El presupuesto de la Nación para el ejercicio fiscal de 2015 estableció un monto de 741 mil 708 millones de bolívares.

El 2015 fue un período de bajos ingresos en divisas producto de la caída del precio del petróleo, pero fue también un año en el que el gasto público fue el más elevado al punto de cerrar con cifras récord. Pero a pesar de su crecimiento nominal, en términos reales refleja una caída significativa debido a los altos niveles de inflación.

El presupuesto de la Nación para el ejercicio fiscal de 2015 estableció un monto de 741 mil 708 millones de bolívares. No obstante, en el transcurso del año la Asamblea Nacional aprobó créditos adicionales por el orden de Bs. 1 billón 419 mil 871 millones. Esto significa que para el cierre del período el Gobierno habría ejecutado un presupuesto de más de Bs. 2 billones 161 mil 579 millones.

De acuerdo a cálculos de ODH Grupo Consultor el aumento del gasto en términos nominales se coloca en 87% mientras que en términos reales cae 33%. “Resulta curioso que en 2015 el Ejecutivo establezca una marca histórica con el mayor incremento del gasto público en términos nominales y al mismo tiempo se observe su mayor caída en términos reales. Esto no sólo revela los graves problemas de inflación que atraviesa la economía venezolana, sino también la alta ineficiencia del gasto al crecer notablemente nominalmente, pero al mismo tiempo con poco impacto real al contraerse fuertemente”, indicó en un informe enviado a clientes.

Los recursos extraordinarios en bolívares estuvieron financiados en gran medida por los ingresos no petroleros y específicamente los generados por la recaudación tributaria en el mercado interno. Además de recursos aportados por la Tesorería Nacional y dividendos de algunas empresas del Estado.

Según ODH se observa que el peso de los créditos adicionales sobre el gasto público ha venido aumentando casi continuamente en relación al presupuesto en los últimos años. En 2015 rompe también récord al alcanzar 65% del total del gasto. Durante el año 2014 esta relación fue de 52%, en 2013 de 45% y en 2012 los recursos extras representaron el 41% del presupuesto.

“En lo que va de año el Gobierno Central ha exacerbado la indisciplina fiscal a través de la elaboración de un presupuesto anual sub-estimado, en conjunto con la emisión de créditos adicionales. Esto ha ocasionado un manejo irresponsable del gasto por parte de la administración pública al comprobarse que no existe una debida planificación del presupuesto”, afirmó.

Mayor proporción

Otro dato sobre el impacto del crecimiento nominal del gasto conjuntamente con los créditos adicionales, es su participación dentro de la liquidez monetaria y a su vez en la inflación.

ODH resalta que en 2015 los recursos extraordinarios que se aprobaron en la AN también establecieron un nuevo récord sobre el peso que tuvieron sobre el crecimiento de la liquidez.

“Los créditos adicionales entre enero y noviembre de 2015 se ubicaron en Bs. 1 billón 394 mil millones, mientras que la liquidez creció -en el mismo período- Bs. 1 billón 600 mil millones. En este sentido, el peso de los créditos adicionales en relación al crecimiento de la liquidez monetaria en 2015 sería de al menos 75,1% y sería un nuevo tope histórico para este indicador”.

La mayor cuota

De acuerdo a las solicitudes de créditos adicionales durante el año, cinco ministerios se han llevado el 62% del total.

El Ministerio del Trabajo destaca como primero con una asignación de 19,4% de los recursos vía créditos adicionales, seguido por 13,9% para el Ministerio de Educación; 9,9% para el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; 9,6% para el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y; 9,3% para el Ministerio de Defensa.

De acuerdo a un informe de resultados publicado por la AN, el 87,6% de los recursos extras ha sido destinado para la inversión social, mientras que el 12,3% financió la operatividad de los distintos poderes de la administración pública y de la gobernación del Distrito Capital.

Estos porcentajes a su vez se distribuyen en otras áreas tales como el pago de sueldos y salarios de los trabajadores públicos, los cuales registran una participación de 70% del total seguido del financiamiento para infraestructura y vivienda que se lleva el 17%, así como un 7% de los recursos dirigidos a las gobernaciones y alcaldías.