Un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) presentó al magistrado Claudio Bonadío la documentación relativa a la mandataria argentina, sus dos hijos, Máximo y Florencia.
Buenos Aires. El Fisco argentino entregó las declaraciones juradas de impuestos de la familia Kirchner al juez que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la empresa hotelera Hotesur, de la que la presidenta, Cristina Fernández es accionista, según confirmaron fuentes judiciales a medios locales.
Un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) presentó al magistrado Claudio Bonadío la documentación relativa a la mandataria argentina, sus dos hijos, Máximo y Florencia, y las declaraciones presentadas por Néstor Kirchner en los dos años previos a su fallecimiento en 2010.
Además, se entregaron las declaraciones del empresario Lázaro Báez, cercano al fallecido ex presidente Kirchner, por su supuesta vinculación con las presuntas irregularidades de Hotesur, según las fuentes consultadas por el diario Clarín.
El ente tributario presentó la documentación tras un requerimiento realizado este jueves por Bonadío.
La investigación comenzó la semana pasada, cuando el juez ordenó allanar la sede en Buenos Aires de Hotesur, a raíz de una denuncia presentada por la diputada opositora Margarita Stolbizer.
Stolbizer sostiene que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur) que se gestiona a través de Hotesur, podría ser un alojamiento "fantasma" usado en su momento por Cristina Fernández y Néstor Kirchner para hacer negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez.
En la denuncia se acusa a Fernández y a otros cargos del Gobierno, como el ministro de Justicia, Julio Alak, de violar los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
Según medios locales, Hotesur habría acordado alquilar casi un millar de habitaciones al mes a Lázaro Báez durante dos años, sean o no ocupadas.
Además, la diputada denunció que Hotesur adeuda balances contables y la declaración jurada ante la Inspección General de Justicia, encargada de fiscalizar las sociedades comerciales.
Desde Hotesur y el Gobierno niegan las irregularidades y acusan al Poder Judicial de atacar al Ejecutivo en connivencia con la oposición, mientras que funcionarios judiciales y políticos opositores aseguran que el Gobierno pretende amedrentar a los jueces.
En este contexto, el secretario de Justicia del Gobierno argentino, Julio Álvarez, acusó este jueves a Bonadío de utilizar sus causas de forma "extorsiva" y pidió al Consejo de la Magistratura que se abra un juicio político contra el magistrado por mal desempeño.
Además, un senador oficialista ha interpuesto una querella contra Bonadío por presunto enriquecimiento ilícito a través de una participación accionaria en la firma Mansue S.A., dedicada a la venta de combustible.
También un particular denunció este jueves a Stolbizer por presunto enriquecimiento ilícito, según confirmaron fuentes del partido que encabeza (GEN), aunque no se conocen más detalles.
