La información fiscal, que se hará sobre la base de un modelo estandarizado, incluirá la facturación, los beneficios, los impuestos y los activos en cada país, afirmó la OCDE.

París. Las empresas tendrán que comunicar al fisco las cifras de su negocio desglosadas por países para evitar la evasión de impuestos, según el paquete de propuestas presentado por la OCDE con vistas a su adopción por el G20.

La información fiscal, que se hará sobre la base de un modelo estandarizado, incluirá la facturación, los beneficios, los impuestos y los activos en cada país, aunque tendrá carácter confidencial dado el carácter sensible de esas magnitudes, de acuerdo con los planes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Se trata de una de las principales recomendaciones del Plan de Acción para impedir la evasión fiscal por parte de las multinacionales que la organización va a someter a la reunión de ministros del G20 que se celebra los próximos sábado y domingo en Cairns, en Australia, señaló la organización en un comunicado.

"El G20 ha identificado la erosión de la base impositiva y la transferencia de beneficios como un riesgo serio para la recaudación fiscal, para la soberanía y para unos sistemas fiscales justos en todo el mundo", recordó el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.

Por eso, Gurría consideró que estas recomendaciones constituyen el material para "una respuesta consensuada y coordinada frente a las estrategias fiscales de las empresas que explotan las brechas y los fallos del sistema actual para derivar artificialmente beneficios a lugares donde tienen un tratamiento impositivo más favorable".

Este paquete es el resultado de un compromiso de 44 países, entre los 34 que forman parte de la OCDE, los otros miembros del G20, Colombia y Letonia y resulta del análisis de las llamadas "prácticas dañinas" y sobre regímenes preferenciales, en particular en jurisdicciones que funcionan como paraísos fiscales.

En el se incluye un proyecto para realizar una convención multinacional que serviría de acuerdo marco que podría reemplazar los acuerdos bilaterales sobre la doble imposición, y cuya elaboración debería empezar en enero.

Uno de los elementos clave es el de la llamada "transferencia de precios", es decir, los movimientos contables entre filiales de una multinacional entre los diferentes países en los que tiene actividad, y que en muchas ocasiones tienen como único objeto declarar los beneficios en jurisdicciones de conveniencia con baja o nula imposición.

Movimientos particularmente difíciles de trazar por las administraciones fiscales, en particular con los bienes intangibles que tanto proliferan con el desarrollo de la economía digital.

Frente a esa realidad, el compromiso logrado con el Plan de Acción de la OCDE es que hay que tomar medidas rápidamente, y que el sector digital -aunque plantee mayores retos para la evasión fiscal- debe tener el mismo tratamiento que los demás, no más favorable y que los beneficios deben declararse en el país donde se genera el valor añadido.

Falta todavía por llevar ese acuerdo a una cuestión crucial por su actualidad, que es la valoración de los datos en el negocio de una empresa.

Para neutralizar el fenómeno de empresas que deslocalizan sedes o filiales a países en los que únicamente tienen una dirección pero no actividad, una de las ideas del conocido como el "Club de los países desarrollados es "recaracterizar" esas transferencias que impidan que se hagan a un buzón postal en un paraíso fiscal.