En Venezuela, el Estado regula la compra y venta de divisas y monopoliza su distribución, en el marco de un sistema control de cambios vigente desde hace más de una década.

Caracas. Los principales gremios empresariales de Venezuela reclamaron este jueves al gobierno mayor claridad en torno a las medidas cambiarias anunciadas este miércoles para despejar la incertidumbre y dudas sobre su implementación e impacto en los precios de los distintos sectores productivos.

"Los anuncios hechos ayer dejan mucha sombra de dudas de cómo se va a implementar este sistema", afirmó el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, en rueda de prensa.

El ejecutivo sostuvo que uno de los grandes interrogantes es si las medidas representan una devaluación al sacar del régimen de dólar preferencial a sectores no prioritarios y enviarlos a un mecanismo que entrega divisas a una tasa que duplica a la oficial.

En Venezuela, el Estado regula la compra y venta de divisas y monopoliza su distribución, en el marco de un sistema control de cambios vigente desde hace más de una década.

El gobierno anunció el miércoles una modificación de ese sistema cambiario que prevé que, para conseguir dólares, los sectores no prioritarios (alrededor de un 20% del total) deberán comenzar a regirse por la tasa del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) y no por la oficial de 6,3 bolívares por dólar como hasta ahora.

El tipo de cambio del Sicad, que varía con base en un sistema de subastas, ronda actualmente los 11,3 bolívares por dólar.

Roig sostuvo que es "evidente" que para las empresas que a partir de ahora deban regirse por el tipo de cambio del Sicad los anuncios suponen una devaluación.

El responsable de Fedecámaras, señalado reiteradamente por el gobierno como uno de los cerebros de una supuesta "guerra económica" en su contra, calificó las medidas como una "novela por capítulos" que no resuelve los problemas de fondo, como el exceso de liquidez que presiona la inflación, ni alientan el crecimiento.

Con las medidas "se están reduciendo las importaciones con respecto a 2013, lo cual pone en riesgo los indicadores económicos que el gobierno está persiguiendo, que es un crecimiento de 4% anual", afirmó.

También se mostró preocupado por las declaraciones del gobierno en torno al reconocimiento de la deuda con las empresas en concepto de liquidación de divisas bajo el control de cambios vigente en el país.

Para Roig, el gobierno ha hecho un "desconocimiento implícito" de la deuda, que en sectores como las aerolíneas ronda los US$3.000 millones, y pidió no meter a todas las empresas "en el mismo paquete" a la hora de honrar los compromisos.

El vicepresidente económico, Rafael Ramírez, indicó ayer que se va a "discutir" la deuda que el gobierno arrastra con el sector privado en concepto de entrega de divisas para ver el "sustento" de los pagos pendientes, alegando irregularidades por parte de algunas empresas.

Por el lado positivo, Roig saludó que el gobierno haya reconocido que "existen desequilibrios económicos" y que haya duplicado de US$100 millones a US$220 millones el monto semanal a ofrecerse en las subastas del Sicad.

Igualmente, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Mauricio Tancredi, pidió "reglas claras" para su sector, donde según dijo hay muchas tiendas cerradas porque no tienen productos o porque "no saben a qué precio vender".

"Aquí lo que necesitamos nosotros son reglas claras, transparencia, claridad y eso estamos esperando que se cristalice con la publicación de la ley porque el día de ayer quedaron muchas dudas", dijo Tancredi al canal privado Televén.

Si bien consideró positivo que se duplique el monto ofertado en Sicad, alertó que los US$220 millones de dólares semanales podrían ser insuficientes para atender a todos los sectores que tras los cambios deberán acudir a este mecanismo para hacerse de divisas.

El gobierno ha dicho que el régimen de dólar preferencial de 6,30 bolívares por dólar se mantendrá para más del 80% de los productos y servicios esenciales, al tiempo que negó que el sistema de subastas signifique una devaluación.