Para los analistas sobre comportamiento de los consumidores resulta impensable que el kirchnerismo convalide una caída generalizada del consumo, ya que ello implicaría romper un “pacto social” con la población.

Los empresarios sabían que podían esperar cualquier cosa de parte del gobierno kirchnerista menos una: que se indujera a un enfriamiento en el consumo. Sin embargo, a juzgar por lo que está ocurriendo, parece que también en ese aspecto el gobierno argentino está dispuesto a sorprender.

El tema preocupa a los empresarios, que convocaron a una reunión para analizar los últimos números de ventas, virtualmente estancados en los rubros de consumo masivo y ya definitivamente lejos de los porcentajes de crecimiento de dos dígitos que había caracterizado los tres años anteriores.

La gran pregunta que se hacían los comerciantes era si se trata de un bajón coyuntural o si se está ante un cambio de tendencia. Y la respuesta dependerá, en gran medida, de cómo se resuelva la negociación por aumentos salariales. Ocurre que, a esta altura del año, generalmente las paritarias ya están resueltas, con lo que la mayoría de los trabajadores reciben una primera tanda de aumentos que pueden oscilar en 15% o 20%.

Con semejante “shock” de ilusión monetaria, el segundo trimestre del año se caracteriza por un auge del consumo. Este año, en cambio, tanto en los supermercados como en autos y electrodomésticos, los incrementos en las ventas están debajo de 5% y con perspectivas de un mayor enfriamiento.

Para los analistas sobre comportamiento de los consumidores resulta impensable que el kirchnerismo convalide una caída generalizada del consumo, ya que ello implicaría romper un “pacto social” con la población que podría hasta poner en juego la estabilidad política y social.

“Hoy la confianza en el gobierno sube y baja en función de la capacidad de consumir”, es la categórica definición de Guillermo Oliveto, de la consultora W.

Lo cierto es que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se encuentra actualmente en una de sus disyuntivas más complicadas: por un lado, siente el mandato de seguir alentando el consumo, que es la base de su “modelo” y el secreto de su sustento político. Pero por otro, la situación macroeconómica marca con claridad que se está llegando a un límite.

“Hay sectores industriales, como algunas ramas metalúrgicas, donde el salario medido en dólares ya está 40% por encima del de Brasil. Es una pérdida de competitividad demasiado fuerte, y el gobierno lo sabe”, argumenta el politólogo Jorge Giacobbe.

Los hechos parecen darle la razón, ya que el gobierno formó este año un comité de competitividad que interviene en las negociaciones sectoriales para marcar un “techo” en los casos en que entiende que los pedidos de aumento salarial están desbordados.

Pero las cosas no resultan tan fáciles, y el clima se está cargando de una creciente conflictividad. En un discurso realizado el jueves en la Casa Rosada a la presidenta se la notó enojada como pocas veces: “Pido a los dirigentes sindicales que tengan responsabilidad, porque cuando se arman los barullos en los cuales todos gritan para ver quién puede lograr más, y después de pudre todo, los dirigentes se van a sus casas, que nunca son pobres, y los trabajadores son los que se quedan sin empleo”.

La frase de Cristina apunta a uno de los problemas adicionales que tiene este año: a diferencia de lo que ocurría en paritarias anteriores, el gobierno ya no cuenta con la colaboración del jefe de la CGT, Hugo Moyano, que al frente de su gremio camionero siempre era el primero en firmar un acuerdo. Esa paritaria era considerada “la pauta” que usaban como referencia el resto de los gremios.

Ahora, que Moyano y Cristina están enfrentados, los camioneros no solo no firmaron sino que además están amenazando con paros de actividades si no se aceptan sus reclamos en torno de 30%.

La única pauta de un gremio amigo que el gobierno pudo mostrar es la de los empleados de la administración pública, que firmaron por 21%, en un país donde los pronósticos de inflación para este año se ubican cerca de 25%.

Ni siquiera tuvo suerte con la paritaria de la industria metalúrgica, el otro gremio privado amigo del kirchnerismo, que está en una situación conflictiva. Antonio Caló, el líder de este sindicato, es promovido por Cristina como el posible reemplazante de Moyano al frente de la CGT. Pero, por ese mismo motivo, Caló se ve impedido de ser demasiado “blando” a la hora de negociar, de manera de no perder apoyo con vistas a la renovación de autoridades.

Ironías cruzadas. Con el ruido de la conflictividad sindical como fondo, y con la apremiante escasez de dólares (particularmente grave en un país que no tiene acceso al mercado internacional de crédito), el gobierno intenta un difícil equilibrio: sostener alta la demanda interna sin que los aumentos salariales sean una carga demasiado pesada para la competitividad empresarial.

Por lo pronto, está claro cuál es uno de los métodos elegidos con vistas a ese objetivo: la continuidad en el cierre comercial. La propia Cristina lo expresó de manera elocuente: “Hoy más que nunca, trabajadores y empresarios necesitan de un mercado interno fuerte que nos resguarde del vendaval externo. Tenemos que ser muy competitivos porque el mundo se nos viene encima y va a ser despiadado en la competencia”.

De momento, las reacciones sindicales ante su alegato no han sido precisamente favorables a una flexibilización salarial.

“En junio voy a pedir el 25%, me van a ofrecer el 18%, ¿y lo tengo que aceptar porque si hago huelga por más no soy solidario con los argentinos?”, escribió en su cuenta de twitter el diputado Facundo Moyano, hijo de Hugo y dirigente del sindicato del peaje.

Por otra parte, la alusión de la presidenta al elevado patrimonio de los dirigentes de la CGT fue también motivo para ironías y respuestas con veneno, como la que dio Jorge Lobais, del gremio textil: “Tiene derecho de decir lo que quiera, pero en nuestro caso saben dónde y cómo vivimos, así como sabemos nosotros que no todos los presidentes viven como Pepe Mujica”.