 diarios y las mujeres reciben la mitad de esos ingresos”, dijo.

“Esta situación tiene su origen en la poca coercitividad para el cumplimiento de las leyes laborales”, afirmó David Morales, de la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares de Guatemala.

Marcio Cuevas, presidente de la mesa laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expresó que la formalización de los empleadores dará certeza para el cumplimiento de esas leyes.

“El cumplimiento a la legislación dará las condiciones para generar más inversión y nuevos capitales”, afirmó.

Contreras señaló que fortalecen el programa que permitiría engrosar la formalidad.

Hermann Girón, presidente del Cacif, resaltó que la preocupación del sector empleador es que el Estado debe generar las condiciones propicias para que exista inversión y los empresarios aporten con las oportunidades de empleo formal.

Según los registros del Ministerio de Trabajo, en el país hay registrados dos mil 260 sindicatos

Legislación. Iniciativa de ley. La iniciativa de ley 4446 de inversión y empleo pretende atraer capitales del  extranjero al país otorgando beneficios fiscales a inversionistas, y a cambio las empresas deben  generar fuentes de trabajo.

El proyecto tiene dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior en el Congreso y se encuentra en la Presidencia del Congreso para ser analizada.

El diputado Antonio Ralda  informó que la iniciativa podría ser conocida en el período de receso del Legislativo.

Política. Ocupación distrital.  En marzo último, el Ministerio de Trabajo publicó el acuerdo en el  cual se declaran a cuatro municipios como territorios de circunscripciones económicas.

Los municipios son San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso; Estanzuela, Zacapa; y Masagua, Escuintla,  y serán modelos de desarrollo.

La iniciativa consiste en propiciar las condiciones de un desarrollo integral mediante la creación de empleo formal y atracción de inversión privada.

Tiempo parcial. Flexibilidad laboral. En el Congreso  de la República se encuentra, desde el 2012,  un  proyecto de  ley sobre flexibilidad laboral, el  cual permitiría la contratación de personal por horas con el derecho de seguridad social,  establecido en el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

La iniciativa incluye que las personas que trabajen a tiempo parcial obtengan todas las prestaciones de ley.

El sector privado manifestó su  apoyo a este proyecto, mientras que los sindicatos la rechazan.

Oportunidades. Trabajo a deportados. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala  lanzó en el 2013, en cooperación con el sector privado,  el programa Bienvenido a Casa.

El objetivo del proyecto es   dar asistencia al migrante para poder optar a un empleo  y consistirá en que al llegar al país por la vía aérea, los guatemaltecos puedan llenar un formulario para evaluar sus capacidades y así poder apoyar su formación en el Instituto Técnico de Capacitación (Intecap).

Cobertura. Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo  propuso en febrero último  el debate para abrir afiliaciones a más personas y mejorar la calidad en los servicios que presta el Seguro Social,   para reformar el sistema de seguridad social del país.

La iniciativa tiene como  objetivo  una seguridad social integral que incluya a ciudadanos que no gozan de  beneficios.

El debate fue respaldado por el sector industrial, no obstante la propuesta quedó paralizada en el Ministerio de Trabajo.