Según lo explicado, la política monetaria moderna es consciente de tener un banco central autónomo y, en ese sentido, acotó que el BCP, a lo largo del tiempo, ha demostrado que tiene la capacidad técnica para tomar esas decisiones eficazmente, y eso se demuestra en el manejo exitoso de la inflación; también con una moneda estable de más de 70 años de historia.
Asunción. Poner límites al presupuesto monetario, como plantean en el Congreso, va en contra de las prácticas recomendables en el manejo de la política monetaria y la autonomía de un banco central, señaló Alejandro Santos, representante residente de Paraguay para el Fondo Monetario Internacional (FMI). Santos espera que legisladores no atenten contra la independencia del BCP en su toma de decisiones, por ejemplo, en cuanto al control de la inflación.
Según lo explicado, la política monetaria moderna es consciente de tener un banco central autónomo y, en ese sentido, acotó que el BCP, a lo largo del tiempo, ha demostrado que tiene la capacidad técnica para tomar esas decisiones eficazmente, y eso se demuestra en el manejo exitoso de la inflación; también con una moneda estable de más de 70 años de historia.
El funcionario del FMI acotó que los bancos centrales modernos, que son exitosos en la conducción de la política monetaria y del control de inflación, son todos independientes; como ejemplo de éxito citó a Chile, Perú, Colombia y Paraguay.
A nivel local, el éxito de la conducción monetaria se ha demostrado con resultados confiables y creíbles, ya que la mayoría de las consultoras nacionales e internacionales toman como referencias los datos publicados por la banca matriz.
A criterio de Santos, el Congreso debería reconsiderar su posición sobre el límite impuesto en el presupuesto monetario, en base al promedio de los últimos 36 meses. Ese tope fue aprobado el lunes último por el Senado, que además pretende que el BCP, cada vez que necesite ampliar esa cifra, se lo solicite a los legisladores.
Si bien el Banco Central debe estar fiscalizado e informar al Congreso los resultados logrados (nivel de inflación y metas), debe ser independiente. “Se debe mantener esa institucionalidad y seguir fortaleciendo los esfuerzos para modernizar la conducción de la política monetaria, de ahí que poner un presupuesto muy restrictivo quizá no sea la mejor manera de llevar la política monetaria hacia adelante”, advirtió.
Entre los recursos de los que dispone el BCP para controlar la inflación, se encuentran los instrumentos de regulación monetaria (IRM), con los cuales regula el nivel de dinero circulante, ofreciendo estos papeles a los bancos a una tasa promedio del 5,5%. Entre enero y agosto de 2016, el costo de la política monetaria fue de US$ 66 millones, mayormente por el pago de esos intereses a los bancos.
Para Miguel Mora, economista jefe del Banco Central, la propuesta del Senado de limitar el presupuesto monetario y solicitar incremento vía Congreso es inviable. Mora detalló que hay escenarios de incertidumbre a nivel internacional –como la decisión de la Reserva Federal Norteamericana (FED) y la asunción de Donald Trump para el próximo año– y que requerirán mayor atención del Banco Central ante cualquier movimiento brusco en el tipo de cambio que, en consecuencia, pueda alterar el nivel de precios. Esperar una autorización vía Congreso, en caso de que nos quedemos sin presupuesto, retrasaría enormemente la capacidad de acción, acotó; lo que tendría un efecto en el control de la inflación, que a noviembre de 2016 acumuló una variación del 3,3%.
Durante el estudio del PGN para el año que viene, a solicitud del senador Miguel López Perito, se introdujo la semana pasada en la Ley de Presupuesto un artículo por el que se suspenden los efectos de la Ley 3974/10. Dicha normativa, en su artículo primero, dispone al Banco Central de la autonomía para realizar los gastos de política monetaria sin que esto sea incluido en el Presupuesto.
Para López Perito, dicha disposición (de la Ley 3974/10) es una violación a la Constitución Nacional, puesto que un organismo técnico utiliza recursos del Estado sin la revisión previa del Parlamento. La sugerencia es limitar dichos recursos según el promedio de los últimos 36 meses.
