El gobierno de Porfirio Lobo también podrá acceder a un financiamiento por US$220 millones (4.158 millones de lempiras) para apoyo presupuestario durante el ejercicio fiscal 2010.

Tegucigalpa. La misión técnica del Fondo Monetario Internacional aprobó al gobierno de Honduras el programa económico por 18 meses, más una asistencia financiera por US$196 millones en apoyo precautorio de balanza de pagos.

Adicionalmente, la administración de Porfirio Lobo Sosa accederá a un financiamiento por US$220 millones (4.158 millones de lempiras) para apoyo presupuestario durante el ejercicio fiscal 2010.

Estos recursos serán facilitados por el Banco Mundial (BM) y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos que a través de sus máximas autoridades se comprometieron con el gobierno hondureño a facilitar recursos para cubrir la brecha fiscal.
La noticia fue brindada en el marco de una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Banco Central de Honduras, la que sirve de oficina para la delegación residente del FMI en el país, contando con la presencia de María Antonieta Guillén de Bográn, ministra de la Presidencia y coordinadora del Gabinete Económico; la presidenta del BCH, María Elena Mondragón; el subsecretario de Finanzas, Carlos Borjas, y el jefe de la misión técnica del Fondo Monetario, Przemek Gajdeczka. Las negociaciones se concretaron del 7 al 10 de septiembre, pero ya había sido desarrollada la primera fase entre el 2 y 10 de agosto anterior.

El acuerdo será enviado por la misión técnica al directorio del FMI en los próximos 15 días, que lo hará circular por varios departamentos de ese organismo para conocer la opinión de los expertos en varias áreas de la economía, como un paso previo a su aprobación, la que está previsto que suceda en las primeras dos semanas de octubre próximo.

El programa. Además del acceso a financiamiento, el programa significa un fuerte espaldarazo a la política económica de la administración Lobo Sosa. Los acontecimientos políticos de junio de 2009 alejaron a Honduras de la cooperación internacional, la que gradualmente fue reanudada con la llegada del nuevo gobierno.

Mondragón, quien es la gobernadora propietaria de Honduras ante el FMI, destacó que el acuerdo contempla un marco en el cual se desarrollará el programa económico en un período de 18 meses y que vence en marzo de 2012.

"Es importante señalar que el acuerdo da la ruta a seguir, en materia económica, que permita al país recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas y volver a un camino de crecimiento económico y por tanto de generación de empleos", subrayó.

"Es muy importante haber logrado este arreglo, pero es más importante mantener la disciplina fiscal porque de eso depende que la estabilidad macroeconómica se recupere y se sostenga”, señaló.

Para el cumplimiento de este programa se requiere no sólo del compromiso del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas como gobernadores ante el FMI, sino que de todos los sectores para que el país vuelva a esa ruta de crecimiento y sostenibilidad fiscal". Mondragón aseguró que no habrá más ajustes fiscales ni devaluación del lempira.

La titular del BCH explicó que el acompañamiento financiero del Fondo Monetario permitirá el acceso presupuestario de parte del BM y del BID, lo que dará un respiro a las finanzas públicas. Por su parte, Guillén de Bográn destacó que este programa fue construido por los hondureños para los hondureños.

El jefe de la misión técnica del Fondo Monetario declaró que el acuerdo está enfocado en restablecer la estabilidad macroeconómica, fortalecer las finanzas públicas, restaurar la confianza de los inversionistas y propiciar la recuperación económica.

Compromisos. El cumplimiento del acuerdo conlleva una serie de compromisos contraídos por la administración Lobo Sosa. Przemek Gajdeczka subrayó que el programa estará anclado en el esfuerzo de las autoridades para retomar el control sobre las finanzas públicas, mantener una política monetaria prudente y llevar a cabo reformas estructurales que mejoren la eficiencia del sector público.

"En las finanzas públicas, el programa apunta a reducir los desequilibrios fiscales, mejorando así la composición del gasto público, para dar espacio a inversión prioritaria y el gasto para reducción de la pobreza”, dijo.

Para alcanzar estos objetivos, las autoridades están comprometidas a mejorar la administración y recaudación tributaria; controlar el gasto corriente, incluyendo la masa salarial; focalizar el gasto social hacia los más pobres y mejorar la posición financiera de las principales empresas públicas y fondos de pensiones.

El programa apunta a mantener la inflación bajo control, fortalecer la posición de las reservas internacionales y salvaguardar la competitividad.

El acuerdo también busca mejorar la supervisión bancaria y fortalecer los mecanismos de protección con el fin de hacer frente a riesgos crediticios.

“Estas acciones de política facilitarán el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica y coadyuvarán al crecimiento económico sostenido", explicó.