El Gobierno del presidente Iván Duque sigue afinando los detalles de la nueva propuesta de reforma de US$ 3.813 millones para reemplazar a la que fue retirada por el rechazo de los sindicatos. El dilema está sobre en qué momento presentarla y algunos piden esperar a la siguiente legislatura.
Bogotá. El Gobierno de Colombia enfrenta el dilema sobre en qué momento presentar una crucial reforma fiscal, en medio de un Congreso reacio y una ola de protestas sociales, mientras corre contra el reloj para evitar una nueva degradación de sus calificaciones crediticias, que ha encendido las alarmas de los inversores.
Ya la incertidumbre llevó hace un par de semanas a Standard & Poor's a retirar el grado de inversión del país y los expertos temen que se presente un efecto manada en el que Fitch y Moody's sigan sus pasos.
Analistas locales e internacionales como JPMorgan, estiman que de perder el grado de inversión por otra calificadora, el país enfrentaría una fuga de capitales por hasta US$ 3.500 millones, sin contar los que dejarían de ingresar.
Si bien congresistas, analistas y los mercados coinciden en la necesidad de aprobar el proyecto tributario para mantener los programas gubernamentales y aliviar las finanzas por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, discrepan sobre si debe ser presentado y aprobado antes de finalizar la actual legislatura el 20 de junio, o esperar a la siguiente, en julio.
El Gobierno del presidente Iván Duque sigue afinando los detalles de la nueva propuesta para reemplazar a la que fue retirada por el rechazo de los sindicatos y otras organizaciones sociales, que cumplieron más de un mes protestando en las calles contra las políticas económicas y sociales gubernamentales.
El nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo a Reuters a mediados de mayo que buscará "dar el mayor avance posible en el curso de esta legislatura" para sacar adelante una reforma de unos 14 billones de pesos (US$ 3.813 millones), muy inferior a los 23,4 billones de pesos del proyecto anterior.
"Lo veo difícil antes del 20 de junio, esta legislatura ya se murió", dijo a Reuters Katherine Miranda, representante a la Cámara del opositor Partido Verde.
La legisladora, que hace parte de las comisiones económicas del Congreso, señaló que el Gobierno está buscando consensos con los partidos, tras lo que presentaría la propuesta al inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso, el 20 julio.
"¿No será mejor que esperemos la próxima legislatura para que el ministro y el Banco de República vean cuál es la mejor de las opciones para financiar necesidades sociales que son imperiosas?", preguntó en una carta al ministro de Hacienda el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, quien ha sido un férreo detractor de la propuesta.
Protestas y elecciones. Colombia requiere incrementar sus ingresos en momentos en que elevó drásticamente su deuda, triplicando su déficit fiscal a un 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020.
Solo para 2021 el país debe cubrir un déficit equivalente a US$ 25.794 millones.
Aunque la nueva iniciativa tendría más posibilidades de ser aprobada, al abandonar propuestas originales como un aumento del IVA e inclinarse a una mayor carga tributaria a empresas y a las personas más ricas, la presentación de la reforma ahora sería precipitada mientras siguen activas las protestas sociales, opinó Felipe Campos, economista jefe de la correduría Alianza.
"Va a depender de la velocidad en que se muevan las manifestaciones y el orden público, donde el riesgo es que un escalamiento estilo Chile pueda llevar a que las prioridades de la discusión económica se alejen de la reforma completamente", explicó, tras otorgar una posibilidad de 60% a la aprobación del proyecto este año.
Adicionalmente, el proyecto tributario es impopular entre los congresistas a menos de un año de elecciones legislativas.
"No solo el Gobierno, cuánto puede rearmar una coalición, sino el Congreso cómo ve su futuro inmediato de cara a las elecciones de marzo, eso es lo que se va a jugar alrededor de la reforma tributaria", dijo el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, quien da una probabilidad de 70% a que se apruebe entre julio y septiembre.
Pero la reforma puede llegar demasiado tarde.
"He hablado con muchos clientes y el mensaje es de preocupación y frustración, la premura es que en cualquier momento Fitch puede recortar la calificación y ya no habrá vuelta atrás en el corto plazo, por mucho que se haga la reforma", dijo Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics en Londres.
"Por mucho que quieran invertir en deuda colombiana, si se pierde el grado de inversión muchos se verán obligados a vender sin realmente quererlo, debido a las reglamentaciones que rigen a sus fondos de inversión", explicó.
