Para un país que no tiene acceso al mercado internacional de crédito, y que este año debe cancelar al menos US$7.000 millones por obligaciones financieras externas, la existencia de un fuerte superávit de divisas se torna imperioso.

Si hubiese que elegir un termómetro para dar la medida exacta de qué tan desesperado está el gobierno argentino ante la desaparición de la holgura fiscal y de su flujo de divisas, tal vez no haya un ejemplo más gráfico que el de la industria electrónica de Tierra del Fuego.

Emblema preferido del “modelo K” para mostrar la reindustrialización del país, estas plantas incrementaron aceleradamente su producción. Es así que la tasa de crecimiento en la producción de notebooks se ubica en un impactante 60% anual, y el market share –participación de mercado– frente a las extranjeras ya es de 42%, cuando hace apenas dos años era de 18%.

Sin embargo, cuando se constató que estas fábricas (que prácticamente no utilizan insumos locales y que principalmente ensamblan piezas importadas) eran una parte sustancial de la salida de dólares, los funcionarios argentinos ya no vieron a esta industria como la “niña bonita” del modelo.

En consecuencia, ante la disyuntiva de dejar salir US$ 7.000 millones por la importación de hardware proveniente de China o sacrificar al sector preferido del gobierno, no hubo dudas: se priorizó el cuidado de la “chanchita” dolarizada.

El equipo de Guillermo Moreno que controla el flujo de divisas eliminó los permisos especiales para importar insumos, exigió exportaciones compensatorias y comenzó una fuerte presión para el uso de partes nacionales. El resultado es que en pocos meses esta industria empezó a trabajar por debajo de su capacidad y debió reducir su plantilla de empleados en un tercio.

El mensaje fue interpretado por el mercado: si esa es la actitud de los funcionarios kirchneristas con el sector más mimado del modelo, qué restará entonces para aquellos sectores que son vistos con mayor capacidad de sustituir producción importada.

Misión dólar. Fue ampliamente festejado el hecho de que en febrero las importaciones hayan mostrado una caída de 1%, luego de haber crecido por encima de 10%. Y, como las exportaciones crecieron a 13%, fue interpretado como un éxito en la misión de quebrar la tendencia declinante del superávit comercial.

Lo cierto es que, para un país que no tiene acceso al mercado internacional de crédito, y que este año debe cancelar al menos US$7.000 millones por obligaciones financieras externas, la existencia de un fuerte superávit de divisas se torna imperioso.

En los últimos días, ha significado un gran alivio la noticia del repunte en el precio de la soja, el producto estrella del país, que subió por encima de los US$500 la tonelada. Aun así, la percepción de escasez de dólares está muy lejos de disiparse.

Las medidas recientemente adoptadas por el gobierno son bien elocuentes en ese sentido.

Para empezar, la fuerte ofensiva adoptada en el sector energético, donde a todas luces parece imposible evitar las importaciones. Ante la perspectiva de que este año haya que comprar US$7.500 millones en petróleo y gas, el gobierno pergeñó una agresiva estrategia contra YPF, la empresa más grande del país, en manos de capitales españoles desde la privatización de los años de 1990.

Es así que ya las principales provincias petroleras, como Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Neuquén retiraron las concesiones que tenía YPF para explotar sus yacimientos, en un intento por forzar una mayor inversión en la producción petrolera y gasífera que haga a la Argentina menos dependiente de las compras externas.

A nadie se le escapa el alto costo de esta política, que tensa al máximo las relaciones bilaterales con España, un aliado estratégico.

Se dispara cambio paralelo. Para el común de los argentinos, estas consecuencias de la escasez de dólares empiezan a transformarse en molestias de la vida cotidiana. Los faltantes de artículos importados se agravan día a día y llegan a áreas sensibles como los medicamentos.

Además, hubo señales bien concretas sobre el nerviosismo del gobierno, como la prohibición de retirar dólares en cajeros automáticos del exterior para aquellos que salen del país. Se da por descontado que el próximo paso será la prohibición de usar tarjetas de crédito y saldar desde una cuenta en pesos.

Ante la acumulación de tensiones alrededor del dólar, en la última semana hubo otro termómetro que empezó a dar señales de alarma: el mercado cambiario paralelo registró una brecha récord entre el tipo de cambio oficial y la cotización informal.

El llamado “dólar blue”, que se vende por fuera de los controles oficiales en las “cuevas” del microcentro porteño saltó hasta $ 4,94 por dólar. Es decir, 13% más que la cotización oficial, con lo que alcanzó una brecha superior incluso a la de noviembre pasado, cuando se había producido una minicorrida bancaria ante los rumores de un nuevo “corralito”.

Además, el otro dólar paralelo, el llamado “conta con liqui” en la jerga financiera, también marcó récords. Se trata del tipo de cambio implícito que surge en la operación (legal, por ahora) de comprar bonos y acciones en pesos y luego revenderlos en Wall Street en dólares. El costo de esta triangulación es de $ 5,30 por dólar, lo que implica 20% más que la cotización oficial.

El debate económico de esta última semana fue si se debe considerar este salto como un efecto coyuntural y pasajero, o si, por el contrario, es el signo de que, como en los viejos tiempos, Argentina se encamina definitivamente a un desdoblamiento de su mercado cambiario.

Entre los argumentos a favor de la primera opción figura el hecho de que en estos días hay mucha liquidez en la plaza y que las empresas demandaron en exceso estas operaciones cambiarias como forma de sacar divisas del país.

Pero la mayoría de los economistas señalan que hay motivos más de fondo para justificar el nerviosismo con el billete verde. Sobre todo por la marcha atrás que dio Cristina Kirchner ante lo que parecía un ajuste económico más o menos tradicional.

Ahora ya se sabe que no habrá sinceramiento tarifario en los servicios públicos, y que además los ajustes salariales volverán a ubicarse por encima de la inflación.

Pero, por sobre todo, lo que insufló nerviosismo es la aprobación de la ley que le otorga al Banco Central total discrecionalidad para usar los dólares de las reservas en su asistencia al gobierno. Ello es percibido como una aceptación tácita de que los dólares cada vez alcanzan menos.

Además, se duplicó el límite para emitir pesos con los cuales monetizar el déficit fiscal, algo que a los más veteranos les trae pésimos recuerdos de cómo se iniciaron los procesos hiperinflacionarios. Para quien observa esta situación desde fuera del país, tal vez resulte difícil de entender por qué el gobierno no resuelve sus problemas de escasez de dólares con una medida relativamente sencilla: dejar acelerar el ritmo devaluatorio.

La respuesta es que la cultura dolarizada de los argentinos tiene una máxima de hierro: se puede tolerar una inflación alta y múltiples medidas intervencionistas, pero hay una intolerancia radical a la fluctuación cambiaria.