"El memorando de entendimiento (que recoge las condiciones del rescate) será sometido la próxima semana al Eurogrupo que tendrá lugar en Dublín para su validación política y no legal al tratarse de una reunión informal", señaló este miércoles el portavoz comunitario Olivier Bailly.
Bruselas, EFE. Los ministros de Finanzas de la eurozona validarán la próxima semana políticamente las condiciones que Chipre ha cerrado con la troika para su rescate con el fin de concluir el proceso de aprobación antes de finales de mes y desembolsar el primer tramo durante mayo.
"El memorando de entendimiento (que recoge las condiciones del rescate) será sometido la próxima semana al Eurogrupo que tendrá lugar en Dublín para su validación política y no legal al tratarse de una reunión informal", señaló este miércoles el portavoz comunitario Olivier Bailly en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE).
A partir de este momento, los Diecisiete tendrán hasta finales de mes para dar su opinión final sobre el acuerdo alcanzado a nivel técnico con la troika -la CE, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE)-, señaló.
"Esperamos poder concluir los diferentes pasos de validación por parte de las autoridades chipriotas y de la eurozona hasta finales de abril, lo que nos permitiría entonces, en paralelo al acuerdo del FMI (para contribuir con 1.000 millones de euros al rescate), tener durante el mes de mayo el primer desembolso de un tramo de la asistencia financiera" por parte de Europa, indicó Bailly.
La contribución del FMI, que en otros rescates solía ser un tercio de la ayuda total y en esta ocasión es una décima parte, será sometida a la aprobación del consejo ejecutivo de la institución monetaria internacional a principios de mayo.
Preguntado por la aportación de solo el 10% del FMI al rescate de Chipre, Bailly quiso dejar claro que el monto fijado se deriva de de un acuerdo "unánime" dentro de la troika y que "no hay que sacar ninguna conclusión política particular sobre este porcentaje", ante las informaciones que hablan de una división dentro de la tríada, sobre todo entre la CE y la institución con sede en Washington.
En cuanto al contenido del memorando, el portavoz no quiso revelar los detalles del documento, pero lo consideró "un buen acuerdo", dado que hace frente a los tres principales problemas de la economía chipriota: los propios de la banca, el tamaño del sector en comparación con el Producto Interior Bruto (PIB) y la naturaleza y las prácticas varias de las entidades de crédito, dijo.
La primera parte del memorando cubre específicamente medidas bancarias para hacer al sector viable en el futuro, otro elemento importante se concentra en las finanzas públicas y el tercer pilar es el relanzamiento del crecimiento mediante reformas estructurales a fin de impulsar la competitividad, señaló el portavoz.
"Todas estas medidas crean cierta presión sobre la economía y la sociedad. Son medidas difíciles y la CE quiere compensar los efectos que podrían tener a nivel social", mediante el grupo de trabajo que creará para ayudar a relanzar la actividad económica y el empleo, señaló Bailly.
Agregó que se hará una lista de necesidades técnicas de la administración chipriota para evaluar la asistencia y la designación de fondos estructurales a diferentes programas.
El portavoz recalcó que, en cualquier caso, el memorando "tiene que ser visto en combinación con los riesgos que existen de una bancarrota general en el país" que se quería evitar con el rescate.
"Esperamos que el memorando nos permitirá evitar el peor de los escenarios", confió el portavoz, quien además recordó que la CE vigila de cerca las restricciones a los movimientos de capital en Chipre pero que de momento no ha visto ningún problema importante que pueda bloquear el funcionamiento diario de la economía.
Entre otras cosas, el memorando establece un periodo de amortización del préstamo de los 10.000 millones de euros de 22 años, a empezar a pagar dentro de diez, y a un interés que oscilará entre el 2,5% y el 2,7% .
Chipre deberá obtener en 2017 un superávit primario (antes del pago de intereses) del 4% y el calendario de privatizaciones de empresas públicas y semipúblicas se extenderá hasta 2018, mientras que deberá despedir a 4.500 funcionarios hasta finales de 2016.