Entérese de cuánto de verdad hay en la alarma desatada por Daniel Karam Toumeh, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien a fines de 2010 afirmó que la jubilación de miles de mexicanos corría peligro.
Universia Knowledge Wharton. A finales de 2010, los medios de comunicación mexicanos hicieron correr ríos de tinta sobre la posibilidad de una fuerte crisis en el sistema de pensiones, poniendo en duda la seguridad económica de muchos trabajadores en edad de jubilación. El anuncio hecho por Daniel Karam Toumeh, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) -organismo paraestatal que agrupa al gobierno, los trabajadores y empleadores, y que se encarga de brindar servicios de jubilación y salud-, de que la deuda de la institución son equivalentes al 56% del producto interior bruto, fue el detonante de la polémica.
El director general también anunció que es el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del mismo instituto, junto con los gastos de los seguros médicos, lo que ocasiona la mayor parte del déficit. Según declaró a los medios, de no tomar medidas que alivien estructuralmente el problema financiero del instituto, la calidad y la atención en salud se verán reducidas drásticamente.
Estas declaraciones desataron una fuerte discusión sobre la carga que representan las pensiones para el país. Pero, según los expertos consultados por Universia-Knowledge@Wharton, asegurar que existe una crisis de pensiones en México es una verdad a medias. A pesar de que ciertos sectores de la población, agrupados en esquemas de retiro públicos que no se han reformado adecuadamente en las últimas décadas, se acercan a una situación crisis, la población activa en el sector formal, tiene buenas perspectivas para su retiro. El reto principal, dicen, consiste en “formalizar” a la población y hacer que las contribuciones para el retiro y la seguridad social se vuelvan universales, o al menos generalizadas.
El sistema de pensiones vigente en México, para la mayor parte de la población en el sector formal, es un plan de contribuciones definidas basado en cuentas de ahorro individualizadas, que sustituyen al anterior esquema “pay-as-you-go”, en el que los trabajadores en activo, con sus contribuciones a la seguridad social, pagaban las pensiones de los trabajadores jubilados. En el nuevo sistema, cada trabajador, con sus aportaciones, ahorra para su propio retiro. Con ello, se reducen drásticamente los problemas ocasionados por la llamada “transición demográfica” ocasionada, a nivel mundial, por una disminución en las tasas de natalidad y un aumento en la esperanza de vida.
El sistema es público, aunque las administradoras de los fondos para el retiro, o Afores según sus siglas, son privadas. De esta forma, las distintas administradoras compiten entre sí por manejar los fondos individuales de cada trabajador.
El cambio de sistema entró en vigor en 1997, bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, con el objetivo de reducir la carga fiscal que los pensionistas representaban para el gobierno y lograr que el trabajador, de forma individual, se hiciera responsable de sus ahorros de cara al futuro. Este nuevo sistema no elimina por completo las pensiones bajo el esquema anterior, puesto que eran derechos adquiridos por los trabajadores que cotizaron bajo el régimen anterior, por lo que estos trabajadores, al momento del retiro, podrán elegir entre una pensión otorgada bajo el esquema anterior o la que equivale a su cuenta individualizada.
A pesar de todos los cambios introducidos, todavía están pendientes de reforma las jubilaciones de los trabajadores estatales, las fuerzas armadas y la gigante petrolera Pemex.
El problema no es la financiación. Alejandro Villagómez, profesor e investigador del Centro de Educación y Docencia Económicas (CIDE), señala que, a diferencia de lo que ocurre en los países europeos, no hay una crisis de financiación en el sistema de pensiones mexicano. "El problema radica en que es un sistema fraccionado y, dentro de él, hay un grupo de programas que eventualmente no son financieramente viables, como, por ejemplo, los programas que cubren a los trabajadores estatales (en muchos estados de la república) y las universidades públicas, por ejemplo".
Gabriel Martínez, profesor de economía laboral en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y actual secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), coincide con el punto de vista de su colega del CIDE y añade que el sistema es "en realidad una mezcla de varios programas. De ellos, los seguros de invalidez y riesgos de trabajo tienen una solvencia muy importante. En lo que se refiere a las Afores, el nivel de ahorro es muy elevado. En México se dedica un total de entre el 12% y 13% del salario a financiar las pensiones de vejez". Sin embargo, advierte que, aunque este porcentaje parezca muy bueno, "de ese dinero, 5 puntos se van al fondo de vivienda, que históricamente no ha dado rendimientos muy buenos". Este fondo está destinado a la compra o remodelación de vivienda y se puede disponer de él casi cualquier momento de la vida laboral. En caso de tener fondos, en el momento del retiro se suma a la cuenta de ahorro.
Por su parte, Manuel García Huitrón, profesor de microeconomía financiera en el ITAM y reconocido investigador en el campo de las pensiones y seguridad social destaca que el sistema ha demostrado su capacidad de supervivencia en el pasado. “La reforma de las pensiones en 1995 -que entró en vigor en 1997- salvó del colapso a las finanzas públicas del país" ya que las aportaciones de los trabajadores en activo no parecían suficientes para sostener a los pensionados. Y también demuestra su fortaleza hoy en día: "El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) -tal y como se llama al nuevo sistema de 1997-, no solamente sobrevivió a la crisis financiera internacional, sino que fue capaz de recuperar en un lapso breve del impacto de la misma", señala. Más aún, el diseño multifondos del SAR con esquema de ciclo de vida de las Siefores, es decir, la existencia de una familia de cinco fondos de inversión con la característica de que mientras más joven es la persona, más diversificada están las inversiones que se hacen con sus recursos y mientras más cercano al retiro se encuentra, las inversiones son más conservadoras, "protegió en mayor medida a los trabajadores más cercanos al retiro, que son precisamente los que menor horizonte tienen para recuperar el valor del saldo en su cuenta individual ante choques financieros adversos".
García Huitrón afirma que casi 14 años después de la creación del SAR, "la industria tiene registradas más de 41 millones de cuentas, las mismas que son administradas por las Afores diariamente, lo que convierte al SAR en el servicio financiero con mayor penetración en la historia del país". El profesor del ITAM añade que las Afores reciben, registran e invierten flujos anuales de recursos cercanos a los 100 mil millones de pesos (alrededor de US$8 mil trescientos millones al cambio actual). "Estos resultados indican que el SAR funciona de acuerdo a lo esperado, ya que las contribuciones realizadas por millones de trabajadores se han transferido con regularidad a sus cuentas individuales. Por otro lado, las Afores cumplen con sus obligaciones legales, los afiliados tienen seguros sus recursos financieros y pueden darle seguimiento continuo a través de su cuenta individual y otros servicios ofrecidos por las afores. Además, las inversiones han producido rentabilidades con un promedio bastante competitivo y no se han producido fraudes ni quebrantos en la industria".
La cobertura, el verdadero motivo de preocupación. Pero no es oro todo lo que reluce. Los expertos coinciden en que uno de los principales retos es lograr que la población efectivamente esté cubierta. Según datos del IMSS, en noviembre de 2010 se registraban un total de 14.736,752 empleos formales (mismos que participan actualmente del sistema de ahorro para el retiro). Una cifra muy alejada de la ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la población económicamente activa, que en el tercer trimestre de 2010 registraba un total de 47.1 millones de personas.
El verdadero problema, según Martínez, radica en la falta de cobertura y el poco tiempo de cotización dentro del sistema: “Un hombre que cotice 30 años en el seguro social tendrá una pensión adecuada, que le permita mantener un nivel de vida equivalente al que tuvo durante su vida laboral. El problema es que en México habrá muchos que no tendrán más que 10 o 15 años de cotizar". En su opinión, el problema se eliminaría "si se vuelve obligatoria la cotización en el seguro social, sin importar la fuente o el tipo de ingresos". Según sus estimaciones, para que el sistema otorgue una pensión adecuada, sería necesario que los hombres cotizaran alrededor de 35 años y las mujeres 30 (ya que las mujeres trabajan menos años que los hombres).
Por eso, Martínez cree que el origen del problema no está en el sistema de pensiones, sino en el mercado laboral, la legislación fiscal, el problema de las regulaciones a la industria y al comercio". En el día a día, tanto a los trabajadores como a las empresas, les resulta más conveniente reducir la carga fiscal y social de sus salarios y compensarla con mayor ingreso corriente. Las legislaciones laborales y fiscales permiten que los trabajadores se contraten bajo esquemas de cobro por honorarios o prestadores de servicios que les permiten evadir las cuotas de pensiones y seguridad social y con ello aumentar el ingreso corriente del trabajador y reducir la carga fiscal de los empleadores.
Así lo cree también García-Huitrón, coautor del libro New Policies for Mandatory Defined Contribution Pensions (Nuevas políticas para sistemas de pensiones obligatorios de contribución definida), quién menciona que el sistema de ahorro para el retiro en México "enfrenta retos importantes en materia de maximización de la pensión esperada, principalmente en lo que toca a la competencia entre las administradoras, así como a la optimización del régimen de inversión".
Sin embargo, señala que desde un punto de vista global, quizás los principales retos del sistema de pensiones mexicano vienen de fuera del SAR, es decir, de la interacción y compatibilidad del SAR con otros sistemas de pensiones públicos en México, por un lado, y de las condiciones del mercado laboral mexicano, por otro. Esto, dice, "afecta la cobertura y la densidad de cotizaciones de los adscritos al sistema, así como del esquema de protección social existente actualmente en México y los incentivos perversos que genera en materia de informalidad”.
García-Huitrón, además menciona las ideas que el ex director del IMSS Santiago Levy da a conocer en su libro Buenas intenciones, malos resultados, quien comenta que "el continuo tránsito de los trabajadores mexicanos entre la formalidad y la informalidad constituye uno de los principales obstáculos a la acumulación de recursos con fines de pensión. Esto es así porque en los periodos de participación en mercados informales se interrumpe la cotización a la cuenta individual".
El investigador en pensiones y seguridad Social, Alejandro Villagómez, coincide en que una fuente de problemas radica en la estructura del mercado laboral: "Tal como está estructurado el sistema de seguridad social, en el sentido más amplio, genera incentivos para que los trabajadores prefieran quedarse en la informalidad y no incorporarse a dicho sistema. A pesar de ello, aunque hay que tomar en cuenta que la parte de la informalidad en la economía es muy grande, no todos los informales no están cubiertos, porque es una población flotante".
Por otro lado, añade que "es un sistema fraccionado, en el que hay mucha gente que no está cubierta. Y de los programas que existen sí se han hecho avances con las reformas del IMSS y del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) [en 2008 a nivel federal], encargado de otorgar las prestaciones de seguridad social a los trabajadores estatales".
Sin embargo, advierte que "todavía hay un importante camino por recorrer para lograr una cobertura más amplia y avanzar hacia una convergencia en los distintos programas. El programa del ISSSTE se empieza a acercar al del IMSS, al incorporar a sus trabajadores nuevos al sistema de ahorro individualizado, pero es un proceso que lleva tiempo".
Para el profesor Gabriel Martínez, del ITAM, la situación de México en lo que respecta al sistema público no es exclusivo del país. "Los regímenes especiales y las empresas estatales son un problema común en muchos países, en Francia también ha habido complicaciones con el tema. En México, las paraestatales no tienen dinero para solventar los compromisos de pensiones y gasto en salud de sus trabajadores". Sin embargo, él cree que este problema en México es menor que en estos países desarrollados, porque el sector público es relativamente más pequeño. "La reforma del ISSSTE ya hizo una parte del trabajo por hacer en este sector. Quedan por reformar las paraestatales: Comisión Federal de Electricidad, IMSS (para sus propios trabajadores, que irónicamente se rigen por un sistema distinto), Pemex, entre otras".
El profesor Villagómez apela a la paciencia para ver avances en el sistema y se produzca la deseada convergencia. "Cada estado tiene para sus trabajadores públicos su propio programa. En algunos estados sí hay crisis, hay estados de la república que ya son insolventes, con un programa de pensiones totalmente insostenible. Y se deben reformar a nivel local. El sistema de pensiones de Pemex ha tenido sólo modificaciones menores, a la larga debería converger al tipo de programa IMSS para que tengamos un sistema homogéneo". Sólo entonces podremos hablar de que no hay crisis en el sistema de pensiones mexicano.
