La mejora de los entes estatales permitió que el déficit fiscal no fuera mayor en un punto

Montevideo. La mejora en al aporte de las empresas públicas a la caja del Estado (Rentas Generales) fue uno de los primeras metas explícitas que el equipo económico anunció apenas tomó posesión de su cargo. El gobierno ratificó en su último mensaje del proyecto de Rendición de Cuentas su objetivo para que al final del período eleven sus aportes en 1 punto porcentual del PIB de lo que lo hicieron durante la administración de gobierno de José Mújica. Así, las empresas públicas deberán transferir en el período

US$ 440 millones más. Los mayores esfuerzos los tendrá que realizar UTE (US$ 160 millones), seguido por ANTEL y ANCAP con US$ 120 millones cada una.

El ajuste de cinturón que el gobierno realizó sobre las empresas públicas al inicio de 2015 topeando sus niveles de gasto e inversión –cada empresa estatal no puede desembolsar por ese concepto más del promedio anual de la última década– provocaron un cambio significativo en su incidencia en las finanzas públicas.

Mientras que al cierre de 2014, el resultado de las empresas públicas tuvo una incidencia negativa de 0,5% sobre el déficit fiscal de 3,5% que tuvo el cierre de 2014, un año después las empresas públicas pasaron a obtener un resultado positivo de 0,6% del PIB, lo que implicó una mejora de 1,1 punto porcentual en solo un año.

No obstante, de acuerdo a los datos que surgen de la Rendición de Cuentas que acaba de ingresar al Parlamento, el impacto mayor del ajuste se procesó durante el primer año de gobierno (2015). El gobierno espera un menor resultado primario de los entes respecto al que había fijado en la ley de Presupuesto que envió el año pasado.

"Se entiende imprescindible continuar el proceso de recomposición del resultado de las empresas públicas iniciado en 2015 en la medida que constituye un factor clave para alcanzar las metas fiscales comprometidas en la Ley de Presupuesto", dice un pasaje de la última Rendición de Cuentas.

Uno de los aspectos que el gobierno ya había adelantado era el de mantener los nuevos lineamientos para el ingreso de personal a la Administración Central: por cada tres funcionarios que dejen su cargo, los entes públicos solo podrán sumar a dos como máximo. Ese será el criterio que regirá para los presupuestos de 2017 que las empresas públicas deberán culminar antes del próximo 31 de julio. Asimismo, se establecerán "metas más exigentes" en los compromisos de gestión con el objetivo de ganar en eficiencia y mejora de los resultados. Esto también se incluirá en los sistemas de remuneración variables asociados al desempeño de los trabajadores.

Por otro lado, el Ejecutivo considera que debe seguir avanzando en los merma real de los gastos gestionables de la empresas públicas. En ese sentido, a las metas de 5% y 3% que se fijaron para los presupuestos de 2015 y 2016, respectivamente, para el próximo año se propuso una "nueva reducción" del 3% respecto al ejercicio que está en curso.

"La sociedad uruguaya ha realizado un esfuerzo significativo para capitalizar ANCAP, lo que permite sentar las bases para alcanzar su viabilidad económica y financiera en el mediano plazo. Sin embargo, tal esfuerzo podría naufragar si la empresa no logra rebajas sustantivas en sus costos, de modo de mejorar su eficiencia y evitar nuevas pérdidas patrimoniales", advierte el mensaje de la Rendición de Cuentas. Por eso en el Ejecutivo y ANCAP están trabajando en una reducción de los márgenes y bonificaciones que obtienen los sellos distribuidores de combustibles y las estaciones de servicios, ya que "constituyen una importante carga en la estructura de costos de la empresa".

"Se entiende necesario trabajar en forma coordinada entre el Poder Ejecutivo y la empresa a efectos de modificar la forma de determinación de márgenes y bonificaciones, que permitan reducir los costos de distribución de ANCAP en al menos 10% en el ejercicio 2017", anunció el gobierno.

La justificación del ajuste de tarifas de este añoEn uno de los capítulos de la Rendición de Cuentas, se refleja que los ajustes de tarifas de UTE, ANTEL y OSE -que se aprobaron a principios de año- quedaron por debajo de sus costos proyectados para 2016. En el caso de UTE, donde las tarifas aumentaron 9,9% en promedio, se prevé que sus costos aumenten 12%, con una crecimiento de los salarios proyectado del 13,3% y de los gastos de funcionamiento en dólares del 34,7%. En el caso de ANTEL, sus tarifas aumentaron 9,8% versus un incremento de sus costos del 11,7%. Las dos variables que más incidieron negativamente en sus erogaciones son un incremento previsto en su funcionamiento en dólares del 15,9% y el de gastos de capital (14,5%).