Aunque se redujo el desempleo en los últimos cuatro años, todavía no son claros los beneficios de la Ley del Primer Empleo de 2010.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo juvenil en América Latina y el Caribe es de 13%, casi el doble que el de los más adultos. Además, los informes realizados por esta entidad han encontrado que los trabajadores más jóvenes deben enfrentarse a bajos salarios, altos niveles de informalidad, malas condiciones laborales y exclusión de los sistemas de protección social. Por ello las mejoras de las condiciones de este grupo de la sociedad en el mercado laboral se han convertido en una de las principales misiones de los gobiernos de la región.
Contrario a la tendencia de la mayoría de regiones del mundo, entre 2007 y 2014 esta brecha ha disminuido. Una explicación puede radicar en que varios países de la región han emprendido varios programas para mejorar las probabilidades de que los jóvenes sean vinculados en el mercado laboral. Se encuentran dos tipos de políticas: las de demanda, que buscan crear incentivos para que las empresas se atrevan a contratar personas sin experiencia, y las de oferta, que brindan ayudas para que los jóvenes se vuelvan más competitivos a la hora de conseguir empleo.
Por medio de una combinación de incentivos fiscales, tributarios, e inclusive monetarios, algunos de los países que se han atrevido a implementar políticas de demanda en la región han sido Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Sobresalen los resultados obtenidos de este último, sus programas que ofrecían exenciones impositivas para la contratación y subsidios salariales lograron bajar la informalidad 11 puntos porcentuales.
Las políticas de estímulo a la oferta laboral en la actualidad se adelantan en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Estas medidas incluyen programas de formación a cargo del empleador, pasantías, asistencia técnica y acompañamiento a jóvenes emprendedores, programas condicionados a las buenas calificaciones, entre otras medidas.
En cuanto a Colombia, en 2010 se creó la Ley 1429, más conocida como la “Ley de Primer Empleo”. El programa se basa en que el Gobierno ofrece estímulos económicos y deducciones tributarias a las empresas que se formalicen y contraten población vulnerable y de baja empleabilidad, incluyendo jóvenes menores de 28 años, mujeres mayores de 40 años, personas desplazadas, reinsertados y personas en situación de discapacidad.
A pesar de que ya se van a completar cinco años del nacimiento de la ley, por el momento no hay una evaluación de impacto rigurosa que permita determinar si ha existido un beneficio para los jóvenes. “Desde el comienzo existían varias preocupaciones con esta iniciativa. Una de ellas era que aun con los beneficios, el peso de la experiencia podría primar para las empresas a la hora de contratar personal”, explicó Stefano Farné, director del observatorio del mercado laboral de la Universidad Externado.
De acuerdo con el centro de investigación de Fedesarrollo, “desde el establecimiento de la Ley 1429 en 2010, la tasa de desempleo juvenil ha evidenciado una reducción más pronunciada con respecto a la tasa de desempleo promedio de la economía. Mientras entre 2010 y 2014 la tasa de desempleo de la población joven disminuyó en 4,2 puntos porcentuales (pps), la total mostró un descenso de 2,7 pps. Si bien la tasa de desocupación juvenil ha mostrado un mayor ritmo de contracción, no es posible atribuir este descenso únicamente a las políticas de primer empleo; no obstante, las cifras podrían indicar cierta incidencia positiva sobre las tasas de desempleo de este grupo poblacional”.
Inicialmente el programa del primer empleo indicaba que las empresas que contraten jóvenes menores de 28 años podrían descontar de su impuesto de renta el valor de las contribuciones parafiscales y un porcentaje de los aportes que realiza en salud y pensión. El problema es que los atractivos de la ley podrán haber sido víctima de las pasadas reformas tributarias, pues los parafiscales fueron eliminados en 2012 y el impuesto de renta subió en 2014.
“Aparte que de la Ley de Primer Empleo no muestra evidencia clara de un beneficio, cualquier efecto positivo que podría generar estarían en riesgo por la reducción de los incentivos que han dejado las anteriores reformas tributarias. Con la de 2012 se eliminaron los parafiscales, aun para las empresas que no emplean a personal juvenil, y en la de 2014 la nueva carga impositiva limita el presupuesto para nuevas contrataciones”, comentó Farné.
El viceministro de Empleo y Pensiones, Luis Ernesto Gómez Londoño, reconoció que las anteriores reformas tributarias han venido quitándole poder a Ley del Primer Empleo. Sin embargo “existen iniciativas que trabajan de la mano para seguir trabajando para reducir el desempleo juvenil, como por ejemplo el programa de los 40 mil empleos. Consiste en trabajar de la mano de las empresas con el fin de que contraten a jóvenes, y el Gobierno se compromete a financiar durante los primeros tres meses el sueldo de este trabajador. Se invertirán cerca de $300 mil millones para este fin”.
Frente a este nuevo proyecto, Fedesarrollo considera que “es un programa que corrige un problema temporal sin solucionar problemas estructurales como la falta de formación, lo cual tiene consecuencias importantes a mediano plazo sobre la competitividad y productividad del país. Más aún, este tipo de iniciativas podría generar incentivos inadecuados para los jóvenes, quienes en lugar de seguir estudiando una vez finalicen el bachillerato, podrían optar por buscar empleos que seguramente serán de baja calidad, perpetuando los bajos niveles de productividad del país. Además, debido a que las empresas no deben asumir los costos de contratación de los jóvenes existe el riesgo de que no se preocupen por capacitar a los mismos y únicamente saquen provecho del subsidio del Gobierno”.
