La iniciativa del Ejecutivo para esta normativa llegó en enero de 2012. Desde entonces, los partidos han agregado sus propias observaciones y organizaciones sindicales han manifestado rechazo.
Los diputados de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa iniciaron el análisis del anteproyecto de Ley de Asociación Público-Privados (APP), con la expectativa de unificar la propuesta.
La iniciativa del Ejecutivo para esta normativa llegó en enero de 2012. Desde entonces, los partidos han agregado sus propias observaciones y organizaciones sindicales han manifestado rechazo.
Junto a los legisladores participaron la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), el Banco Mundial (BM) y expertos en desarrollar asocios en otros países.
Orestes Ortez, diputado del FMLN, dijo que la ley tendrá que cumplir tres requisitos: ser atractiva para los inversionistas, respetar las leyes que ya están vigentes y estimular el crecimiento económico. “Buscamos que no venga a esquilar los intereses de la sociedad”, comentó.
Edwin Zamora, diputado de ARENA, hizo referencia a todo el potencial que tienen los asocios para mejorar la calidad de los servicios públicos y de la inversión pública, especialmente porque los recursos del Estado son limitados. “Esta ley es clave para la generación de empleos”, resaltó.
Ni Ortez, ni Zamora, pudo detallar propuestas específicas de sus fracciones.
Sin embargo, Arena remitió una propuesta de ley que permitiría que las economías mixtas pasen por auditorías, por ejemplo, de la Corte de Cuentas.
Ortez por su parte comentó: “En algunos países donde el organismo legislativo ha estado fuera del control (de la dirección de asocios) ha sido un desastre”. Los privados esperan que el consejo que dirija los APP se nombre por decreto legislativo y no ejecutivo.
Ambos diputados coincidieron en que un marco normativo para los asocios tendría que impedir una nueva experiencia como la de CEL-INE y Enel, socios en LaGeo, ahora enfrentados por la capitalización de acciones.
“Esta ley debe asegurar que no nos vuelva a pasar”, dijo Ortez. También Zamora destacó: “El marco normativo debe facultar al Estado de hacer asocios, porque no queremos que después se esté dando marcha atrás”.
Financiamiento. Esta semana llega la fecha límite que anunció el Tribunal Supremo Electoral (15 de marzo) para recibir los fondos que necesitan las elecciones 2014, voto residencial y voto en el exterior.
Mientras que Ortez dijo que aprobarlo estaba en manos de los tricolor, Zamora expresó: “Aunque quisiéramos, no podemos dar iniciativa de ley y esta es hora que el presupuesto (que pide el TSE) no ha entrado al legislativo” para discutirlo.
