La ley va a contribuir a una mayor formalización de la economía, porque obligará a los verdaderos dueños a transparentar sus operaciones.

Paraguay. La nueva ley sancionada por el Congreso para eliminar el régimen de las sociedades anónimas (SA) va a dificultar la ocultación de las fortunas que se forman con dinero proveniente de la corrupción o de los actos ilícitos, según dijo ayer el analista económico Amílcar Ferreira.

Ahora se aguarda la promulgación del Poder Ejecutivo.

A criterio del profesional, la ley va a contribuir a una mayor formalización de la economía, porque obligará a los verdaderos dueños a transparentar sus operaciones. “Es una medida positiva, es una corriente mundial para generar mayor transparencia y Paraguay debe adecuar su sistema legal a esto”, afirmó Ferreira.

La Cámara de Senadores sancionó la referida normativa en su sesión ordinaria del último jueves, aceptando la versión de la Cámara de Diputados, que es la que contaba con el apoyo del Poder Ejecutivo.

Entre otros puntos, la ley sancionada establece que los accionistas deberán canjear sus acciones al portador por acciones nominativas ante el directorio de la sociedad, para lo cual tendrán un plazo máximo de 24 meses.

Además, las sociedades deberán comunicar dicho canje a la Abogacía del Tesoro y fenecido dicho plazo sin que se haya realizado el canje, quedarán suspendidos los derechos económicos que corresponden a los titulares de dichas acciones, hasta tanto se formalice la conversión.

Combate a ilícitos. Ferreira sostiene que con esta ley se va a dificultar la ocultación de las fortunas que se forman con dinero proveniente de la corrupción o actos ilícitos.

Puntualizó que no hay duda de que el Ejecutivo lo va a promulgar, ya que impulsó su aprobación y su aplicación tiene un consenso generalizado en el sector económico, exceptuando a algunos pocos que se mostraron en contra.

El analista advirtió que de no haberse aprobado el proyecto de ley, el país iba a ser catalogado como poco transparente y que no colabora con el combate al lavado de dinero, con las implicancias de que podría volver a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De acuerdo a lo que habían adelantado las autoridades oficiales, el GAFI realizará su evaluación al país entre setiembre de 2018 y enero de 2019, por lo que era necesario ya contar con esta legislación para poder enfrentar con éxito ese examen. Ferreira mencionó que otra consecuencia de una eventual no aprobación hubiera sido la posibilidad de que los bancos pierdan sus corresponsales en el exterior y el acceso al financiamiento de diversos sectores.

Según los registros de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, en el país están inscriptos un total de 32.116 sociedades anónimas, correspondientes a diferentes sectores de la economía.

Levantar el secreto. La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda apunta ahora a levantar el secreto bancario como segundo paso, tras ser sancionado el proyecto de ley que establece que todas las acciones de SA sean nominativas en lugar de al portador.

La viceministra de la SET, Marta González Ayala, adelantó que el siguiente paso que debe dar nuestro país para avanzar en las recomendaciones internacionales sobre transparencia informativa es el levantamiento del secreto bancario y, para ello, ya están trabajando en el diseño de un borrador de proyecto teniendo en cuenta que la expectativa es lograr la aprobación para el 2020.