La segunda parte de la investigación de los Papeles de Panamá que se conocerá el 9 de mayo será determinante para saber quiénes son los colombianos evasores de años anteriores, información que el gobierno panameño sólo entregará por requerimiento del de Juan Manuel Santos.
Bogotá. Desde el 7 de octubre de 2014, cuando Colombia decidió incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales, y luego de que los dos gobiernos decidieran sentarse a negociar para llegar a acuerdos bilaterales, no se había presentado un momento tan propicio para que el gobierno colombiano presionara la firma del acuerdo de intercambio de información tributaria y financiera con el panameño. Sin duda, gracias a la investigación periodística conocida como los Papeles de Panamá, en la que hace quince días se conocieron millones de documentos de empresas y personas que han utilizado a ese país como paraíso fiscal para evadir los impuestos de sus países de origen.
El acuerdo, han dicho los dos gobiernos, consiste en que Panamá entregará información a Colombia a partir de junio (cuando se firme el pacto) por requerimiento del gobierno colombiano y sólo desde 2018 de manera automática.
Y aunque no se conoce la letra menuda del documento, pues aún falta que pase por el parlamento de los dos países, y la Corte Constitucional en el caso de Colombia, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ya le había dicho a El Espectador, semanas antes de la reunión del jueves, que faltaba poco, pero que la traba estaba en el tiempo a partir del cual el gobierno panameño entregaría información al colombiano. El primero proponía que a partir de 2017, y el segundo, datos de años anteriores.
Eso quedó zanjado en la reunión del pasado jueves y, al parecer, por eso se logró el acuerdo. La conclusión es que ambos países hicieron concesiones. Según Cárdenas, “cedimos en que no habrá información para años gravables anteriores al que se está declarando en este momento. A partir de 2018 recibiremos información automáticamente… Se podrá pedir información relevante para las declaraciones que se están presentando en este momento. Es decir, si lo que la gente declara ahora (2016) no corresponde a la realidad, tendremos cómo detectarlo”.
Palabras más, palabras menos, como dice el ministro de Hacienda, “lo importante es que ahora los contribuyentes nos declaren lo que tienen en Panamá. El objetivo número uno de la negociación se logró”.
Pero, ¿cómo detectará el gobierno colombiano a esas empresas que han evadido impuestos en años anteriores? La respuesta la da Cárdenas: la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN) preguntará sobre personas y sociedades de las que tenga indicios. Aunque tendrá una herramienta más efectiva, dice Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá: los documentos de los Papeles de Panamá.
Sin duda, Colombia ganó en esta ardua tarea, que incluso llevó a distanciar a los dos países diplomáticamente. Así lo reconocen tanto Bonilla como Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN. “Lo que se ha anunciado es muy positivo y meritorio para ambas partes. Por la voluntad de Panamá de salir de este entuerto tan desafortunado de las filtraciones que evidenciaron prácticas muy corruptas, una voluntad valerosa del presidente Juan Carlos Varela de transformar ese sector y de lograr un acuerdo con Colombia, que era uno de los temas que por años allá era considerado una imposibilidad”, resalta Ortega.
Y es un buen acuerdo, justamente porque lo que hay en Panamá no es de poca monta. Según cifras del exdirector de la DIAN, quienes estarían escondiendo dineros en ese país podrían ser más de 10.000 personas. “Son entre 18.000 y 20.000 millones de dólares. Esa es la información que teníamos de diferentes fuentes de lo que hay en Panamá. Obviamente, hay más en otras partes”.
En teoría, es dinero bien habido y la tarea titánica que se viene para la DIAN, luego de que quede en firme el acuerdo, es determinar cuáles de esos recursos se escondieron para evadir la tributación en Colombia.
Respecto a cuánto podría recaudar el país en impuestos, es incierto, dice Ortega. “Es difícil saber porque mucha de esa plata es plata que evadió renta a través de transacciones falsas, por ejemplo, contratos de diseños de ingeniería a una firma en Panamá que era de papel, pues estaban evadiendo el 33 % del impuesto de ese monto que mandaban para allá. Entonces usted podría imaginarse que el 33 % de eso es plata que debió haberse tributado en Colombia, y esa es una cifra considerable. Estamos hablando de US$5.000 millones, pero como el tema de la amnistía deberá pagar el 11 %. Si se lograra todo, estamos hablando de US$2.000 millones mal contados, que en pesos serían más de $5 billones a la tasa de cambio de hoy. Es una cifra interesante”.
Más allá de los números, Colombia también gana dientes para perfeccionar la reglamentación con la que evita que el sistema financiero entre en crisis sin percatarse. “La crisis mundial de 2008 en parte se dio por todos esos capitales moviéndose por el mundo. Tantos enredos que han salido de bancos que captaban depósitos ilegalmente. Y segundo, todos esos escándalos de los Papeles de Panamá están revelando que en países como ese se siguen escondiendo dineros que no pagan impuestos en sus países de origen. Por algo, Francia declaró a ese país como paraíso fiscal”, dijo otro exfuncionario del Gobierno que prefirió no revelar su nombre.
Así las cosas, aunque Colombia no sabrá fácilmente qué pasó con los dineros de muchas empresas que se escondieron en Panamá en años anteriores, el ministro Cárdenas volvió a advertir a los colombianos que se sigue evitando el tema: “Este es el momento para acogerse a la normalización pagando 11,5 %. El que lo haga ya puede dormir tranquilo”, de lo contrario, si lo descubren tendrá una penalidad del 200 %”.
