La deuda pública es la suma de todas las obligaciones financieras que tiene el Estado con inversionistas, organismos de financiamiento y países cooperantes.

La tendencia que lleva la deuda del Gobierno salvadoreño compromete cada vez más su capacidad de pago, pero todavía no se han tomando las medidas adecuadas para corregir el problema. Esta es la advertencia que hicieron los representantes gremiales y los analistas invitados a un foro que organizó la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).

La deuda pública es la suma de todas las obligaciones financieras que tiene el Estado con inversionistas, organismos de financiamiento y países cooperantes. Según datos hasta mayo del Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Hacienda (MH), por cada $100 que se generan en riqueza, $60 están destinados a pagar todas esas obligaciones financieras.

Puesta en números, la deuda pública tiene un peso del 60% en el Producto Interno Bruto (PIB), que los invitados al foro consideran riesgoso. En total, los compromisos ascienden a $15.878 millones a mayo.

“El tema es que no se siga deteriorando, porque lo que estamos viendo no es un país insolvente, sino que es un país que lleva una tendencia para llegar a ser insolvente”, advirtió Mauricio Choussy, durante su participación en el foro “La verdad sobre las finanzas públicas”, que organizó ASI.

La solvencia define si una persona, empresa o institución tiene suficientes recursos para hacer frente a sus compromisos. Un país insolvente ya no puede pagar las cuotas de sus préstamos, como ha ocurrido a lo largo de los años en varios países como Argentina, Puerto Rico, Grecia, Jamaica y Ecuador, por ejemplo.

“El país puede entrar en una real crisis fiscal”, insistió Choussy.

Manuel Hinds, analista y exministro de Hacienda, planteó por su parte que hay situaciones que recuerdan a lo que sucedió en Grecia. “Le levantaron las expectativas a los griegos, que iban a resolver los problemas. Prácticamente se los convencieron de que la Luna es de queso y que Europa iba a sacarlos siempre de sus problemas”, indicó Hinds. Grecia es la nación de la Unión Europea con los problemas más graves de endeudamiento y falta de recursos para el funcionamiento del Estado.

En este punto coincidió Javier Simán, presidente de ASI. “Lo que está pasando en Grecia es lo que está pasando en nuestro país”, dijo el líder gremial.

Los riesgos que observan los que participaron en el foro es el incremento del gasto corriente, que no responde a las necesidades del país y que mantiene a las finanzas públicas en constante desequilibrio.

El Gobierno no ha logrado reducir el déficit fiscal, que es la cantidad de gasto público sin financiar con fondos propios. El déficit se mantiene entre $900 millones y $1,000 millones al año. De ese total, la mitad corresponde al pago de las pensiones.

Choussy destacó: “Lo que más preocupa es la ineficiencia en la utilización del gasto”, y subrayó que en Casa Presidencial y en la Asamblea Legislativa se gasta demasiado, a pesar de que son entidades administrativas que no prestan servicios.

En este sentido, Doris de Rivera, gerente de inteligencia de la ASI, mostró con un estudio que el Estado gastó $1,411 millones en salarios durante 2014. Más de 40,000 personas se han incorporado a la planilla del sector público. Mientras que, en inversión pública, el monto ejecutado fue de $626 millones. Los subsidios requirieron $603 millones y en cinco años se ocuparon $236.3 millones en estudios.

Hinds criticó la manera en que se ocupa el dinero público. “La misma sociedad ha ido aceptando que el Gobierno bote esa cantidad de dinero”, dijo Hinds.

El Gobierno ha planteado que ejecutará un ajuste de entre 1,75% del PIB y 2,5% del PIB con un efecto combinado de más ingresos, menos gastos y una eventual reforma al sistema de pensiones.

Choussy destacó que también hace falta estimular el crecimiento económico, mayor transparencia en el sector público y una más profunda rendición de cuentas, así como una mejor relación con el sector privado para estabilizar la deuda.